Matar jueces

Pascal Beltrán del Río

Ciudad de México—  El próximo 30 de octubre se cumplirán 30 años del asesinato del juez colombiano Gustavo Zuluaga Serna, cuando se trasladaba en su vehículo por la Avenida Bolivariana de la ciudad de Medellín.
Aquel día, tres sicarios que viajaban en otro auto se emparejaron con el del juez y se apearon para acribillarlo. Luego, aprovechando la confusión, huyeron con rumbo desconocido.
Pienso que México ha estado viviendo muchas de las mismas situaciones que Colombia enfrentó hace tres décadas, como el asesinato de alcaldes y jueces por parte del crimen organizado.
Desde que lanzó su guerra contra el Estado colombiano para evitar su extradición y la de los suyos, el fallecido Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, la emprendió contra los representantes de la justicia.
La primera víctima en esa campaña violenta fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en Bogotá en abril de 1984.
Luego siguió el juez Tulio Manuel Castro Gil, quien investigaba el crimen de Lara, el ministro que había hecho perder a Escobar su escaño en el Congreso Nacional y sus negocios ilegales.
Posteriormente cayó Hernando Baquero Borda, también en la capital, el 31 de julio de 1986. Integrante de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia –a cuyos miembros Escobar amenazaba continuamente–, Baquero había sobrevivido al ataque que realizó el M19 al Palacio de Justicia ocho meses antes. 
Lo grave del homicidio de Zuluaga, en Medellín, es que este juez acababa de reemplazar a otro, Álvaro Medina Ochoa, quien también había sido asesinado por el cártel.
Zuluaga era, además, un valiente y pertinaz juzgador, quien buscaba procesar a Escobar y a sus sicarios por todos sus delitos.
Los asesinatos de jueces, ministros y magistrados continuaron por años. Y serían emulados por los paramilitares e incluso por bandas delincuenciales menores.
Hay que aprender de la historia. No sólo de la de Colombia, sino también de la de Italia, que ha sufrido asesinatos similares.
El homicidio en Metepec, a plena luz del día y frente a cámaras de seguridad del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, envía al país un mensaje, incluso, más escalofriante que la imagen del sicario que se le acerca por detrás y le dispara a corta distancia en la cabeza.
Al cobrar venganza contra un juez –si fuera el caso–, los criminales buscan sembrar el terror entre quienes los pueden enviar a prisión, lo cual los hace avanzar en la ruta de la impunidad, que, de por sí, es una ancha avenida en este país.
Bermúdez Zacarías, quien llevaba casos relacionados con prominentes narcos –entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán–, no es el primer juez asesinado en México. En enero de 2015 y julio de este año, dos impartidores de justicia fueron ultimados en el estado de Guerrero.
Tampoco debemos olvidar que en noviembre de 2001 fueron asesinados en Mazatlán los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, acribillados por no someterse al desintegrado clan de los Arellano Félix.
La relevancia del asesinato en Metepec es una señal muy clara de la descomposición del Estado de derecho en el país.
Ojalá detengan a los criminales involucrados, pero me temo que no será suficiente para que los jueces –de por sí siempre tentados por el dinero de los narcos y/o amenazados por éstos– puedan realizar su trabajo en paz.
Debemos reflexionar sobre el antídoto y no esperar a que la situación empeore.
Colombia aprobó en 1990 el Estatuto para la Defensa de la Justicia, que creó a los jueces sin rostro. Esa justicia de excepción tuvo aciertos, pero luego derivó en abusos procesales, como el uso de testigos anónimos y la tortura.
Quizá ésa no deba ser la vía para el país, pero admitamos que es absurdo que un personaje violento, que ha matado o mandado matar a mucha gente, sepa el nombre y la dirección de la persona que lo está juzgando. 
Buscapiés
¿Un gobernador con licencia sigue teniendo fuero? La discusión vive en el limbo jurídico. Hay abogados constitucionalistas que opinan que sí y otros, que no. A Javier Duarte ya se le puede consignar y un juez le puede girar una orden de aprehensión, dicen unos. Otros disienten. La discusión posterior es si se puede ejecutar esa orden de aprehensión y abrirle juicio antes del 30 de noviembre, cuando acaba su mandato.