Oscar Fidencio Ibáñez Hernández
2016-12-09
Existen en nuestra ciudad áreas que son una vergüenza para toda la comunidad, fraccionamientos diseñados en áreas inundables, atravesados por canales de irrigación y de aguas residuales, sin el equipamiento urbano mínimo, con obras de colectores y agua potable mal diseñadas o construidas a medias, sin acceso a transporte público y sin vigilancia policiaca.
Una joven mamá camina de la mano de su hijo entre miles de viviendas abandonadas vandalizadas, entre pavimento destruido y las evidencias de lodos secos de inundaciones en la zona, a unas cuadras de las áreas de control de delincuentes y a pocos metros de canales que transportan aguas residuales, la imagen parece una versión contemporánea de un cuento de Dickens.
Lo más grave de esta realidad es que ni siquiera fueron empresarios los causantes directos de esta catástrofe social, sino el Gobierno del estado presidido por el exgobernador Patricio Martínez a través del Instituto de la Vivienda de Chihuahua hace poco más de una década. El Gobierno que debe velar por los intereses de la comunidad, realizó un desarrollo que empobreció más a miles de familias de jóvenes trabajadores, y a otros además los condenó a vivir en condiciones de exclusión.
La prepotencia y ambición del exgobernador lo llevó a modificar la planeación de la ciudad para forzar los desarrollos habitacionales de Riberas del Bravo, donde dejó la infraestructura a medias, desvío recursos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para hacer obras inútiles en áreas de difícil acceso y sin agua de calidad, los tanques elevados abandonados en la zona son monumentos a la estulticia e irresponsabilidad de funcionarios, que hicieron obras sin considerar la desgracia social que estaban provocando.
Las sucesivas inundaciones sufridas por la gente que aún vive ahí, los ha llevado a perder su patrimonio, las descargas de agua residual tratada mezclada con aguas negras de la zona que aun hoy no cuenta con la infraestructura de drenaje y tratamiento, son una condición de insalubridad que afecta la calidad de vida de todas las familias, y encima de estas desgracias del urbanismo, la inseguridad que se enseñorea de la zona es una realidad y al mismo tiempo un signo brutal del fracaso comunitario.
La cercanía con el Río Bravo y su condición de marginación y abandono gubernamental, ha generado un proceso de captura territorial por parte de los delincuentes que utilizan la zona para el trasiego de droga, por lo que a la condición de mala calidad urbana se suma el ambiente de criminalidad.
La displicencia de las autoridades gubernamentales posteriores para solventar la barbaridad operada por Patricio Martínez, se muestra en dos infraestructuras inútiles construidas en los márgenes de esas colonias, un centro comunitario y un centro contra las adicciones, obras costosas sin inserción social ni beneficio, parecieran limosnas sembradas en la zona a manera de expiación de las culpas de la sinrazón.
Esa zona, como otras en Juárez, requiere atención urgente, primero con un rescate territorial que debe incluir acciones de seguridad, de demolición de viviendas abandonadas y delimitación de zonas e infraestructura para prevenir inundaciones, de modificación de la conducción de las aguas residuales para evitar que atraviesen las zonas habitadas, y de dotación de la infraestructura de salud y el acceso seguro a transporte público.
Las acciones del Gobierno deben ser acompañadas por ejercicios de planeación participativa con la comunidad, que permitan atender las prioridades y al mismo tiempo involucrar a los residentes en la reconstrucción de los espacios que si sean factibles de rescatar.
Como parte de la intervención en esta zona y otras similares, toda la comunidad de Juárez debe ser sensibilizada sobre los efectos de las pésimas decisiones tomadas por actores políticos que aun hoy ostentan cargos públicos, y que por lo menos deben ser señalados por su responsabilidad en la tragedia.