LA COLUMNA

De Los Reporteros

–Rebelión rutera, revisan alza en el transporte
–Van vs contrato millonario de alumbrado público
–Pide Congreso perdón para transportistas

Por sus pistolas, algunos concesionarios de transporte público incrementaron ayer la tarifa a sus usuarios de 7 a 10 pesos, en tanto el Gobierno estatal presionado por el alcalde Armando Cabada, diputados locales y los mismos ciudadanos, primero decomisó unidades para demostrar una supuesta mano firme, pero tras sentarse a la mesa y al final del día, –aunque se afirmó que no habría incremento– terminó aceptando una revisión a la tarifa para medir el impacto del gasolinazo en el poderoso gremio de ruteros.
La rebelión de los concesionarios inició a primera hora del día. En sus recorridos los choferes pusieron en los cristales de sus unidades que la nueva tarifa era de 10 pesos. La causa principal que argumentaron fue el alza a los combustibles.
La medida unilateral sería implementada desde el pasado lunes, pero aguardaron a que se les diera una luz verde que no llegó, por lo que algunos se fueron por la libre y aplicaron el incremento, nos comentan.
Para contenerlos, el Departamento de Transporte Público a cargo de Víctor Estala, optó por decomisar 8 camiones detectados aplicando el cobro no autorizado, los que fueron enviados a los corralones de donde seguramente pronto regresarán a sus dueños.
El funcionario panista juró y perjuró que no se permitirá un aumento y llamó a los usuarios a denunciar hasta en redes sociales el cobro ilegal. Sin embargo, por la tarde, su jefe, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui presionado por los transportistas, señaló a Los Reporteros que el alza no se podrá contener por el aumento a los combustibles aplicado por la Federación.
La mano derecha del gobernador Javier Corral, dijo que habrá una revisión a la tarifa de transporte público. De antemano, el análisis es considerado mero trámite para que se apruebe el golpe a los usuarios que seguramente seguirán siendo atendidos con unidades destartaladas tipo escolar, que nada tienen que ver con la calidad en el servicio que siempre se promete y nunca se cumple.

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El subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo ya no ve lo duro, sino lo tupido. A diario tiene una manifestación en sus oficinas ubicadas en Pueblito Mexicano que le recuerdan sus tiempos de alcalde, lo mismo protestan contra el gasolinazo que en contra de la revalidación vehicular y el aumento al agua.
Con cacerolas sonando, piñatas con figuras de políticos, gritos y consignas, los inconformes ya lo hicieron su principal objetivo para desahogar su malestar por la actual crisis económica atribuida principalmente al papel del Gobierno federal por el alza a los combustibles.
Ayer, el funcionario estatal recibió a José Luis Ontiveros, representante del Frente de Movimientos Populares que le advirtió que tomarán medidas más radicales para exigir se dé marcha atrás a la política que se aplica a partir del primero de enero, lo que parece no sucederá, por lo que las protestas podrían recrudecerse en los próximos días.
Y es que esa organización no es la única, ya hay varias llamando a una protesta nacional el fin de semana y hay quienes están convocando a un paro en el mes de febrero cuando se esperan más incrementos en los combustibles y en Juárez, a la tarifa del agua. El panorama que viene no es nada halagador.

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En los mismos terrenos del Pueblito Mexicano, donde los integrantes de la familia del ‘nuevo amanecer’ comienzan a meterse zancadillas entre ellos –también con mira al 2018–, llamó la atención un comentario que a manera de miniinforme escribió el director de Desarrollo Rural para la zona norte, Javier Meléndez Cardona por los primeros 100 días de gobierno.
El funcionario destacó en sus redes sociales los logros de su área dedicada obviamente a la atención agropecuaria, los cuales van desde la consecución de apoyos para la producción, distribución de semillas y el programa de “mercadeo en tu colonia”.
Todos los apoyos están perfectos, dicen, pero la opinión se vuelve crítica cuando se destaca que van dirigidos en su mayor parte a una sola comunidad, por lo que desde ya, hay quien sugiere que a esa dependencia se le debería llamar Desarrollo Rural de Samalayuca, y no de la zona norte.

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En tanto, en el Gobierno independiente, conforme se apagan las nuevas lámparas de alumbrado público, crece más la inquietud de regidores y del propio alcalde Armando Cabada por revisar las condiciones en las que se otorgó el contrato de 348 millones de pesos a la empresa Intelliswitch para instalar alrededor de 30 mil luminarias, de las que una buena cantidad, no cuantificada aún, dejaron de funcionar.
El regidor Carlos Ponce, coordinador de la fracción independiente, es uno de ellos. Al menos así lo manifestó ayer a Los Reporteros al considerar que es una obligación del Ayuntamiento investigar el probable incumplimiento en el servicio por las fallas que tienen miles de lámparas en cuya compra el exregidor panista José Márquez Puente señaló que hubo sobreprecio y evidentemente una transa.
Por ello, se pedirá a la Dirección Jurídica revisar, comentó ayer el líder de la fracción independiente. Aunque el caso también compete a la Sindicatura que seguramente, excusas para no intervenir tendrá muchas, pero la principal, nos comentan, es que en este asunto está metido el mismísimo padrino político del síndico Aarón Yáñez. Así las cosas.

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Aunque niega promover la violencia en las manifestaciones contra el gasolinazo, como lo señala un reporte atribuido a la Policía Federal que luego la Segob declaró que no es verídico, la diputada panista Blanca Gámez, presidenta del Congreso del Estado, intervino ayer en la tribuna para exigir al Gobierno federal que no cancele las licencias a los transportistas que bloquearon las carreteras y pusieron en jaque al estado y a la misma Administración estatal.
La legisladora logró que se le aprobara un exhorto para solicitar a la SCT que le apueste mejor al diálogo en vez de la revocación de esos documentos ya que aunque dijo se afectó a terceras personas, debe reconsiderarse la sanción debido a que los transportistas son los más perjudicados por el alza a los combustibles.
A la propuesta se sumó el diputado Pedro Torres, de Morena, partido que también es señalado como promotor de las manifestaciones de descontento aunque asegura, sólo de aquellas que son en paz.

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Por el mismo tema, en el noroeste, la doble cara que muestra el diputado federal priista Alex LeBarón a sus representados y a su partido el PRI le fue reclamada por ciudadanos y diferentes actores políticos, que le echaron en cara que por un lado apoye a la reforma energética de la que derivó el gasolinazo y por el otro, trate de llevar agua a su molino con el mismo tema, afirmando que está a favor de que bajen los combustibles.
El legislador, que acudió a escuchar a alcaldes de los municipios de esa zona de la entidad, no atinaba qué decir, hasta ofreció reducir su salario en solidaridad con la ciudadanía, algo que pocos le creen por aquello de que en diciembre negó recibir casi medio millón de pesos en bonos y hasta aseguró que de aceptarlos otorgaría becas, algo que todavía no ocurre.

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Memo Dowell apareció ayer en Ciudad Juárez. Lo hizo para arremeter contra el gobierno de Corral aprovechando el periodo de los 100 días de gobierno del panista, en los que afirma, el gobernador no ha hecho absolutamente nada en beneficio de los habitantes del estado. Lo señala sólo de repartir culpas y quejarse.
Por cierto, el líder priista cuya figura política se recupera cada que las acciones del gobierno corralista le dan la razón, está por ser relevado en la dirigencia estatal del PRI.
Se dijo que a principios del mes llegaría un delegado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que servirá de árbitro para el proceso de renovación en el Directivo Estatal, pero será hasta finales de enero cuando esta figura estará ya en Chihuahua, dijo ayer a Los Reporteros el notario juarense.
Para el relevo, los distintos grupos políticos ya tienen listas sus cartas para participar en la jugada, entre las que se encuentran Heliodoro Araiza, el diputado federal Alejandro Domínguez, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz y la diputada local Adriana Fuentes, que aunque no lo ha manifestado públicamente, su nombre ya es comentado en los corrillos políticos.
Mientras eso ocurre, el tiempo que le resta en la dirigencia estatal, Dowell anunció que implementará una campaña de información a través de redes sociales para dar a conocer que, a 100 días del inicio de la nueva Administración estatal el nuevo inquilino del Palacio incumple con sus promesas. Lo mismo hará con los Ayuntamientos de Juárez y Chihuahua, añadió.