Javier Cuéllar Moreno
2017-02-21La intervención del Ejército Mexicano en tareas preventivas de seguridad pública ha traído una serie de temores a la ciudadanía en virtud de que persiste la memoria de los abusos cometidos por algunos elementos de las fuerzas castrenses en nuestra ciudad cuando una ola de violencia nos afectó al grado de elevar los índices de homicidios.
Por ahora la espiral de asesinatos no ha remontado las terribles cifras del período calderonista con la guerra declarada contra casi todos los narcos pero lo cierto es que en los tres últimos meses los crímenes mortales se ha incrementado de poco menos de uno diario a la cifra de tres eventos cada día.
La gente se encuentra ciertamente paniqueada pero lo más grave es que las autoridades responsables de abatir esta ola de violencia delictiva no tienen definida una estrategia operativa para enfrentar la escalada y esa ausencia de planes se ha permeado a nuestra sociedad que espera ver alguna acción de los mandos policiacos del estado para atender la emergencia.
Las autoridades estatales han emprendido una serie de acciones consistentes en movilizaciones masivas de efectivos de la Policía Ministerial a la región serrana, esperando tal vez que el tumulto policiaco amedrente a las bandas de facinerosos que están operando en la sierra de Chihuahua, movilizaciones que no inspiran confianza en cuanto a los resultados que pudieran obtenerse en la región montañosa del estado.
Sin embargo, en el trasfondo de estas movilizaciones masivas sin concierto, se aprecia un gran desbarajuste. A la par de ellas se han dejado desprotegidas amplias zonas urbanas de la fronteriza Ciudad Juárez y de la capital del estado.
En ese entendido y presas de una cierta desesperación y desconcierto las autoridades han dispuesto la intervención del Ejército Mexicano en los rondines preventivos que realizan las policías municipales, las gendarmerías federales y los restos de las policías estatales que quedaron en estas ciudades.
A estos sentimientos de inseguridad se adjuntan el recuerdo de épocas pasadas cuando el Ejército Mexicano participó en labores de patrullaje preventivo y se desató una serie de atracos y abusos que afectaron más a la población que los problemas que pudieron haber resuelto. Salió peor el remedio que la enfermedad.
Estos temores parecen actualizarse porque la naturaleza de las fuerzas militares que actuaron en esa época no es diferente a las que ahora están operando en nuestra ciudad y lo cierto es que todos teman que los abusos vuelvan a repetirse.
La actuación del Ejército es discrecional. Las leyes que regulan esta operación no se han promulgado todavía por el Congreso de la Unión, de tal manera que todo quedará a la voluntad de los mandos militares con idéntica similitud a lo que pasó en la época negra del calderonismo. El saldo puede ser trágico para la población en general que, además de los ataques del crimen organizado y del desorganizado, tendrá que soportar la dura bota del Ejército.
Lo preferible sería que la labor preventiva sea realizada por las gendarmerías civiles con que cuentan el estado y el municipio prescindiendo de los efectivos del Ejército que deben reservarse para un caso extremo de alteración grave del orden público o de una intervención extranjera.
El instituto armado no tiene la experiencia ni el entrenamiento necesario para navegar cuestiones delictivas del orden común y lo único que puede esperarse de él es un abuso exagerado de la fuerza. Si así tenemos que sufrir abusos de brutalidad policiaca como el asesinato de un ciudadano a manos de una decena de policías, con los soldados las cosas podrían ser mucho peor. Esperaremos con paciencia a que regresen los ministeriales. Es preferible que exponernos a la furia desatada de los milites.