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El Diario de Chihuahua | Viernes 06 Enero 2017 | 00:01:00 hrs

¿Quién pagará las millonarias pérdidas?
 
Puestos a un lado los saqueos en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, realizados por delincuentes oportunistas sin contenido político, en ningún otro estado de la República las organizaciones de presión reaccionaron con tamaña beligerancia al gasolinazo, como en Chihuahua.

Todas las vías importantes de la entidad, incluidos cada punto estratégico de la autopista central, las instalaciones petroleras, presidencias municipales, recaudaciones de rentas, oficinas del SAT tomadas durante más de 96 horas sin que ninguna autoridad interviniese para detener la anarquía.

Después las secuelas: desabasto de gasolinas en estaciones de servicio, la industria atenuada por falta de insumos y detenida la exportación de sus productos, perdiendo 14 millones de dólares diarios, conductores en filas interminables que simulaban escenas de una catástrofe, el fallecimiento de un octogenario, volcaduras de automovilistas, conatos de violencia...

Durante los primeros cuatro días del año, Chihuahua se “oaxaquizó” ¿Por qué? La primera explicación de observadores independientes, es que el Gobierno del estado, avalado por el propio Javier Corral, alentó por lo bajo el movimiento, pretendiendo enviar un mensaje altisonante hasta Los Pinos.

El uno de enero Javier Corral dirigió un mensaje a los chihuahuenses, en el que usó reiteradamente frases como “gatillazo de bomba despachadora” “comprendo y acompaño a los manifestantes” “seré garante de las libertades de expresión y manifestación” “me uno a las voces de las y los chihuahuenses que…”, “las fuerzas del orden nunca actuarán contra las manifestaciones…”.

Desde luego que se cuidó hablando de manifestaciones pacíficas, de no permitir el daño a terceros, de que liberen carreteras, instalaciones petroleras y presidencias municipales y demás oficinas tomadas. Pero en el mejor de los casos, su mensaje del martes 3 de enero, por ambiguo, alentó las protestas y sus atroces consecuencias.

Al otro día, Martín Solís, conocido activista de El Barzón que un año atrás vandalizó Palacio de Gobierno, ahora contratado como director de Fomento Agropecuario por la actual Administración, propuso la redacción de un pronunciamiento común contra el gasolinazo, firmado conjuntamente por el Gobierno estatal y las organizaciones de presión.

Solís detalló en seis puntos las condicionantes del Gobierno para la firma del documento, el primero de los cuales era “que el pronunciamiento contra el llamado “gasolinazo” sea encabezado por el gobernador Javier Corral”; el cuarto “establecer que el Gobierno del estado es un aliado de los chihuahuenses y por lo tanto luchará porque se derogue el decreto que liberó el precio de los combustibles”.

¿Hablaba Martín Solís por iniciativa propia y solidaridad con sus camaradas de lucha, a solicitud del superior inmediato, Víctor Quintana, otro funcionario estatal formado en los grupos profesionales de protesta, o mandatado por el propio gobernador Corral? Mientras ambos siga en el gabinete, la respuesta obvia es que sus mandos superiores estaban de acuerdo.

No se quedaron en mera iniciativa, el Gobierno estatal convocó a una sesión urgente en la que participarían los dirigentes de las organizaciones, diputados federales y locales, funcionarios de la administración estatal y el gobernador. En ese encuentro firmarían el manifiesto, pidiendo al Gobierno de Peña la derogación del impuesto y una revisión profunda al esquema de Coordinación Fiscal, temas esbozados por Corral en su mensaje.

Finalmente no firmaron nada, para entonces la rispidez entre organizaciones y Gobierno crecía en la misma intensidad de las manifestaciones y el vacío de diputados federales, tanto del PAN y PRI, como de otros partidos, hacían inviable el documento. Quizás en ese momento no lo supo, pero fue lo mejor que pudo sucederle a Corral.

El aparente rompimiento de Gobierno y las organizaciones, explica también la reacción contra el gobernador, de los dos principales dirigentes del movimiento subversivo. Édgar Olivas, líder de los transportistas, se condujo hasta grosero, hablando de que cuando la perra quería el hueso era muy brava y ahora resultó chimuela. El reclamo, menos ácido, a Corral también lo dejó en medios Heraclio Rodríguez, de El Barzón, hablando de traiciones.

Cuando al tercer día por fin se percataron de las consecuencias del bloqueo, los dirigentes se sintieron traicionados y voltearon contra el gobernador, pero ni así Corral se atrevía a movilizar la fuerza pública. Su resistencia a enviar los antimotines causa asombro, veía que todo Chihuahua sufría por la parálisis, perjudicado por unos cuantos y ni así.

Hasta que por fin, en otra reunión, empresarios ligados al PAN lo conminaron –desesperados– a tomar acciones determinantes. Por eso hasta la mañana el jueves es que empezaron a desactivar los puntos principales de bloque, la caseta de Camargo al medio día, y ayer por la tarde persistían en Casas Grandes, con el alcalde encabezando la rebeldía.

Desde luego, la causa principal de protesta está originada en el atraco del Gobierno peñista, avalado por diputados y senadores del PRI y el PAN, que en Chihuahua, a reserva de su mejor opinión, el caos alcanzó niveles insospechados amparado en la complicidad de su gobernador, según –como se dijo arriba- observadores independientes. Parte de los hechos ahí están, quedan a juicio de los lectores.

 


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