LA COLUMNA
De Los Reporteros
La figura de Julio César Jiménez Castro recuerda a la de aquellos Pablo Zapata Zubiaga y Javier Ramírez Benítez. No han sido buenos ni como tapetes del gobernador en turno.
Zapata Zubiaga fue convertido en presidente del Tribunal de Justicia (TJE) por Patricio Martínez; Ramírez, por César Duarte.
Conocieron la dignidad como un vocablo de diccionario acaso para ornato en el texto de algún informe oficial, no como un concepto humano merecedor de defensa genuina más allá de la teoría. La justicia, si acaso en libros, no en la realidad, no en la aplicación.
Redujeron sus respetables envolturas de togados a simples trapos oscuros objeto de murmullo, crítica, constante señalamiento y hasta burla (no los han escogido ni a su medida). Las hemerotecas guardan sus historiales de vergüenza y reprobación.
Así ha desarrollado su papel el magistrado Jiménez Castro, actual titular del Poder Judicial. No se le puede llamar ni siquiera jefe. Se le dice Presidente nomás porque así aparece en el organigrama de la vital institución chihuahuense pero no por el respeto al título. Hasta ahí le alcanza.
A guisa de prueba es que don Julio César siempre se refiere a que “me dijeron” o “me dicen” cuando trata de explicar una decisión o brindar una opinión en relación a cualquier asunto hasta menor que sea.
Los jefes reales del Poder Judicial del estado son el administrador del mismo, Francisco Molina Ruiz; la secretaria general Norma Angélica Godínez Chávez (con sueldos de 95 mil 500 pesos mensuales cada uno según la página de transparencia del TSJ); el asesor jurídico del nuevo amanecer y pariente del magistrado presidente, Marcos Molina Castro; y por supuesto, el señor gobernador, Javier Corral Jurado.
El escaso talante de Jiménez Castro ha propiciado un caos sin antecedente en el órgano judicial.
Carece de calidad en las órdenes y contraórdenes que aplica como mensajero de los verdaderos jefes. Confunde, obstaculiza y frena.
Es menos que títere para sus manejadores –no les ayuda–, blanco fácil para sus detractores y angustia permanente para quienes quedan en medio sin tomar partido pero sin poder avanzar un centímetro porque el presidente debe consultar puntos y comas con los encargados de las decisiones.
Sin duda debemos sumar entre los manejadores al ahora flamante consejero jurídico estatal, Maclovio Murillo, exdefensor del independiente alcalde, Armando Cabada.
Sin duda fue una mala decisión cuando el nuevo amanecer quiso conseguir en su favor la “gobernabilidad” en el Tribunal de Justicia designando a Jiménez para desplazar al duartismo representado por más de una decena de magistrados (de 27) designados al gusto del régimen anterior.
Resultaba lógico esperar que los recién llegados al poder estatal buscaran reestructurar al mangoneado Poder Judicial; el duartismo colocó al frente a Gabriel Sepúlveda Reyes, amigo, compadre, familiar y operador de influyentes exintegrantes de la cúpula del poder estatal.
A nadie causaba sorpresa que el gobernador arriscara la nariz cada vez que la necesidad protocolaria de los eventos oficiales lo encontraban con Sepúlveda. Seguro veía en su rostro la cara de su odiado enemigo en campaña electoral, César Duarte Jáquez. Era mucho pedir al estómago y a las migrañas esperar cinco años o los que fueran para hacer el cambio.
Lo hizo Javier con la sangre fría del político pragmático, emocional y vengativo. Gabriel Sepúlveda, por su parte, cayó como su antecesor José Miguel Salcido, al que Duarte hizo sacar de la presidencia del TSJ con la policía. Todo mal tiene su castigo.
El once de noviembre asumió Julio César Jiménez la presidencia del TSJ. Desde entonces ha exhibido que el mando no se le da. No es lo mismo ser un magistrado respetable en la aplicación de la ley que recibir el bastón de mando mayor y no saber qué hacer con él.
“Desde el mes próximo pasado, algunos de los suscritos, presentamos una solicitud en los términos anotados, sin que a la fecha Usted se haya dignado a dar cumplimiento al mandato, expreso y categórico, contenido en los citados ordenamientos jurídicos; por lo cual, lo conminamos para que dé estricto y riguroso cumplimiento a los mismos”.
Con esas palabras se dirigen a su presidente 10 magistrados y magistradas en un escrito que le dirigieron el 30 de enero, tres días después que Jiménez Castro presentara su informe ante los poderes Ejecutivo y Legislativo y aprovechara para lanzar acusaciones generalizadas contra togados que “todo” le votan en contra.
Esta columna obtuvo en exclusiva dicho documento. Su contenido detallado aparece en la información general de la edición de El Diario de este domingo.
Los magistrados firmantes son José Luis Fierro Beltrán, Otilia Flores Anguiano, Miriam Victoria Hernández Acosta, Delia Holguín López, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, César Fernando Ramírez Franco, Gabriel Armando Ruiz Gámez, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla y Luis Villegas Montes.
Ellos dirigieron el documento al presidente exigiendo llevar a cabo un pleno extraordinario de los magistrados para abordar los siguientes puntos, todos fuertes:
1.- Permitir a los magistrados y magistradas ejercer su derecho de réplica, frente a las imputaciones del 27 de enero.
2.- Explicación sobre la designación “unilateral e ilegal” de algunos funcionarios judiciales, específicamente jueces penales provisionales en el Distrito Judicial Bravos (Ciudad Juárez).
3.- Explicación sobre la designación provisional de administrador y secretaria general del Poder Judicial.
4.- Explicación sobre el trato diferenciado y denigrante a que fueron sometidos “los compañeros integrantes de este Poder Judicial” durante la organización del citado informe.
5.- “A raíz de la brutal violación de la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la nula operación del Consejo de la Judicatura, definir la dinámica de su funcionamiento”.
Todo esto significa que los magistrados firmantes han buscado recurrentemente lograr una comunicación con el presidente del Tribunal pero este se ha negado también de manera sistemática a concederles cualquier entrada.
El argumento tras bambalinas de Jiménez Castro y sus manejadores debe ser muy simple: se trata de magistrados de los que se han dado en llamar oxigenados porque llegaron al Tribunal empujados por el exgobernador, César Duarte. No merecen ninguna consideración.
Tienen razón en esa parte pero no por ello dejan de ser magistrados ni autoridad dentro del Tribunal de Justicia. Ya forman parte del Poder Judicial desde hace años y no pueden ser ignorados, ni ellos ni otra decena que mantiene la misma postura de crítica hacia su presidente pero no la manifiestan de la misma manera. Son de lo que juegan según vean el escore.
Es evidente que el gobernador Corral ha impulsado cambios en el Tribunal para conseguir el control necesario y empujar con mayor confianza los proceso penales a los que está sometiendo a sus antecesores en Palacio. Prometió en campaña llevar a la cárcel a César Duarte.
Las formas hacia ese objetivo son las menos inteligentes y las menos cuidadosas. No lo conseguirá con un presidente como Jiménez Castro, así lo tenga dirigido por un exprocurador de justicia como Francisco Molina, el administrador del Tribunal; una Norma Angélica Godínez; el abogado Marcos Molina y hasta la asesora del nuevo amanecer, Luz Esthela Castro. Ni siquiera ellos se quemarán gratuitamente. Tontos no son.
Los hechos señalados por los magistrados son reales independientemente de ser catalogados como duartistas. Son tan verídicos e inobjetables como los negocios de amigos y compadres del gobernador realizado en la antesala de su propio despacho, por decirlo de alguna manera.
La guerra es intensa y se pondrá peor. El nuevo amanecer rechaza con todo su ser a los magistrados firmantes y a muchos otros funcionarios del Poder Judicial a los que tiene declarada la guerra.
Que se deshaga de todos ellos sería el problema menor para los chihuahuenses, lo sustancial es el caos y la anarquía que privan en uno de los tres pilares del gobierno chihuahuense: el Poder Judicial. Rezago al por mayor, desorden interno, prioridad a intereses ajenos al grueso de los chihuahuenses, etc. Ciudad Juárez y la región, como siempre, van primero en la lista de consecuencias. Es 40 por ciento de Chihuahua todo.