Opinion

LA COLUMNA

De Los Reporteros

2016-12-05

-Osorio y Cienfuegos aquí por cumbre de Seguridad
-Debate Cabildo estacionamiento de fiscal
-Exprocurador Molina se integra a Tribunal estatal

El Gabinete de Seguridad federal, que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se congregará hoy aquí para analizar las estrategias comunes contra la delincuencia en los 50 municipios considerados más violentos de México entre los que la Federación volvió a incluir a Ciudad Juárez.
A la cumbre que se celebrará al mediodía, se tiene contemplada la asistencia del gobernador Javier Corral y del alcalde independiente Armando Cabada, quienes tienen todavía un diferendo político en el tema por el nombramiento de mandos policiacos municipales.
Los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, además del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y, del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz, también son esperados, confirmó ayer el secretario de Gobierno estatal, César Jáuregui.
Sin embargo, el funcionario hizo hincapié en que esta frontera ya no es la más violenta, aunque consideró que deben aplicarse aquí los esquemas que se plantearán hoy. La misma posición adoptó el presidente municipal la semana pasada cuando pregonó una disminución en la violencia en el mes de noviembre, comparado con octubre.
Ambas posturas de adelantar vísperas, despertaron críticas debido a que en Juárez se tienen reportados en lo que va del año más de 400 homicidios y reuniones como la de hoy no se dan todos los días.
Por esto último, se espera que en la reunión considerada de alto nivel, los gobiernos estatal y municipal hagan a un lado cualquier diferencia que tengan y aprovechen el escenario que se presenta y juntos expongan realidades, pidan colaboración y exijan resultados en la materia.

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La contratación de más deuda vía bursatilización de los ingresos carreteros que contempla el Estado y que a partir de hoy analizará el Congreso, ya despertó fuertes críticas de diversos sectores, entre ellos la iniciativa privada y el PRI que no podría faltar.
Entre quienes señalan al nuevo gobierno por este tema se encuentra el excandidato priista a gobernador  Enrique Serrano Escobar, quien a través de las redes sociales consideró que Javier Corral está realizando lo mismo que criticó, utilizando la salida fácil de contratar más crédito en vez de aplicar políticas de austeridad.

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Llamó la atención ayer el mensaje enviado por Cabada a los trabajadores sindicalizados para exponer los motivos que tiene para embestir al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio y a las 97 personas que fueron afiliadas por la vía exprés al finalizar la pasada Administración.
El edil afirmó que el objetivo es evitar el favoritismo y los actos de ley que afectan a todos los ciudadanos, especialmente a los mismos burócratas, a quienes dijo, se les quitan oportunidades de superación por privilegiar a otros. El ahorro para buscar recursos para obras como el bacheo también fue añadido a la lista.
En tanto, el Tribunal Laboral Municipal mantiene en suspenso su decisión de validar la elección de los líderes del SUTM y los juicios laborales que se desprendieron del conflicto, se enteraron ayer Los Reporteros.
Quienes conocen esa instancia laboral nos comentan que los casos pudieran ir para largo por las condiciones precarias que privan ahí, donde la secretaria de acuerdos es la misma que hace funciones de asistente y hasta le toca llevar notificaciones. A ese paso, dicen, algunos de los juicios se han resuelto en años. Así las cosas.

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El tema de los dos estacionamientos que vendió el Municipio –uno de ellos adquirido por el fiscal César Augusto Peniche– llegó ayer al Cabildo, donde se acordó ordenar a la Contraloría municipal realizar una revisión a esa enajenación y de encontrar anomalías, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
Los ediles y el mismo alcalde no se explican cómo la OMEJ se deshizo de dos de los aparcaderos considerados más rentables y que siguen funcionando como tales. Así lo manifestaron ayer. Muchos consideran que la respuesta la pudiera tener la anterior titular de ese organismo descentralizado y actual coordinadora administrativa de Asentamientos Humanos, Maribel Posada.
Sobre el lugar adquirido por el fiscal, se sabe que el funcionario estatal adquirió el inmueble ubicado en la avenida Juárez a precio de ganga, se lo vendieron como predio, sin contar lo que el Municipio invirtió en los cajones, casetas y seguridad. Pagó casi 3 millones de pesos por la propiedad que está valuada al doble.
Sin embargo, en los mismos pasillos de la Presidencia se comenta que Peniche se valió de la mediación de la anterior Administración estatal y en este caso falta saber si la actual que preside Javier Corral volverá a intervenir, pero ahora para que la propiedad le sea devuelta al Municipio, aplicando una política que ya usó el nuevo gobierno de Veracruz para recuperar sus bienes y que el mandatario presenció personalmente la semana pasada.

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El Cabildo de Juárez aprobó también la venta de los 50 camiones propiedad del Municipio que fueron utilizados originalmente en el ViveBús y por los que la empresa Intra pagaba una renta al gobierno.
El acuerdo generó polémica entre los ediles, quienes coincidieron en que deben venderse, pero se pronunciaron por una revisión a los términos del arrendamiento hacia la empresa que dirige el actual director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez.
La oposición fue insistente en que hubo irregularidades tanto en la adquisición que realizó el Municipio en la administración de José Reyes Ferriz, cuando se pagaron 110 millones de pesos, un precio considerado superinflado, como en la renta casi a préstamo que benefició al concesionario del transporte semimasivo.
Cabada aunque defendió el arrendamiento de la empresa que sigue dirigiendo su subordinado, aceptó que la Contraloría presente un informe al Cabildo, en particular de los avalúos que se utilizarán para la venta a una de dos empresas que están interesadas en ellos.

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Quien finalmente se integró al “nuevo amanecer” fue el político panista Francisco Molina Ruiz, quien desde 1992 hasta 1996 se desempeñó como procurador de Justicia en el periodo del exgobernador Pancho Barrio, actividad que dejó cuando fue nombrado comisionado del entonces Instituto Nacional de Combate a las Drogas, donde permaneció ocho meses, cuando fue sustituido por el general protector del “Señor de los Cielos”, Jesús Gutiérrez Rebollo.
En esta ocasión, el exfuncionario federal quien también fue senador, se integró al Poder Judicial del Estado como director jurídico, donde será el brazo derecho del magistrado presidente Julio César Jiménez Castro, que asumió hace casi un mes.
La llegada de Molina a esa instancia volvió a poner en tela de juicio la autonomía de la máxima Corte estatal y fueron numerosos los comentarios que ayer se refirieron al rumbo que tomará esa esfera de justicia, en particular, en los procesos que se comenzaron a presentar en contra de funcionarios de la pasada Administración estatal.

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En el mismo Tribunal Superior de Justicia, se comenta que el presidente magistrado Jiménez Cacho busca influir en la elección de la magistrada en favor de una de las integrantes de la terna que el Congreso del Estado analizará para elegir a quien ocupará de manera provisional la Sexta Sala de lo Civil.
Los intrigosos apuntan a Cristina Orozco, la secretaria del juez que sustituyó a Gabriel Sepúlveda el mes pasado.
La aspirante a jueza va en la terna junto con Rebeca Pizarro Michelle y Karla Reyes Orozco.

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En el Palacio de San Lázaro, los coordinadores parlamentarios definirán esta semana si habrá bono navideño o no para todos los diputados por la cantidad de 150 mil pesos.
El recurso proveniente de una partida secreta, ya causó polémica en la Ciudad de México y los legisladores se han estado pronunciando a favor y en contra. La excepción son los que representan a los chihuahuenses, quienes con su silencio ya manifestaron su postura a favor de recibirlo.
Sin embargo, en otros casos como los de las curules del PRD analizan donarlo a sugerencia de su mismo partido, mientras que el legislador independiente Manuel Clouthier resonó con sus álgidos comentarios en redes sociales donde considera que no es válido recibir una prestación adicional. Para eso ya tienen un aguinaldo.

 

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