Adela S. González
2016-10-23
Las reacciones del PRI contra el Estado y su nuevo gobierno explotan cual maíz palomero en microondas. Dos organizaciones eminentemente priístas que aglutinan maestros y transportistas, levantan las armas con exigencias y protestas que la sociedad sanciona en tanto pregunta por qué no procedieron igual contra el gobierno anterior del que vienen estos problemas agravados por la falta de dinero, porque deben saber que su jefe anterior dejó las arcas vacías y de momento no se les puede responder.
Estas maniobras cuya intención es naufragar al Ejecutivo estatal, fueron sospechosamente activadas tras la visita del líder nacional priísta Enrique Ochoa, quien dio pie a una intensiva preparación de escenarios y participaciones para los siguientes procesos electorales en los que entran la alcaldía de Juárez y la presidencia de la República.
Preparémonos los chihuahuenses en la mira del desquite, pues conociendo al priismo lo menos a esperar es un partido bien portado, desde siempre acostumbrado a la corrupción en estado puro. No cambian.
Una gota derrama el vaso y en estos momentos, la exigencia ciudadana para su gobernador es actuar con energía y apegado a la ley a fin de evitar que la entidad sea escenario de situaciones multirepetidas en la capital de la República donde comprobado está, diálogo y negociaciones no funcionan. Hoy exigen pagos atrasados los maestros y los transportistas sueldos y concesiones, mañana algo más habrá de inconformarlos.
Lo opuesto al apapacho del líder tricolor a sus congéneres chihuahuenses hubiera sido una descalificación al pollito veracruzano en fuga y al anterior de Chihuahua, partes del desplome del partido que cuenta con asideros prestos a sacarlo de la cima como ocurrió en la primera alternancia federal con los gobernadores, beneficiarios indiscutibles del cambio político que les permitió crecer sus propias ínsulas de poder. Maestros y transportistas arremeten no contra el gobierno que contraría sus intereses sino contra la sociedad a la que perjudican.
Hay que distinguir entre lo que es la autonomía municipal y la sumisión practicada por los gobiernos locales, priístas todos, frente al orden inmediato superior. La autonomía se estipula en ordenamientos legales pero es manejable sin afectar su espíritu. El alcalde Armando Cabada debe reconocer que hay autoridad sobre autoridad y una línea de respeto mutuo que en automático marca rumbos y distancia.
Son los nombramientos para Seguridad fuente de la polarización mientras la violencia los rebasa superando en lo transcurrido de octubre la cantidad de asesinatos del 2013 (El Diario, 10-17) cifras alertantes para el alcalde que confía en el exfiscal mitad apoyado, mitad rechazado quien se deja querer y guarda silencio.
En este punto cabe reflexionar si realmente las acciones del pasado gobierno fueron tan efectivas como se ha dicho pues difícil pensar en por qué, tras la pérdida electoral del PRI, la violencia se desata lanzando de nueva cuenta a Juárez a la espiral del miedo. Los ciudadanos pensamos que la violencia se mantuvo en los mismos niveles pero frenada la información escandalosa y el conteo riguroso de asesinatos, ateniéndose a que lo que no se difunde no se conoce ni hace estadísticas la presión por la inseguridad “declinó” al hacer creer falsamente en la disminución delincuencial.
No esperamos a un súper-genio-hombre al frente de la SSPM, sin embargo, la clave no está en quién dirija, ni cuántos policías se tengan y hagan bien su trabajo lo que realmente reducirá la problemática delictiva es mejorar la economía, la educación, el entorno social, y arremeter contra la impunidad pues mientras los criminales sigan sin pagar lo que hacen ni el mejor policía del mundo, incluido un ex fiscal puede dar resultados.