Javier Cuéllar Moreno/
Analista político
Este ha sido un inicio de año prácticamente terrible, donde el sistema político mexicano se ha visto inmerso en el repudio popular manifestado en una forma virulenta, desencadenando toma de carreteras, acciones de vandalismo y de rapiña en por lo menos 20 estados del país que han dejado a la sociedad y al aparato productivo de la nación pérdidas millonarias.
Pudo temerse, en un momento dado, que la nación mexicana quedara al borde del estallido social a juzgar por algunos preocupantes actos y el saqueo que se sucedieron en diferentes lugares de la República.
En nuestro estado, las vías importantes de acceso a la entidad, instalaciones petroleras de almacenamiento y distribución, presidencias municipales, recaudaciones de rentas, oficinas del Hacienda federal y de Aduana, estuvieron tomadas durante casi cuatro días ante una autoridad que se mostró vacilante para detener la anarquía.
Ese titubeo del Gobierno corralista alentó y permitió que se extendiera el bloqueo de las carreteras, pegó al abastecimiento de insumos, alimentos y combustible; además, generó pérdidas económicas cuantiosas no solo en el sector productivo, también a la economía familiar.
Ante las escenas que generaban las manifestaciones, algunas voces afirmaban que Chihuahua se “oaxaquizó”.
La lectura de esto es que el Gobierno del Estado o el propio Javier Corral –que como legislador, estuvo en contra de la Reforma Energética impulsada por Peña Nieto– avaló ese movimiento de protesta, pretendiendo enviar un mensaje hasta Los Pinos.
Es que si bien el problema del gasolinazo es de manufactura claramente federal, respaldado por el PRI, PAN PRD y demás satélites del sistema, el gobernador como jefe político natural del estado es responsable de mantener el orden y la paz pública, pero sus acciones contra los bloqueos de vías de comunicación se vieron un tanto cuanto tardías y hasta temblorosas.
Su resistencia a enviar la fuerza pública ante los bloqueos y pese a los miles de ciudadanos afectados causó asombro, Chihuahua sufría por la parálisis no vista en su historia reciente, todo estaba en jaque por las acciones de unos cuantos y ni así se tomaron cartas en el asunto. Las consecuencias es que las protestas se multiplican y los daños también.
Además del manipuleo político, o a la tajada oportunista que se le quiera sacar al gasolinazo, como lo ha reclamado el presidente Enrique Peña Nieto, la reacción tardía del gobierno corralista se atribuyó por igual a que el gobernador está entre dos aguas. Esto porque en su gabinete confluyen dos ideologías difíciles de conciliar, que son como el agua y el aceite. Hay funcionarios de izquierda y derecha, una situación que, se quiera o no, limita al gobernador y lo hace vacilar. Por ejemplo, en su equipo cercano hay personalidades relacionadas con los grupos de agitadores que siempre han encabezados las protestas en el estado y que estuvieron al frente de agrupaciones que ahora encabezaron los bloqueos, como Víctor Quintana, Lucha Castro y Martín Solís, y por el contrario, representando intereses empresariales está Alejandra de la Vega.
Aunque al final tal parece que estos señores más bien influyeron en el proceso de transa-concerta-sesión y que se lograra sentar en un misma mesa a los actores de las protestas contra el gasolinazo y a los representantes de los sectores afectados para generar una propuesta de acción enfocada en bajar los precios altos de los combustibles que será planteada a la Federación.
La idea, cuentan algunos consultados en la ciudad de Chihuahua, surgió de Solís, conocido activista de El Barzón que un año atrás vandalizó Palacio de Gobierno y ahora es director de Fomento Agropecuario estatal. Presuntamente él propuso la redacción de un pronunciamiento común contra el gasolinazo, que fuera firmado conjuntamente por el Gobierno estatal y las organizaciones de presión.
Vendió la idea de que ese discurso fuera encabezado por el gobernador Javier Corral y planteó que en la versión escrita apareciera que el Gobierno del Estado sería un aliado de los chihuahuenses y por lo tanto luchará porque se derogue el decreto que liberó el precio de los combustibles.
Tal parece que su iniciativa era avalada por Corral porque el Gobierno estatal convocó a una sesión urgente, celebrada este viernes, en la que participaron los dirigentes de las organizaciones, diputados federales y locales –de varios partidos, hasta del PRI–, funcionarios de la administración estatal y el gobernador.
Aunque se logró un acuerdo, el tiempo dirá si esto es lo mejor para el gobierno de Corral, por ahora sólo se puede anticipar que no lo es para los grupos que están contra el aumento de la gasolina, que ya se distanciaron y desgraciadamente las protestas siguen, no se logró contener las acciones que golpean a la ciudadanía, como tampoco ocurre con los sentimientos de traición entre ellos.
Todo esto pone en riesgo la paz y el orden público que deben preservarse por el bien del pueblo. Ayer la situación se desbordó en la zona Centro de ciudad, proliferaron marchas, se tomaron casetas de peaje en el puente Paso del Norte y esto provocó que muchos negocios en ese sector optaran por cerrar sus puertas ante el temor a sufrir saqueos. ¿Y la autoridad?
La corrupción y el derroche
Pero volviendo a la causa del gasolinazo, hay que decir que el fondo del problema es la desmesurada aplicación de impuestos sobre el combustible, en específico el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que grava en una forma desmesurada el producto. Aunque también pega el alza que sufren los combustibles en el mercado internacional, ya lo dijo el presidente Peña Nieto.
El problema se agrava porque casi la mitad del valor de la gasolina corresponde a ese impuesto y sobre ese monto, además, se grava el IVA. Esto eleva considerablemente el precio del combustible y provoca el rechazo del consumidor y de los empresarios gasolineros; estos últimos ya han planteado que este esquema les genera mucho problemas por la fuga de compradores a Estados Unidos y debido a que el esquema de subsidios establecidos para esos impuestos es por descuento, lo que los obliga a financiarlo con sus propios recursos y la mayoría asegura que no tienen que hacerlo, además, no les queda claro el método del sistema fiscal en el momento de operarlo.
Total que todo está muy revuelto. Lo único que queda claro es que los tres niveles de gobierno únicamente recaudan dinero de nuestros bolsillos para mantener una casta burocrática dorada con altos sueldos y fantásticas prestaciones, sin que aporte cosa alguna de utilidad social, a lo que debemos agregar el perjuicio social de que esta caterva de sanguijuelas practica reiteradamente actos de corrupción que sobrepasan sus emolumentos declarados en muchos niveles. Entonces tenemos tres problemas: uno, la insuficiencia de fondos; dos, la corrupción, y tercero, la necesaria apertura de mercados para atender el abasto de combustibles, pero buscar su solución a través de un aumento de precios lo único que ha generado es el enojo y la confusión.
Hacerlo cuando llevamos años conociendo de robos faraónicos de nuestros gobernantes sin una estrategia eficaz de contención de gasto público y sin haber logrado detener a personajes que nos han saqueado es aún peor. Parece una provocación. Para recaudar más se requiere legitimidad, algo que sigue perdiendo el actual gobierno. Las explicaciones de sus mensajes, por más que repita varias veces el mismo argumento, en nada mitigan la deplorable situación en que nos encontramos, tanto por el aumento de precio de los combustibles como por el despegue del proceso inflacionario que ya está aquí con gran fuerza.
Carroñeros y vendepatrias
Lo que sí nos queda claro es que todas las fracciones políticas existentes en México van a tratar de sacar astillas del árbol caído del peñismo y causa asombro que ahora simplemente quieran deslindarse de su responsabilidad política – hasta los priistas– porque, aunque en el PAN y el PRD hubo políticos que cuestionaron a sus dirigencias por considerar que con el Pacto por México se sometían al gobierno de Peña, en la práctica todos construyeron una interlocución con el secretario Videgaray; el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el ex canciller José Antonio Meade, hoy al frente de la SHCP, y Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de Los Pinos y ahora en la SEP.
¡Todos fueron vendepatrias! Imposible vaticinar hasta dónde llegará el flamazo de esta primera semana del 2017 de repudio contra el gobierno.
Por lo pronto el megagasolinazo hace trizas a una partidocracia literalmente carbonizada, atónita frente a las imágenes del caos que ellos mismos apoyaron.