Francisco Ortiz Bello/
Periodista
Pareciera un mal endémico de los mexicanos culpar de todas nuestras desgracias al gobierno y es que, si bien una buena parte de nuestros males obedecen a malas decisiones de políticos y gobernantes, en una muy buena medida también, la realidad es que tenemos los gobiernos que tenemos gracias a la indolencia, indiferencia y “valemadrismo” con el que la mayoría actuamos.
La frase, convertida en lamento cotidiano, con la que doy título a esta colaboración, es el mejor ejemplo de cómo justificamos hoy los mexicanos que las cosas vayan tan mal en nuestro país, así, en las redes sociales, el “hasta cuándo Peña” se ha convertido en graciosa excusa para casi cualquier cosa que ocurra, en cualquier parte, en cualquier situación y con cualquier persona. Como si con decirla ya estuviera justificado todo.
Pareciera que siempre estamos en espera de otro escándalo más, acechando como depredador a la caza, de una nueva “revelación” periodística de casas blancas, millonarias licitaciones amañadas o recursos públicos que pararon en cuentas de las Islas Caimán para inmediatamente, eso sí, dar rienda suelta a nuestra ira contenida contra la clase política con protestas, manifestaciones, memes o mentadas de madre… en las redes sociales.
Analizando a detalle algunos casos, he caído en la cuenta de que –mientras muchos de esos hechos condenables ocurren y todos los percibimos– esperamos hasta que sean noticia, hechos consumados, para manifestar nuestro enojo y contrariedad. Incluso eso ocurre también en una buena parte de los medios de comunicación, sólo están a la caza de la nota escandalosa para publicarla y obtener más audiencia, público o “likes” en Facebook.
¿Acaso la Casa Blanca de las Lomas apareció de la nada, de un día para otro, entre los acaudalados vecinos de la familia presidencial? Claro que no. Muchos supieron y se dieron cuenta de lo que ocurría, pero no dijeron nada.
Y lo mismo ha pasado con otros casos de similar impacto social. Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, empezó con sus manejos irregulares desde el primer día de gobierno, pero propios y extraños hicieron como que no veían, como que no pasaba nada.
El punto al que quiero llegar es la piedra angular de la corrupción en nuestro país: la complicidad. Ya sea por omisión, conveniencia, temor, comodidad, interés, indiferencia o por cualquier otra razón, cuando nos damos cuenta de que algo ilegal, incorrecto o irregular está ocurriendo y no hacemos nada por impedirlo o denunciarlo, somos cómplices en su ejecución. El silencio es también una forma de ayudar a los malos.
Decía atinadamente Martin Luther King: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos” o en la variante atribuida a Mahatma Gandhi “No me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos”.
Aquí el asunto es que, más allá de buenos y malos (porque es una forma bastante simple y maniquea de enfocar el tema), en cada evento que ocasiona perjuicio a la sociedad, a un gobierno, a una comunidad, a un individuo o a un grupo de personas, siempre hay un momento en el que alguien pudo haber hecho algo por evitarlo, y no lo hizo. Por más que luego solo se quiera responsabilizar sólo a determinadas personas, o justificar el acto por determinadas circunstancias.
Va un ejemplo. Durante la administración municipal pasada, uno de los regidores estuvo siempre en clara violación a la ley, ya que era ministro de un culto religioso situación que era y fue del conocimiento de todos los integrantes del Cabildo y, pese a que la Ley lo prohíbe, ninguno hizo nada para evitarlo y menos para corregirlo. Ninguno. Ni autoridades ni sociedad, porque también la sociedad se enteró en su momento, a través de los medios de comunicación, y tampoco se manifestó.
Otro ejemplo. El titular de la Auditoría Superior del Estado se encuentra hoy demandado por un diputado del Congreso, acusado de no hacer bien su trabajo, de solapar el mar de irregularidades y desfalcos a las arcas estatales en la pasada administración, a pesar de que el funcionario ha entregado oportunamente los informes a los que la Ley le obliga, al mismo Congreso, y ha sido la Comisión de Fiscalización de ese órgano legislativo quien ha sido omisa en sus obligaciones. Total, que en ese “pleito de comadres”, en cuyo origen está el más puro protagonismo político-partidista, lo cierto es que se han quedado sin la respectiva sanción, una gran cantidad de funcionarios que cometieron faltas, irregularidades y hasta delitos en algunos casos, mientras los encargados de que esto ocurra se distraen en otras cosas.
Un ejemplo más. En octubre del año pasado, un joven estudiante presenta ante el CIDE su tesis para obtener el grado de Maestro en Administración Pública, y la basa en una concienzuda investigación sobre el gasto del gobierno, dando como resultado algo que todos sabemos y condenamos: el gobierno gasta el dinero de los mexicanos como se le da la gana. Y ahí está en documentos oficiales, en cifras concretas y bien documentadas. Tan sólo un espeluznante dato de esa investigación: en los últimos 15 años (de 2000 a 2015), el gobierno federal gastó más de 15 billones de pesos de lo que tenía autorizado. Y todo mundo lo sabía, y todo mundo lo supo, y ahí están los documentos que lo prueban, pero nadie hizo nada -en su momento- primero, para evitar que se hiciera, y segundo, para corregir la desviación.
¿Qué ocurre en realidad? O más bien ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esa apatía e indiferencia de autoridades, organismos y políticos, pero también de la sociedad? Tenemos un sistema legal, y organizacional, diseñado para permitir que quien quiera violar la ley, lo pueda hacer sin problema alguno. Pero también somos, como sociedad, un colectivo con un nivel de permisividad muy alto a las conductas nocivas.
Si no, vea usted. Actualmente, el Síndico Municipal de cualquier municipio de la entidad sólo puede hacer recomendaciones cuando detecta alguna irregularidad. Sí, sólo recomendaciones. Esta figura, la del Síndico Municipal, está contemplada dentro del sistema político-electoral como la representación de la sociedad, que vigila y fiscaliza el uso de los recursos, es independiente, no tiene ningún nivel de subordinación con autoridad alguna, por eso es votado en las urnas. Y su trabajo consiste precisamente en estar revisando, constantemente, y casi en tiempo real, todo lo que hace la administración municipal para evitar el mal uso de los recursos.
Sin embargo, de nada sirve que lo haga y que encuentre irregularidades o hasta delitos, si sus “recomendaciones” no tienen ningún efecto sobre la administración municipal, no son vinculatorias, no obligan a los funcionarios municipales a nada. Pero eso no es problema del Síndico, ni del actual ni de ningún otro en el pasado. ¡Así está la Ley!
Una ley que, como en los casos anteriores, primero permite que ocurran las cosas que se pretenden evitar, luego dice cómo se deben sancionar las conductas indeseables, y ya para cuando todo se “descubre” y se procesa, o ya no hay delito, o el que lo cometió ya se fugó, pero en todos los casos ya es demasiado tarde para intervenir.
¿Por qué tenemos estas leyes? ¿Por qué nuestros legisladores siguen emitiendo normas que no previenen el delito? No lo sé, pero también como sociedad lo hemos permitido. ¿Sabía usted que todas las irregularidades cometidas en el manejo de recursos en el Gobierno federal, durante 2016, serán reveladas hasta abril de este año, cuando se presente la cuenta pública de ese año en el Congreso de la Unión? Es decir, si algún funcionario federal decide desviar recursos o de plano robarlos, sabe perfectamente que tiene un “colchón” de tiempo lo suficientemente amplio como para evadir a la justicia, lo que resulta un perverso incentivo para cualquier servidor público que quiera meterle mano al cajón. Pero esto también lo sabemos los ciudadanos y tampoco hemos hecho nada por evitarlo o corregirlo.
Dicen que, en el tema de corrupción, para que haya un soborno se requieren dos: el que soborna y el que se deja sobornar, bueno, pues en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, también se requieren dos: el que debe dar cuentas y el que debe recibirlas, y quien debe recibirlas es la sociedad y, por tanto, es quien debe exigir que no solo se fiscalice el uso de los recursos, sino que existan los mecanismos adecuados para que este tipo de conductas se sancionen en forma inmediata, y no cuando ya no hay nada que hacer ni a nadie a quien sancionar. ¿Hasta cuándo Peña, hasta cuándo?