Luis Javier Valero Flores/
Analista
No podía ser de otra manera. La inédita reunión convocada por el gobernador Javier Corral, realizada el viernes pasado, sólo podía originarse a partir de las numerosas manifestaciones, tomas de carreteras, de casetas de peaje, de oficinas recaudadoras de rentas y presidencias municipales efectuadas desde principios de la semana –las que aún persisten, aunque disminuidas en número y participantes y en las que ha aparecido el grito de rechazo, no sólo a Peña Nieto, sino también al gobernador Corral– en oposición al salvaje aumento a los combustibles.
Ciertamente, fue aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos, pero cuya autoría y ahora defensa a ultranza, le corresponde al presidente Peña Nieto y su equipo.
Si las manifestaciones de rechazo se hubiesen circunscrito a las efectuadas anteriormente, consistentes en reunirse en un lugar, pocos, muchos y, en algunas ocasiones, otros más; marchar y culminar la jornada de protesta en un mitin en alguna plaza pública, probablemente nada hubiese pasado.
De que hay un ánimo explosivo en la sociedad mexicana dan fe los numerosos incidentes violentos ocurridos en la mayor parte del país; en Chihuahua, entidad que alcanzó una de las mayores y más sostenidas manifestaciones de todo el país, a pesar de todo, no se presentaron incidentes mayores, fueron, dentro de lo que cabe, pacíficas las protestas de numerosos chihuahuenses, y no solamente los agrupados en organizaciones tradicionalmente movilizadoras y compuestas por activistas sociales.
En los plantones, en las guardias en las casetas, en los muy extendidos claxonazos se advertía el hartazgo ante una medida, no sólo antipopular, sino mentirosa.
La prolongada jornada de protestas en Chihuahua dejó tras de sí numerosos episodios lamentables y otros muy memorables.
Pero, además, hizo posible la reunión del viernes, en la que participaron los 3 senadores priistas –Lilia Merodio, Graciela Ortiz y Patricio Martínez– así como el coordinador de los diputados federales de ese partido, Alejandro Domínguez, –con la notabilísima ausencia de la fracción parlamentaria priista en el Congreso de Chihuahua– y representantes de las agrupaciones sociales, así como de las cámaras empresariales, de la poderosa asociación de maquiladores y agrupaciones de productores, expendedores de gasolina, de transportistas, así como de la representación oficial del Congreso local, y le otorgó al mandatario estatal la certidumbre de presentarse a la reunión de la Conago, mañana, con el apoyo de prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas, sociales y empresariales de Chihuahua con una sola postura –con matices, según fuera el sector–, la de que debe ser bajado, de inmediato, el precio de los combustibles.
Probablemente ningún otro gobernador podrá presentarse con tal fuerza, la emanada de las protestas que en todos los sentidos, en todas las variantes, fueron emitidas por todos los sectores de la sociedad chihuahuense.
Podría pensarse que tal hecho no será desestimado por el gobierno federal, pero las reacciones de Peña Nieto apuntan al sentido contrario. Será para mal, las protestas en el país alcanzaron una masiva extensión y variedad, la que no fue recogida plenamente por los tradicionales medios de comunicación.
Sin embargo, la profundidad del rechazo fue tal que numerosas zonas de la zona metropolitana de la ciudad de México estuvieron prácticamente incomunicadas; en la totalidad de las ciudades veracruzanas se presentaron infinidad de actos vandálicos; en todas las capitales de los estados las protestas fueron mayores y en una región en la que se pensaba que por su posibilidad de adquirir los combustibles a precios norteamericanos, Juárez, se han presentado crecientes manifestaciones de rechazo, bajo un grito que parece extenderse: ¡Fuera Peña Nieto!
Pero no todos se sintieron representados en la reunión convocada por Corral. Algunos segmentos de la izquierda social chihuahuense expresaron su inconformidad por el modo en que, ahora podemos concluir, a juzgar por los hechos ocurridos, fueron terminadas las protestas en las casetas y las carreteras de Chihuahua, en las que participaron mayoritariamente productores del campo, especialmente integrantes de El Barzón.
Corral hizo buenos los pronósticos de quienes aventuraron, luego de su tardía aparición en el conflicto, –cuando cursaba el tercer día y los bloqueos abarcaban a la casi totalidad de la red carretera– que usaría la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Lo hizo, quizá de manera pactada, o presionando a los liderazgos barzonistas para que aceptaran un desalojo pacífico y enfilar, todos, las baterías a la inminente reunión de los gobernadores, en la que se espera la asistencia de Peña Nieto.
Por ello sorprendió el insólito silencio de los líderes barzonistas, luego de los desalojos y hasta el desaguisado declarativo del Secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, del que se podía deducir que habían pactado los líderes agropecuarios en función de la satisfacción, no de prebendas solicitadas de manera reciente, sino del cumplimiento de diversos apoyos al campo, aprobados un año y meses atrás y que daría pie a los ataques al gobierno de Corral por contener en el gabinete a Lucha Castro, integrante de la dirigencia barzonista, y a Víctor Quintana, ex dirigente del Frente Democrático Campesino.
De ahí las posturas de Heraclio Rodríguez y de Gabino Gómez en la “cumbre” del viernes, en la que adujeron “no arrepentirse” de las acciones realizadas, las que originaron, sostendría Rodríguez, tan insólita reunión, pero que, por otro lado, darían pie a que otros sectores, los ligados al priismo, enderezaran las baterías en contra de Corral por, dicen, promover y defender las movilizaciones realizadas.
Lo cierto es que existe un muy sustentado enojo popular, ante el cual la clase política, en lo general, se mantiene muy distante; con excepciones, entre las cuales habría de destacarse la del ex gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, quien manifestó su oposición a la medida y le pidió al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, la reconsiderara.
Una sugerencia habría de aceptar el ahora senador, la de que esa petición la enderezara al presidente de la Cámara de Senadores y de que le sumara la petición -ante la cual se podrían sumar los senadores de todos los partidos que así lo consideraran- de la celebración de un período extraordinario de sesiones, a fin de discutir la derogación del decreto que contiene el gasolinazo.
Las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, con matices, sin exponer claramente su rechazo al gasolinazo, pero tampoco desligándose de lo aprobado en las cámaras, intentaron que se presentara una propuesta “responsable” y de alguna manera, al contrario del ex gobernador, avalaron la esencia de los argumentos del grupo gobernante, expuestos por Peña Nieto en el malhadado mensaje de “Año Nuevo”.
Mintió.
El precio de la gasolina en México no está determinado por el precio internacional, sino por la aplicación de dos impuestos, el IVA y el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, sobre el cual no se aplica el primero, de manera tramposa), diseñado para encubrir la millonaria ilusión fiscal y para compensar lo que por otras vías debería recaudar el gobierno federal, y en tiempos de la reforma energética y de la drástica caída de los precios del petróleo, para suplir los ingresos fiscales perdidos a causa de ambos factores.
Populista al extremo, Peña Nieto intentó tocar las fibras más sensibles de los mexicanos al sostener que la elevación del precio de las gasolinas no afectaba a los más pobres, que éstos compraban la parte menor de los combustibles, que en realidad se subsidiaba a los más ricos, que si se dejaran de recibir esos recursos se dejaría de atender al Seguro Popular, etc.
Mintió.
De los casi 16 pesos del precio final del litro de gasolina –con variantes geográficas– casi 6 son del IEPS; el costo de producción o el de compra ronda los 8 pesos, al que le suman otro factor que no se entiende bien a bien el porqué de sumárselo, el del precio del barril del petróleo (¿Qué acaso no viene indexado, ya, al costo de producción de la gasolina; si aquel sube, éste, obviamente, subiría?).
Fijar ese factor devela claramente la base del precio final, la dependencia de las finanzas federales al precio del barril de petróleo; de este modo, el consumidor paga doblemente el alza -y debiera pagar, también, la baja- del precio del petróleo, es decir, en este último rubro y en el de las gasolinas ¿Porqué?
De ahí la pregunta, obvia: ¿Porqué el precio de la gasolina no contiene, exclusivamente, el costo de producción, el del transporte, el IVA, el de la venta y la utilidad del vendedor final, tal y como lo hacen en otros países, pocos, por cierto?
Más sencillo, coincidiendo con Patricio ¿Porqué mejor no compramos la gasolina en Texas, casi 6 pesos más barata en estos momentos que la que nos vende Pemex? ¿Y porqué no hacer lo mismo con el diesel y la energía eléctrica?
¿Porqué no hacerlo, porque le quitarían a Chihuahua la parte correspondiente a lo poquito que le toca del IEPS?
Eso lo podría compensar el crecimiento económico de la entidad si se abarataran los precios de los combustibles pues los productores locales enfrentarían en mejores condiciones a sus competidores, nacionales y extranjeros.
Y, además, tendrían más argumentos, sustentados, quienes, como Javier Corral, sostienen que llegó la hora de discutir el pacto fiscal, de acabar con la pésima distribución de lo recaudado.