The New York Times
2016-12-09
Nadie sabe aún qué hará Donald Trump respecto a las leyes de inmigración. Un mes después de los comicios, el presidente electo no dista mucho del candidato: errático, contradictorio y con principios y políticas confusos.
Pero los estados y ciudades que aprecian a los migrantes, incluyendo a los indocumentados, no pueden darse el lujo de esperar.
Están preparando una confrontación, construyendo defensas para proteger de la próxima administración a las familias y los trabajadores.
Temen que Trump, quien se declaró a favor de deportaciones masivas, deshumanizando a migrantes y refugiados, eliminará la aplicación de las leyes de inmigración a criterio.
Entienden que no todos los indocumentados son criminales, que no todos deben ser detenidos o deportados y que el país no puede forzarlos a salir, por las fallidas reformas a una injusta ley de inmigración.
Pero saben que los ideólogos nacionalistas y los supremacistas blancos que rodean a Donald están ansiosos de que él sea despiadado.
Saben que si hace algo parecido a lo que reiteradamente ha prometido –redadas para sacar del país a millones de indocumentados, triplicar el número de agentes migratorios, revocar de inmediato la acción ejecutiva de Obama para blindar a personas jóvenes de la deportación y retirar fondos federales a aquellas ciudades que defienden a los migrantes–, se justificará su prudencia.
Trump informó que eligió al general retirado de la Marina, John Kelly, para dirigir el Departamento de Seguridad Interna, quien parece ajustarse al patrón del presidente electo de no ver a los migrantes como un recurso que puede aprovecharse, sino como una amenaza que hay que combatir, comenzando por la frontera.
El general Kelly, que encabezó el Comando Sur de los Estados Unidos, advirtió el año pasado al Congreso del peligro de terroristas y “armas de destrucción masiva” provenientes de México. Y aunque admitió no tener evidencia, de todas formas emitió la alerta.
En las comunidades donde más habitan inmigrantes en Estados Unidos hay más temor. Los proyectos de ley presentados esta semana en la Legislatura del Estado de California los confrontan directamente. Uno crearía un programa para financiar servicios legales para los migrantes que pelean contra la deportación. Otro proveería capacitación y asesoría sobre leyes de inmigración a las oficinas de defensores públicos. Al llegar la ‘limpia’ -y Trump dijo que buscará sacar del país de dos a tres millones de personas de inmediato- muchos necesitarán abogados.
El tercer proyecto de ley, el de mayores consecuencias potenciales, busca asegurar que California nunca será cómplice de la deportación masiva. Su patrocinador, Kevin de León, el presidente pro tempore del Senado de California, lo llama la Ley de Valores de California, acorde con un estado que es casi 40 por ciento hispano, y donde uno de cada cuatro residentes es de origen extranjero. Esto impediría que los recursos estatales o locales fueran utilizados para la aplicación de la ley de inmigración, lo que le compete estrictamente al gobierno federal. Ninguna corporación estatal o local podría detener o transferir a ninguna persona -sin una orden judicial- para que sea deportada.
Nada en el proyecto de ley obstruiría al gobierno federal, pues no es una anulación de las leyes federales o una rebelión contra la Constitución. Se mantiene la Cuarta Enmienda, se evita la búsqueda y aseguramiento irrazonable de indocumentados, para que las madres y los padres puedan ir a trabajar y los niños vayan a la escuela sin temor a perder uno al otro. Se mantiene la Primera Enmienda, por lo que los jornaleros pueden pedir trabajo en una banqueta. Permite que la policía local conserve la confianza y cooperación de las víctimas de crímenes y de testigos, que no temerán a cada encuentro como un preludio a la deportación.
"Nadie quiere gente mala en nuestras comunidades o vecindarios, o en las calles", dijo De León, en particular la policía local y estatal. "Siempre irán tras el violador, el traficante, el criminal violento; Lo hemos dejado muy claro".
Esperan que Trump y su equipo de asuntos migratorios, encabezado por Jeff Sessions, senador de línea dura, e ideólogos como Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas, denuncien todos estas medidas de ofrecer santuarios a delincuentes peligrosos.
Pero al trazar una línea clara entre la aplicación federal de leyes de inmigración y la policía local, la Ley de Valores de California promovería aplicarla de forma más inteligente y eficaz. Los agentes locales seguirían manteniendo la paz, y ante las amenazas criminales -validadas por una orden de un juez- cooperarían con agentes federales. Pero si el gobierno de Trump comienza las redadas de aquellos que no representan ningún peligro, es decir, delincuentes menores y no criminales, estacaría escuelas, iglesias, negocios y hogares, los oficiales locales y estatales no trabajarán en eso.
"No estamos buscando pelear con el presidente electo y su administración", dijo De León. "Nos guían los principios de justicia y dignidad para todas las personas".
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