Luis Javier Valero Flores
2016-10-19
Muy temprano el gobierno de Javier Corral sufrió el embate de tres de los monstruos endémicos (si se permite tal libertad literaria) de la sociedad mexicana: La mafia sindical del magisterio, la del transporte urbano y la de las bandas criminales.
Lo hace en medio de una gravísima crisis económica e institucional, derivada del verdadero desastre dejado por la administración de César Duarte.
Es de tal severidad el embate que lo obligó a cambiar una errónea actitud asumida frente al último eslabón, y el más débil, de las cadenas de los medios de comunicación, los reporteros. Quizá por primera ocasión en su gobierno, salió a responder los cuestionamientos de los reporteros que, y hay que enfatizarlo siempre, no son los responsables ni beneficiarios de la línea editorial del medio de comunicación en el cual trabajan.
En los días previos fueron tratados hasta con desdén por el gobernante.
Los choferes de una parte de las rutas alimentadoras del transporte urbano de la capital se excedieron en sus manifestaciones del martes en la capital; además de impedir el acceso vehicular al Palacio de Gobierno bloquearon las más importantes avenidas de Chihuahua y produjeron un impactante caos en la ciudad.
Por ello, el desalojo de los choferes en la madrugada de ayer recibió un casi unánime respaldo de los capitalinos y dio pie a unas lapidarias declaraciones del gobernante: El Estado asumirá control del transporte, por una parte, además de que, dijo, “no permitirá ser tratado como Duarte” por los choferes; que no caerá “en los chantajes de los operadores”; anunció “la construcción de manera ordenada de la segunda y tercera ruta troncal del ViveBús”, con la posibilidad de que participe la Iniciativa Privada y la apertura de procesos penales contra quienes bloquearon las vías de comunicación.
“Los transportistas deben medir muy bien el agua a los camotes, este gobierno tiene la legitimidad del pueblo de Chihuahua y vamos a responder a los chihuahuenses”. (Nota de Diario de Chihuahua, 19/X/16).
Sin embargo, como todo en el sistema del transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, nada está claro y está pendiente de resolverse que la autoridad informe con plena transparencia sobre el recaudo del pago de los usuarios.
La última legislatura duartista aprobó la creación de un fideicomiso que se haría cargo del recaudo, cuyo titular debe ser nombrado por el gobernador de Chihuahua.
La pregunta brota sola ¿Quién sabe acerca de los ingresos de las rutas alimentadoras? Como diría el insigne investigador mexicano, Alfonso Quiroz Cuarón, basta con seguirle la pista al dinero para encontrar la irregularidad y los culpables.
Porque Corral aseveró que el Gobierno no responderá al pago de los trabajadores, pues, dijo, “eso es una obligatoriedad de los concesionarios”.
Y por otra parte ¿Cuánto dinero se ha gastado en el sistema de transporte de Chihuahua? ¿Cuánto dinero les entregó el gobierno de Duarte a los concesionarios? Probablemente ahí podamos encontrar explicación a la furibunda reacción del dirigente de la CTM, Doroteo Zapata, ante el desalojo de los camiones, casi dijo que incendiaría Chihuahua, “si eso quiere Corral”.
Por otra parte, y quizá ese sea el problema mayor, la cúpula magisterial decidió enfrentar al nuevo gobierno, empeñada a no perder el control de la educación en el estado, a través de las posiciones mantenidas en su poder a lo largo de las últimas dos décadas en la estructura de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
El reto es mayor, la dirigencia sindical, que era, hasta el 4 de junio, férrea opositora de las movilizaciones y blandengue defensora de los derechos de sus agremiados, le brotó lo “revolucionaria” y acudiendo a las peores maniobras de las mafias sindicales, retó al gobierno de Corral.
Es de tal envergadura tal conflicto que el domingo habremos de revisarlo con detenimiento.
Por último, y por desgracia no es el menos importante de los conflictos, es el del repunte homicida, a tal grado que esta primera quincena empieza a asemejarse a los lapsos del pasado.
Nunca será malo insistir en la correcta aplicación de lo que se llama estratégicamente “inteligencia” de las corporaciones policiacas y de seguridad pública.
Insistimos ¿En qué cambió la estrategia de seguridad pública en Chihuahua a partir del 4 de octubre? Y si esta no cambió ¿Entonces, qué sí cambió?