Sergio Conde Varela
2016-10-20
Conviene que anotemos en este comentario que los chihuahuenses por nacimiento o por adopción podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero los funcionarios municipales y estatales solo deben hacer lo que la ley manda. Así funciona el traído y llevado estado de derecho.
Esto importa, porque pareciera que cuando una persona es designada para un cargo público, hecho que está sucediendo en nuestra entidad, pareciera que el designado adoptara la repudiada frase del que manda manda, y si se equivoca vuelve a mandar.
Ahora los nuevos presidentes municipales deben saber, que el gobernador Javier Corral Jurado, es el jefe superior de nuestro estado, provincia o territorio como queramos llamarlo. Lo anterior no es por ocurrencia sino porque así lo manda la Constitución Federal y la particular del Estado, por ejemplo en el caso del artículo 115 de la Federal y el artículo 93 fracciones XII y XIII de la estatal que establece la facultad de ordenar a las policías preventivas el gobernador constitucional de Chihuahua, como jefe de ellas, en los asuntos específicos que se determinen.
Que no haya confusiones, cumplir con las leyes es obligación de los gobernantes y no debe sujetarse a los deseos personales de estos, sino al alcance que tienen los ordenamientos para que viva en paz la comunidad que dirigen.
Por otra parte, se ha metido en el desarrollo de la función pública la idea equivocada que tienen algunas personas que prestan trabajos en las dependencias, que se trata de ganar dinero a raudales derivado de los presupuestos públicos y esta es una enfermedad que padecen nuestras finanzas de gobierno, porque con el cuento que se ayudó en una campaña se exigen prebendas y en ellas contratos realizados por personas poco profesionales y el resultado es la afectación a la sociedad por el pago de mucho dinero y de servicios pésimos, por la falta de vigilancia.
Debemos establecer una diferencia abismal entre la empresa privada y la administración pública. La primera persigue la ganancia que sus integrantes hayan planeado con ética y profesionalismo, cuyos volúmenes y calidad ellos la determinan para la ganancia lícita; en la administración pública todo debe establecerse en la ley y en los presupuestos debidamente aprobados.
Ahora bien, no es posible que no sepamos los chihuahuenses en que se gastó los más 50 mil millones de pesos que dejaron como déficit los gobiernos anteriores de Chihuahua (37 mil 500 millones de César Duarte y 13 mil 500 millones, de Reyes Baeza). Esto se debe saber a fondo, porque el gasto público es el que hace el estado para hacer frente a las necesidades públicas y debe determinarse con precisión y además justificarse su empleo de manera puntual.
Si una cantidad tan elevada no se comprueba ni se demuestra claramente no solo su erogación sino el resguardo que de ella se hizo, existen responsabilidades oficiales de los manejos de esos dineros de acuerdo a la ley.
Viviendo nuestra tierra a lo largo y ancho una crisis de singular tamaño que afecta ejidos, rancherías, ciudades como la nuestra, actividades importantes como la minería, agricultura, actividades ganaderas en pequeño, es absurdo que se haya elevado la desorbitante suma a tantos millones y sin saber de los beneficios de su inversión como se supone que un presupuesto de gastos lo ha de haber determinado con justicia para fines generales y no particulares. Esto ha paralizado más a grupos marginados.
El gobierno esta y estuvo obligado a cumplir con la ley. Si no lo hizo tendrá que atenerse a las consecuencias, porque un gobierno no debe usarse para fines particulares de los gobernantes, mucho menos con los dineros de la gente y usarlos en fortunas particulares que a nada conducen, porque son dineros atrapados por piratas de los presupuestos públicos que hunden en la pobreza extrema a pueblos generosos como el nuestro. De verdad