LA COLUMNA
De Los Reporteros
La Fiscalía General del Estado no tiene un solo dato estadístico sobre la inseguridad en los seis municipios donde intervino a sus policías municipales y de tránsito. Javier Corral, César Jáuregui Robles y César Peniche estamparon su firma en esa orden de notifíquese y acátese pero sin explicar razones más allá de la “ley nos faculta”.
Pudiéramos decir que resulta sorprendente esa decisión bajo esas características carentes de formalidad en su justificación obligada. No asombra porque a su cortísima edad de cinco meses la administración estatal ha recetado varios ejemplos muy similares; decisiones alejadas de la lógica, del sentido común político; peor aún, de la legalidad.
El gobernador del estado, el secretario general de Gobierno y el fiscal general del estado firmaron el acuerdo número 80/2017 que cobró vigencia apenas fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 18 de febrero pasado.
Ese mismo día, el director de la División de Investigación de la Policía Estatal Única, Félix Adame Sotelo, ordenó a sus policías concentrarse en la ciudad de Chihuahua para “apoyar al operativo sierreño de investigación por un período de tres meses”. Muchos de ellos se rebelaron sin mayor consecuencia. No importaron investigaciones pendientes ni dejar otros flancos descubiertos en ciudades del tamaño de Juárez o Chihuahua.
La intervención estatal se dio el 19 de febrero en los municipios de Madera, Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Son los que contempla el acuerdo.
“Con el objeto de restaurar el orden y la paz públicos, se asume por el suscrito Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, de manera inmediata y temporal, el mando de la policía municipal, vialidad y tránsito de los municipios... Como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público señaladas en la parte considerativa; por lo que a partir de la entrada en vigor del presente instrumento las órdenes en materia de seguridad pública provendrán únicamente del mando estatal. Resultado aplicable esta medida, sin excepción, a todas las instituciones, unidades y agrupamientos municipales de seguridad pública que se prevean en los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos”.
Es un decretazo contundente y absolutista. El punto dos del acuerdo advierte que los policías municipales o cualquier servidor público relacionado con ese tema que se abstenga de cumplir la disposición prevista será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
“La presente medida incluye no sólo la transmisión de órdenes y el correlativo deber de acatarlas, sino a toda la infraestructura operativa que ello conlleva”. Es la ocupación total por parte de la policía del nuevo amanecer en esos municipios.
La motivación por ninguna parte
Los abogados que revisaron el acuerdo y asesoraron a esta columna conceden que la autoridad estatal se esmeró en fundamentar técnicamente la decisión pero de facto ofrece elementos menos que insuficientes para meterse en la vida de los ayuntamientos y las localidades de los municipios intervenidos. “Sólo en tiempos de la revolución vimos algo así”, aseguran.
El acuerdo apela a varios artículos de la Constitución Política de la República y del Estado en materia de seguridad pública; por supuesto incluye el famoso 115; también cita la Ley del Sistema de Seguridad Pública y hasta algún pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos otorgando al gobernador atribuciones máximas sobre la seguridad pública de los municipios.
Pero no explica las razones cuantitativas; no cita las necesarias radiografías detalladas sobre la inseguridad en esos lugares para colocar a la policía estatal por encima aun de la máxima autoridad de los mismos, los ayuntamientos. No se permitieron los firmantes el esfuerzo de recabar los datos respectivos e incluirlos en el acuerdo.
Menciona el documento exclusivamente la desaparición de seis elementos de la Policía Municipal de Madera secuestrados en noviembre del año pasado (dos de ellos asesinados luego en el municipio de Bocoyna). Es todo.
Concluye que la delincuencia organizada representa una grave amenaza a las instituciones de seguridad pública y hacia las personas que habitan en esas regiones. “El fenómeno delictivo tiende a regionalizarse no sólo en el municipio de Madera”, advierte, pero ni una palabra, ni una sola siquiera, de Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes ni Temósachi.
No ofrece el documento información porque la Fiscalía carece de ella. Es difícil decirlo de otra manera pero esto significa que el gobernador, el secretario de Gobierno, el fiscal y sus asesores actuaron a ojo de buen cubero, o de buen cantinero. Ninguna de las fuentes consultadas pudo ofrecer datos sobre los índices delictivos registrados en esos municipios.
Más absurdo que la decisión tomada de esa manera sería negar la existencia de inseguridad en esos municipios pero sí refleja que Palacio de Gobierno está actuando con bastante ligereza y poca seriedad en ese operativo denominado por ellos “sierreño”.
¿Porqué no fueron contemplados otros municipios de la región serrana de los que más frecuentemente generan noticias de violencia tremenda como Morelos, Guazapares, Guachochi, Guadalupe y Calvo y hasta Balleza?.
La respuesta deben tenerla los signantes del acuerdo y sus asesores, necesariamente entre ellos el flamante consejero jurídico, Maclovio Murillo.
Es altamente posible que esos territories hayan sido seleccionados por meras razones político partidarias y como proyecto piloto de una estrategia que abarca, esa sí, a todos los municipios de la sierra.
De los seis municipios contemplados en este primer acuerdo solo Gómez Farías tiene administración priista, los cinco restantes son filiales del PAN igual que la administración estatal, pero aun los panistas como Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes ya decidieron rechazar categóricamente la medida. Sus cabildos ya le exigieron a Javier Corral que devuelva a los policías municipales y retire de las instalaciones municipales a la policía única.
Desinterés por coordinación con municipios
La violencia está de regreso en las principales ciudades del estado, esencialmente en la ciudad de Chihuahua y esta frontera. Los delitos patrimoniales y los asesinatos siguen a la alza, rozando cifras a las registradas cuando fueron colocadas como las más violentas del mundo.
A partir de octubre pasado que tomó Javier Corral las riendas del gobierno estatal han sido ejecutadas más de 600 personas en el estado; de ellas las cifras alcanzan 200 en la ciudad de Chihuahua y más de 300 en Juárez.
Si había que iniciar un operativo debió ser en las localidades más violentas, entre ellas las principales ciudades. Esa sola realidad obligaba a la autoridad estatal a enfrentar la problemática de manera integral para todo el estado y no de la manera más fácil con sello de ocurrencia.
Duele decirlo pero en el fondo lo que exhibe el gobierno estatal es falta de fuerza moral, autoridad política, creatividad y carácter para confeccionar las políticas públicas de seguridad requeridas hacia la recuperación del orden en el estado. Se observa flojera, cansancio, enfado; revanchismo y más revanchismo. No hay voluntad, se diría en la clásica frase.
El régimen de Javier Corral tiene abiertos tantos frentes políticos que le resulta imposible sentarse a tomar acuerdos en esta materia con las autoridades municipales. Prueba de ello es que hasta las emanadas del propio blanquiazul quedaron sometidas al acuerdo 80/2017. Recalcamos: Por sometimiento no por disuasión mediante el diálogo.
En Juárez no ha sido reconocida todavía la autoridad de los dos jefes de la Policía Municipal nombrados por Armando Cabada. Bajo ese argumento rechaza el estado cualquier coordinación; en la ciudad de Chihuahua la pelea es permanente contra la administración de la alcaldesa Maru Campos aun siendo también panista.
No ha quedado integrado el Consejo Estatal de Seguridad Púbica bajo el manido recurso de que todo huele a duartismo y componendas pero con un operador en la Fiscalía señalado por su inhabilitación legal para ejercer el cargo. Contrasentido e incongruencia.
El gobernador sufre horrores para dialogar con quienes no comparten sus opiniones, sus visiones, sus convicciones y sus formas de hacer las cosas. Los repele, los aleja y se aleja de ellos como de bichos infecciosos sin privilegiar el interés común ni mucho menos respetar ámbitos de autoridad, en este caso la autoridad de los municipios.
Estaría obligado Corral a no olvidar las palabras de su padre ideológico Gómez Morín: “El poder no es un título, sino que hay que estar mereciéndolo o ganándolo de momento a momento”.
Eso y mucho más del fundador azul repitió de memoria en centenares de tribunas legislativas y encendidos mítines de campaña el gobernador. Fue su referente predilecto; a veces Castillo Peraza, a veces Christlieb Ibarrola, pero siempre don Manuel. Ha sido olvidado en la práctica.