Opinion

Azuleando

Luis Javier Valero Flores

2017-02-18

Un fenómeno pareciera predominar en la nueva administración estatal, a pesar de la conformación y del origen de su triunfo electoral. La de que cada vez adquiere características de un nítido gobierno emanado del PAN, y no precisamente por las mejores de las administraciones emanadas de este partido.

A ese proceso ha venido a contribuir decisivamente Jaime García Chávez –¡quién se lo hubiera imaginado 13 o 14 meses atrás!– al hacer el más claro deslinde que protagonista alguno en Chihuahua haya hecho del gobierno encabezado por Javier Corral.

No es cualquier cosa, ni es un argumento baladí el esgrimido por el abogado, uno de los emblemáticos dirigentes de la izquierda socialista o comunista de Chihuahua, además de destacado activista social de los últimos años.

A la percepción de que estamos en un muy establecido proceso de “azulificación” ha contribuido como nadie la determinación de designar al contador Armando Valenzuela como auditor superior del Estado (ASE); en él se han cometido los mismos vicios y defectos de las anteriores administraciones priistas: Designar en ese puesto a alguien de las confianzas del nuevo grupo gobernante, sólo que ahora con agravantes, las aportadas por el auditor y las expresadas durante muchos años por el ahora gobernante chihuahuense. No tienen asidero en lo que ocurre en el “Estado Grande”.

Coincidentemente, a la par de lo realizado en las últimas semanas, se han destinado crecientes recursos para modificar la imagen del gobierno estatal.

Por todos los medios se pretende imbuir en el ánimo de la gente que el color azul es mejor que el verde y el rojo usados por los gobiernos de Patricio Martínez, Reyes Baeza y César Duarte.

Así, semanas atrás los portales digitales del Gobierno de Chihuahua se colorearon de azul, luego se lanzaron las nuevas placas vehiculares, traen logos azules; recientemente se pintaron las casetas y los sanitarios de las carreteras estatales y federales concesionadas, de azul; las letras del letrero del nombre de Chihuahua en la Plaza del Angel en Chihuahua han sido repintadas, de azul; parques y plazas, así como edificios públicos en la capital exhiben una nueva imagen, azul; y se habla de que los planteles del Colegio de Bachilleres también serán repintados, de azul.

¿Son coincidencias? Claramente, no.

Puede catalogarse de una pretensión
chambona, pero evidentemente tiene un muy claro propósito, ya expresado por el gobernador Corral en varias ocasiones: Ganar las elecciones, ¿quién? Pues, evidentemente el PAN.

Pero el deslinde público efectuado por García Chávez es de una gravedad extrema para el gobierno del amanecer; los argumentos usados por el luengo activista se inscriben en lo que es un muy extendido reclamo a Corral, el de llevar a proceso judicial al exgobernador César Duarte y sus colaboradores.

Cada vez con mayor frecuencia, hasta en las redes sociales del gobernante, incluidas las transmisiones en vivo por Facebook, un cada vez más numeroso grupo de chihuahuenses le reclaman haberse olvidado de cumplir su promesa central de la campaña: “Llevar a la cárcel al vulgar ladrón”.

García Chávez solicitó un amparo ante un juzgado de corte administrativo para exigirle a la PGR se pronuncie sobre la denuncia penal presentada en contra de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga el 23 de septiembre de 2014.

Como lo ha sostenido a lo largo de 2 años y medio, declara que existen los “elementos con pruebas suficientes y consistentes para que esta instancia lo consigne, se les aprehenda y respondan por sus crímenes ante los tribunales y la sociedad”.

Le apuesta a la sociedad y sostiene que “Unión Ciudadana es, ha sido y será la pieza clave para que el pueblo abone en su favor el éxito que sus esfuerzos merecen”.

En nombre de esa agrupación, creada por su iniciativa, lanza uno de los más serios extrañamientos al gobierno de Corral: “Unión Ciudadana deplora que el poder público de Chihuahua prácticamente haya abandonado este expediente”.

Le recuerda que el ahora gobernador dijo, el 28 de noviembre de 2014, que la denuncia era “robusta”, apoyada en un “arsenal de pruebas”.

Por eso se duele que Corral no haya hecho “un pronunciamiento puntual de exigencia a la PGR para que se proceda...” y le lanza uno de los más serios señalamientos, “Vemos el abandono de un compromiso público que los ciudadanos no olvidan”.

No lo hace sin pruebas, informa que tres semanas atrás solicitó una entrevista con el gobernador Corral por las vías formales (y también por las vías más “informales”, esto es, al secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, y al jefe del gabinete, Gustavo Madero) sin obtener respuesta.

El objeto de la entrevista, comenta Jaime, era el de conversar sobre la denuncia. “No hemos recibido una respuesta”, dice, y eso es “una ingratitud” y anuncia la realización, en lo inmediato, de acciones jurídicas y sociales para que el programa de Unión Ciudadana fructifique. “Detrás de este amparo -sostiene- la víctima es el pueblo de Chihuahua; quien lo firma, Jaime García Chávez, acredita el interés jurídico para obtener un fallo protector, no en su beneficio sino en beneficio de todos”.

De este modo, el autor de uno de los factores -la denuncia penal por enriquecimiento ilícito, que obligó a Duarte a emitir su frase emblemática “A lo macho que no me fijé” (que firmó un contrato por 65 millones de pesos)- que más contribuyeron a esclarecerle a los chihuahuenses las dimensiones del desgobierno de Duarte, primero, y luego a la derrota del duartismo, después, y a la que se sumó el entonces senador Javier Corral -que por este acto elevó estratosféricamente sus preferencias electorales- se ha deslindado del gobernante.

Lo hace en el mismo sentido que una buena parte de los electores no identificados con el PAN lo ha hecho (seguramente en una parte de sus simpatizantes y militantes, también), desilusionados con el gobernador Corral, lo que provocará un crecimiento del rechazo al nuevo gobierno, ahora reforzado, antes sus ojos, por la confirmación que les hace el pronunciamiento realizado por Jaime García Chávez.

Sorprende que haya ocurrido tal separación, acaso precedida de otros hechos, como el denunciado por el activista acerca de la repentina aparición del abogado Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, integrante del despacho jurídico de Diego Fernández de Cevallos, como el encargado de litigar la denuncia penal, sin que existiese ese nombramiento por parte de García Chávez.

“Les expresé mi rechazo y mi indignación pues la decisión de ese nombramiento procedía del gobernador, sin consultarme”, dijo el activista en una entrevista radiofónica (Aserto Radio, GRD Multimedia, 17/II/17).

Y si el deslinde de García Chávez tiene una importancia mayor, la designación de Armando Valenzuela no lo es menos, claro que algún lector podrá argüir que se trata de un nombramiento provisional, pero resulta que el auditor ya expresó que buscará la titularidad.

Valenzuela tiene clarísimos antecedentes en el PAN. Fue el contador de la campaña de Javier Corral en 2004, secretario de la Contraloría en el gobierno de Francisco Barrio (y, por tanto, ampliamente conocido por el gobernador Corral), compañero de generación de Guillermo Luján -director de Administración de la Secretaría de Hacienda- y que, además, y aquí sí es válido asentarlo, confesó (así, con esa connotación) que fue invitado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a desempeñarse como auditor superior del Estado.

¡Increíble, pero de veras increíble! ¿Cómo puede ser posible que el funcionario al que técnicamente más se le va a investigar si el ejercicio del gasto público estuvo apegado o no a Derecho, es decir, el más “auditable”, sea quien haya hecho la invitación para que ocupe el lugar de auditor?

¿No fue suficiente el episodio de la “casa blanca” de Peña Nieto? Quien invitó a Virgilio Andrade para que lo investigara y dijera si había cometido algún acto de corrupción. Es decir, te nombro para que me digas si yo, que soy tu jefe y que en este acto te extiendo el nombramiento, he cometido algún acto de corrupción.

Lo hicieron igualito.

Una semana atrás sosteníamos que esta sería una de las pruebas mayores del actual grupo gobernante, nunca pensamos que en el curso de estos días brotaran tantos y tan variados asuntos tan propicios para el desencanto y la desilusión ciudadana.

Mientras, otros agrupamientos sociales continúan con su activismo y someterán, nuevamente, al gobierno de Corral a nuevos pronunciamientos, pero de los que duelen, los que se originan en las acciones de gobierno, en uno u otro sentido.

Por otro lado, la nueva oleada homicida, la guerra de las bandas del crimen organizado se ha enseñoreado en la entidad, a tal grado, que si se proyectara a un año, la tasa de homicidios, a partir del 1 de octubre de 2016, ronda los 50 por cada 100 mil habitantes, lo que nos regresaría, nuevamente, a los primeros lugares nacionales.

Si lo comparáramos con otras naciones, superaríamos a los países de Centroamérica, con la excepción de Honduras y nos equipararíamos con Venezuela, así de grave se ha vuelto la nueva guerra de los cárteles.

¿Y...?.

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