Gerardo Cortinas Murra
2016-10-23
La aprobación del proyecto de presupuesto de Egresos 2017 del IEE revivió, de nueva cuenta, la discusión pública el tópico de las compensaciones burocráticas que reciben los funcionarios públicos. Tema añejo y que ninguna administración estatal ha intentado darle una solución definitiva; a pesar de ser una descarada práctica de evasión de impuestos.
La novedad, en esta ocasión, es la postura asumida por el Gobernador en el sentido de que “realizará una reestructuración de salarios de servidores públicos e incluso se analiza la homologación conforme a la responsabilidad y funciones de los servidores públicos… (en) los salarios que perciben los funcionarios existen mecanismos de corrupción, porque los sueldos que perciben los empleados de Gobierno son menores a las compensaciones”.
Al respecto, Javier Corral fue enfático al expresar que va a hacer muchos ajustes en un sistema que no está claro de ingreso salarial y compensaciones: “Lo que vamos hacer es un tabulador único, incluso para homologar salarios de igual responsabilidad y función ya que hay unas disparidades tremendas… con este mecanismo se busca atajar las formas de corrupción y llevar a la transparencia los salarios reales de los funcionarios”.
Y no solo eso, además la actual administración estatal pretende implementar un ‘plan de ajustes’ en las nóminas del gobierno de cara a la crisis económica que padece el país. En este rubro, en el año 2013, en una colaboración editorial (Sueldo íntegro burocrático) hice referencia a la reforma a la Constitución del Estado, mediante la cual se adicionó el Art. 165-Bis, para incrustar el concepto jurídico del ‘sueldo íntegro burocrático’.
En este principio constitucional laboral en materia de salarios de los burócratas estatales, municipales y de los organismos autónomos, se establece: “Los servidores públicos del Estado, de los municipios, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
A partir del año 2013, el salario burocrático se integra con “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.
Asimismo, de manera expresa, se consigna que todos los servidores públicos estatales y municipales tendrán derecho a “recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo; misma que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
Por desgracia, en la praxis política, las compensaciones que reciben los funcionarios públicos han generado mayor corrupción, por dos motivos: el primero, porque nada tienen que ver con la calidad en el desempeño y responsabilidad de sus cargos; y segundo, porque son extremadamente excesivos y carentes de racionalidad administrativa.
En efecto, el monto de las compensaciones salariales que reciben los altos funcionarios de gobierno y de los municipios representa, en la inmensa mayoría de los casos, más del 300% de su sueldo. Veamos los ejemplos más destacados: Los magistrados del TSJ y los magistrados del TEE, reciben por concepto de compensación más del 500% de su sueldo nominal; los consejeros del IEE pretenden recibir una compensación superior al 400% de su sueldo nominal. En cambio, la compensación del Gobernador es de tan solo el 150% de su sueldo nominal.
A mi parecer, la solución más apropiada para erradicar este factor de corrupción pública sería eliminar las compensaciones y subir el sueldo nominal de los burócratas, para que de esta forma, paguen impuestos por el total de sus ingresos laborales.