Gobernantes reprobados

Arturo Mendoza Díaz

La encuesta hecha por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua señala que el presidente de la República, el gobernador y el alcalde de Juárez tienen mala imagen y su desempeño es reprobado por la ciudadanía.
Peña Nieto, con 3.7, obtuvo una calificación similar a la de otros estudios realizados. Mucho le afectaron los casos de sobra conocidos y, más todavía, la idea de que protege a César Duarte.
Por otro lado, sorprende que Javier Corral, sacó 4.43, y Armando Cabada, con 4.54, a unas cuantas semanas del comienzo de su labor administrativa, hayan reprobado.
El alcalde desde hace días acapara los titulares de los medios informativos en el estira y afloja con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, un affaire en el que los ciudadanos están de acuerdo en que defienda los dineros del erario.
En cambio hay un sentir muy difundido acerca de que Javier Corral está gobernando Chihuahua como el ave de tempestades que siempre fue, y de que debe dejar de comportarse como miembro de la oposición o candidato en campaña.
Sin duda, su acceso al Palacio de Gobierno se relacionó con la cuestionada actuación de César Duarte como Ejecutivo estatal y la omisión de Peña Nieto, en poner freno a sus desmanes. 
De ahí el hartazgo nacional y el voto contra el PRI, después de que Corral empleó esa situación en su campaña. Por ello Duarte debe de estar en la mira de las esferas de gobierno federal y estatal, lo cual llevó al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, a promover un amparo.
A Peña Nieto el hecho de que se proceda contra el exgobernador le serviría para reivindicarse, al igual que de cara a la sucesión presidencial de 2018, en tanto que a Corral le sería útil para cumplir su promesa de meterlo a la cárcel.
Y no es nada más eso. La demanda interpuesta otra vez por Jaime García Chávez contra Duarte en la Fiscalía General del Estado hace eco a un deseo generalizado de que su presunto mal proceder no quede impune.
Ahora bien, entre los problemas de urgente solución está la violencia en la sierra, aunada a la del Valle de Juárez, donde se acaban de detectar campamentos clandestinos y la presencia de grupos armados.
Esto no empezó con el gobierno de Corral, mas para el caso es lo mismo, ya que como primera autoridad estatal, a él le corresponde dictar las medidas necesarias para que haya seguridad.
En efecto, para ello la creación de una policía rural puede ser buena, si dispone de armas iguales o mejores que las de los criminales y no incurre en lo que hacían algunos agentes estatales en Juárez, allanando moradas de gente honesta.
Pero donde, sin necesidad, hay una áspera confrontación es entre el Estado y la Sección 8 del SNTE. De eso habla la denuncia que ante la Fiscalía General hizo Manuel Arias Delgado, jefe de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
Según esto, el Comité Ejecutivo de la Sección 8, y en particular Alejandro Villarreal, exdirigente, desviaron 6 millones 800 mil pesos. Villarreal dijo que Arias desconoce el procedimiento administrativo, y “no sólo es ignorante, sino pendejo…”
Asimismo, la postura de Javier Corral es avasallante en cuanto a la Sección 8, al buscar la desaparición de algunas delegaciones sindicales, para formar otras que sean afines a su gobierno.
Estas “minucias”, además de otras no citadas por falta de espacio, deben ser tomadas en consideración por Corral, si desea la aprobación ciudadana: Si se cree que Duarte es culpable de lo que se le acusa, un debido proceso aclararía la situación.
La región serrana y el Valle, por otro lado, deben dejar de ser cotos de los delincuentes, y eso se logrará, aparte de con una policía rural, si se tiene el apoyo federal y, en el caso de la sierra, si hay una colaboración eficaz del gobierno de Sonora.
Finalmente, en cuanto a la Sección 8, es menester que haya negociaciones. Para eso es la política. Cuando Francisco Barrio era gobernador tuvo relaciones aceptables con esta sección, uno de cuyos dirigentes fue Eloy Gómez Pando.
Su administración es joven, y de él depende que su imagen cambie, afrontando los problemas de su parcela como un estadista. Si no es así, la ciudadanía lo seguirá reprobando.