LA COLUMNA

De Los Reporteros

– Pegan a Juárez bloqueos en puentes
– En el Congreso de la Unión, la gasolina es el pendiente
– Se reactiva conflicto laboral en Bachilleres

Otra vez, organizaciones campesinas y barzonistas bloquearon las garitas de importaciones y exportaciones de los puentes internacionales – el Libre, Zaragoza y Palomas–, en protesta contra el gasolinazo y pese a las afectaciones para la comunidad, las autoridades prácticamente dejaron al garete a los fronterizos y diversos sectores económicos de la región.
Desde temprana hora, los inconformes por los aumentos al precio de la gasolina y el diesel se apoderaron de los carriles que comunican a ambos países e impidieron el flujo comercial, y obstruyeron el turístico, en unos puntos cinco horas y en otros hasta siete.
Del Gobierno estatal nadie intervino pese al desorden generado y el cierre de vías de comunicación y de intercambio comercial con impacto económico devastador para el estado, la ciudad y la economía de miles de fronterizos.
Los representantes del sector maquilador, uno de los más afectados, pidió a las autoridades hacer valer el estado de derecho, pero ni eso movió al Gobierno del Estado pese a que al gobernador Javier Corral le tocó constatar la propagación de las manifestaciones en la ciudad. El mandatario tuvo agenda en Juárez, en Pueblito Mexicano, a unos metros del puente Libre, uno de los puntos donde se llevó a cabo el cierre de garitas.
Ante la situación, el alcalde Armando Cabada acudió hasta ese cruce para pedir a los manifestantes que levantaran su protesta y hacerles ver que el único daño que ocasionaban era a la ciudad, no al Gobierno federal.
La jornada de manifestaciones, coincidió con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y ocasionó un impacto económico directo al comercio internacional, ya dañado de por sí por el magnate que desea repatriar inversiones que aquí dan empleo a miles y son claves en el desarrollo de la ciudad.
Con ese panorama, tal pareciera que los inconformes contra el gasolinazo, se unieron –sin querer y así lo vieron cuando fueron abordados por el presidente municipal– a la ofensiva declarada por el presidente estadounidense que busca repatriar inversiones de México a su país.
La manifestación es un derecho constitucional, los campesinos y barzonistas están en libertad de protestar, pero eso no les da facultades para afectar los derechos del resto de los ciudadanos. No se puede perjudicar a terceros con sus acciones contra el alza a los combustibles. Aunque la mayoría se une a su reclamo, no coinciden con ello en esa vía, que provoca daño a los ciudadanos afectando el orden y las fuentes de empleo que tiene la ciudad, como ocurrió ayer, sin que las autoridades estatales hicieran algo para evitarlo.

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El colmo es que algunas de las manifestaciones de ayer fueron azuzadas por diputados locales.
En el Puente Libre, fue detectada por Los Reporteros la diputada perredista Crystal Tovar, que se unió a los barzonistas y demás personas que impidieron el flujo de vehículos de El Paso, Texas a Juárez y viceversa.
En otra, aunque fue en la agencia Ford, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Israel Fierro, encabezó a militantes de ese instituto político que hasta ahora habían permanecido apagados luego del proceso electoral del año pasado, en un mitin frente para enviar un mensaje a las empresas con capital estadounidense, que no retiren sus inversiones de México.
La empresa de autos, aunque propiedad de juarenses, fue elegida para la protesta por cancelar sus planes de construir una planta armadora de vehículos en San Luis Potosí.

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El primero de febrero iniciará el período de sesiones en el Congreso de la Unión y a unos días de que se llegue esa fecha muchos son los pendientes en la agenda de senadores y diputados, aunque los Reporteros se enteraron que el principal es la situación económica que generó el llamado gasolinazo y el descontento popular.
Disminuir el costo de los combustibles ahora es el principal objetivo. Así lo manifestaron ya los senadores chihuahuenses Lilia Merodio y Patricio Martínez, también los diputados federales de los distintos partidos, incluyendo el PRI con excepción del líder de la bancada priista, César Camacho, que mantiene una postura a favor de los incrementos. No por nada lo agarraron a tomatazos hace unos días en la Ciudad de México.
En el caso del PAN, cuyo partido avaló el llamado Pacto por México del que derivó la reforma energética y los aumentos a las gasolinas – aunque el Gobierno federal asegura que no–, sus diputados cambiaron de postura y desde esta semana recaban firmas de ciudadanos con las que buscan respaldar una iniciativa para que el impuesto a las gasolinas disminuya en un 50 por ciento.
En la agenda del Senado además, están las leyes de Seguridad Interior, Trata de Personas, para Prevenir y Sancionar la Tortura, de Desaparición Forzada o Mando Mixto Policiaco, importantes, pero no más que aquellas que aminoren el impacto al bolsillo de los ciudadanos, nos comentan.

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Miles de estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) que regresan a clases el próximo lunes, podrían quedar en medio del más reciente conflicto sindical que le estalló en las manos a la exsenadora Teresa Ortuño, por no cubrir desde el año pasado las prestaciones laborales de los maestros.
El líder del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Cobach, José Acuña Peralta, anunció que ese día habrá paro de labores para exigir el pago de los adeudos completos como se les ofreció, y no parciales como ocurrió.
El primer pago por concepto de homologación de salarios, que en total fue de 29 millones de pesos, se realizó ayer y se les ofreció depositarles la semana que entra lo restante, una cantidad casi similar, algo que fue rechazado tajantemente por el Sindicato.
Ante el rompimiento de las negociaciones, 45 mil estudiantes de ese sistema educativo, seguramente sufrirán mucho y más sus padres, al verse afectados por falta de clases el primer día del nuevo ciclo escolar, por lo que el gobernador llamó a los maestros a no afectar a los alumnos, pero estos quieren su dinero, no más negociación. Así que la próxima semana seguro arrancará con otra prueba más para la Administración corralista.

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En los terrenos legislativos, la diputada priista Isela Torres solicitó a la Secretaría de la Función Pública del estado, investigar las declaraciones patrimoniales presentadas por los integrantes del gabinete corralista y el propio mandatario.
La juarense señaló que en la Administración estatal se hizo un show de la transparencia y al final salieron con las declaraciones 3de3 rasuradas, con funcionarios casi pobres y en uno de los casos, ni se dio a conocer.
Se refirió al caso de Gustavo Madero, que viaja en autos de 500 mil pesos pero declara propiedades de 180 mil pesos, asegura. Aunque en este caso habría que ver si también su cónyuge María Eugenia Falomir Morales, la actual titular de grupos vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó su declaración de bienes, y si coinciden.

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Por cierto, el matrimonio Madero no es el único en el nuevo amanecer señalado por su nepotismo que al quedar al descubierto, esta semana la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, tras ser cuestionada en la ciudad de Chihuahua por Los Reporteros de la fuente gubernamental, aseguró que los está investigando.
Olmos afirmó que no tenía conocimiento que en el Gobierno estatal se dé ese tipo de prácticas –que el mismo PAN ha señalado de corruptas anteriormente–, por lo que muchos la invitaron a que revise también al titular de Coesvi, Carlos Borruel cuya esposa, Leticia Macías, se encuentra a cargo de un área del ICHIFE. De paso, también que visite las áreas de Comunicación Social atestadas de funcionarios con lazos familiares.

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En los corrillos políticos, llamaron la atención los comentarios emitidos ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, para calificar el trabajo realizado por el gobernador Javier Corral, en los primeros 100 días de gobierno.
El magistrado sacó a flote ante Los Reporteros que en ese período de tiempo se logró la “autonomía” del órgano que representa y nos comentan, que si hubiera tenido una biblia a su alcance, hubiera puesto la mano sobre ella para jurar y perjurar que el gobierno de Corral sí respetó la división de poderes.
Hasta un comunicado lanzó para destacar “los logros de Corral” entre los que resaltó como uno de los más importantes de la autoevaluación del gobernador el “llevar ante la justicia a presuntos delincuentes del anterior régimen”. Qué tal, y eso que comentó que su presidencia tiene como premisa fundamental consolidar la independencia en la Corte estatal. ¿De verdad?