Toma forma la “fuerza de deportaciones”

Editorial/The New York Times

Nueva York— John Kelly, el secretario de Seguridad Interna, emitió un par de memorandos increíbles el martes. Son el plan de batalla para “la fuerza de deportaciones” que prometió el presidente Donald Trump en su campaña electoral.

Son increíbles por la forma en la que ponen totalmente de cabeza y al revés las delicadas políticas de inmigración. Por la forma en la que se busca hacer que la maquinaria de la deportación sea más extrema y atemorizante (y cara), en detrimento de los valores profundamente estadounidenses que se tienen.

Una retrospectiva rápida: El gobierno de Obama reconoció que millones de inmigrantes no autorizados, en especial quienes tienen hijos y fuertes vínculos con sus comunidades y Estados Unidos, merecían una oportunidad de quedarse y arreglar sus cosas con la ley. Trató de concentrarse en deportar a los criminales peligrosos, quienes representaban una amenaza para la seguridad nacional y quienes habían cruzado la frontera recientemente.

Kelly ha arrasado con esas nociones. Prácticamente, hace de cada persona deportable una prioridad en la deportación.

Quiere que todos, empezando con aquéllos a los que se condenó por algún crimen, sin importar cuán insignificante o antiguo sea. La proporcionalidad, la discrecionalidad, la idea de que algunas condenas son injustas, que son los principios detrás de la reforma a la justicia penal: No se aplican ninguno de esos conceptos.

Ahora, los señalados ni siquiera tienen que ser criminales. Simplemente, los pudieron haber acusado de un delito (es decir, cuando todavía se presume su “inocencia”) o pudieron haber hecho algo que hace que un agente de inmigración crea que podría ser posible que les levantaran cargos.

Kelly incluyó una disposición muy general, por la cual se permite que los agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o los de la Patrulla Fronteriza o los policías locales o los subalternos de los alguaciles detengan a cualquiera que ellos crean que pudiera ser “un riesgo para la seguridad pública o para la seguridad nacional”. Esa es una receta para el maltrato policial y los perfiles raciales, una posibilidad que Kelly expandirá vastamente, si el Congreso le da las enormes cantidades que se requieren para contratar a 10 mil 000 agentes del ICE y 5 mil de la Patrulla Fronteriza.

Quiere “aumentar” su verbo con la contratación de jueces de inmigración y funcionarios de asilos. Quiere agregar centros de procesamiento y de detención, que, de seguro, tendrá salivando al sector de las prisiones privadas por las ganancias que se avecinan.

Quiere redoblar los programas con el nombramiento como agentes representantes de inmigración a las fuerza estatales y locales del orden. Los llama “multiplicadores de las fuerzas, altamente exitosos”, lo cual es cierto, si lo que se quiere es tener redes policiales de captura. No es verdad si lo que se quiere es combatir al crimen con efectividad y mantener seguras a las comunidades. Cuando cada encuentro con las fuerzas del orden puede ser un preludio de la deportación, los inmigrantes no autorizados le temerán y evitarán a la policía. Y cuando los policías estatales y locales, sin capacitación en la ley de inmigración, de pronto pueden decidir quién se queda y quién se va, es profundo el riesgo de una injusticia.

Lo mismo es el riesgo del debido proceso. El procedimiento actual permite una deportación rápida, sin una audiencia, de los inmigrantes a los que se atrapa cerca de la frontera y que entraron hace muy poco. Sin embargo, Kelly nota que la ley le permite aplicar la vía rápida para remover a los inmigrantes que se atrapen en cualquier parte del país y que no puedan demostrar que han estado aquí “de continuo” por al menos dos años. Mantiene abiertas sus opciones en cuanto a saltarse el debido proceso con una política de muéstrame tus documentos, de costa a costa.

Planea publicar los datos sobre los crímenes que han cometido los inmigrantes no autorizados e identificar las jurisdicciones estatales y locales que dejan en libertad a los inmigrantes. ¿Por qué? Para promover la idea falsa, como, vergonzosamente, lo ha hecho Trump, de que los inmigrantes presentan riesgos particulares para la seguridad, así como para castigar a las así llamadas ciudades santuario que, por razones de orden público y decencia, están tratando de desconectarse del ICE.

Así es cómo, ahora, las vociferaciones de Trump sobre los “bad hombres”, y los extranjeros terroristas y violadores se han convertido en armas, en un lenguaje burocrático frío.

Antes de su confirmación, Kelly prometió ser un encargado razonable del cumplimiento de las políticas defendibles. Sin embargo, los inmigrantes tienen razón en estar asustados porque él se alineó repentinamente con el nativismo de Trump.

Lo mismo le pasa a cada estadounidense que cree que el país está, o debería estar, comprometido con la aplicación sensible y equilibrada de las leyes, con el buen recibimiento de los inmigrante y con el respeto por los hechos.