Sergio Sarmiento
2017-01-31Ciudad de México— Parece que el gobierno ha tomado ya la decisión de no aplicar una nueva alza en los precios de la gasolina este 4 de febrero. Lo entiendo. El momento político es complicado. La explosión de inconformidad tras el aumento del 1ro de enero fue tan grande que el presidente no quiere arriesgar otro estallido, que podría poner en riesgo la estabilidad del país en un momento en que los embates de Donald Trump están generando incertidumbre.
Esto no significa que sea correcto mantener un subsidio a la gasolina por tiempo indefinido. No sorprende que Enrique Ochoa, presidente del PRI, haya "exigido" al gobierno que encuentre "todas las medidas técnicas y responsables para que no aumenten los precios de los combustibles". Es una forma de justificar la decisión de frenar el nuevo gasolinazo. Lo paradójico es que partidos supuestamente de izquierda insistan en mantener un subsidio muy costoso que en un 70 por ciento beneficia al 30 por ciento más rico de la población. Una de las razones por las cuales en los países desarrollados el gasto púbico disminuye la desigualdad y en México lo aumenta es el subsidio a las gasolinas.
Los aumentos en el crudo y la depreciación del peso en las últimas semanas obligarían a elevar nuevamente la gasolina. El costo del petróleo debe ser registrado contablemente por Pemex a nivel internacional, aunque se venda dentro de nuestro país, porque si no Pemex estaría perdiendo una oportunidad de ingreso por cada barril vendido en México. La mitad de la gasolina que se consume aquí proviene de Estados Unidos, pero ése no es el problema. La gasolina producida en México puede ser más cara que la de Estados Unidos por la ineficiencia de las refinerías nacionales. El porcentaje del precio de la gasolina que representa la refinación es, por otra parte, reducido. La pérdida surge del precio internacional del crudo.
Si no se va a subir el precio de las gasolinas, es importante saber de dónde saldrán los recursos para compensar el faltante. El gobierno ha presupuestado para 2017 un impuesto fijo a las gasolinas y ya no variable como en el pasado. Si no se eleva la gasolina, tendrá que reducirse el gravamen. Esto dejará al gobierno con un menor ingreso. Para compensar, el gobierno tiene tres opciones: aumentar otros impuestos, disminuir el gasto o elevar el déficit público y la deuda.
El camino correcto es disminuir el gasto. Esto no es fácil. En 2016 los egresos públicos ascendieron a 5 billones 343,759 millones de pesos, un aumento real de 6.2 por ciento sobre 2015 pese a las promesas de austeridad (SHCP, Informe finanzas públicas, cuarto trimestre 2016, p. 56). El gasto fue 12.2 por ciento superior a lo presupuestado (p. 66).
Entiendo que subir nuevamente el precio de las gasolinas sería peligroso, pero no podemos cerrar los ojos a las consecuencias. Si no se recorta el gasto, el resultado será un mayor incremento de la deuda.
El déficit en su medida más amplia, los requerimientos financieros del sector público, fue en 2016 de 556,628 millones de pesos. La deuda pública cerró en 9 billones 828,900 millones de pesos, 48.4 por ciento del producto interno bruto. El rápido crecimiento de la deuda ha hecho que las calificadoras adviertan sobre los riesgos de México y está colocando al país en una posición de fragilidad ante las amenazas de Trump.
No aumentar el precio de las gasolinas implica un sacrificio fiscal importante. Es indispensable que el faltante se compense con una reducción real en el gasto.
Contra el IFT
Presidencia ha presentado una controversia constitucional contra los lineamientos del IFT sobre la "defensa de las audiencias". Los lineamientos, como lo argumenté ayer, son un ataque a la libertad de expresión.
Twitter: @SergioSarmiento