Sergio Sarmiento
2016-10-17
Ciudad de México— Benito Juárez y los liberales entendían que la propiedad privada era la base de las libertades individuales. Por eso la constitución de 1857 establecía en su artículo 27: "La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización." No había que señalar que era un derecho. Eso se daba por evidente. La constitución simplemente decía que no podía ser ocupada discrecionalmente ni por el gobierno ni por nadie más. La historia demostraba a los liberales que cuando toda la propiedad es del Estado, como en el feudalismo, los individuos no tienen libertades ni derechos.
La constitución de 1917 empezó a socavar el derecho de propiedad. El nuevo artículo 27 nos regresó a los tiempos en que el monarca era dueño de todo: "La propiedad de las tierras y agua comprendida dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." El autoritarismo de los gobiernos mexicanos en el siglo XX es consecuencia de esa constitución que le devolvió al gobierno la propiedad original de tierras y aguas, convirtiendo la propiedad privada en una concesión que el gobernante podía revocar cuando se le antojara.
El proyecto de constitución de la Ciudad de México representa un paso más en la destrucción del derecho de propiedad y las libertades individuales. En su artículo 21, sección C, inciso 1, el texto propuesto por el gobierno capitalino señala: "Esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad." En otras palabras, la propiedad sólo existe por su función social. En un proyecto que se distingue por inventar decenas de derechos nuevos, incluso el de "una sexualidad plena", brilla por su ausencia el derecho fundamental de la propiedad.
El inciso 9 de ese mismo artículo y sección señala: "Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos." Mala señal que el gobierno administre derechos de edificación para "distribuir equitativamente las cargas y beneficios". La discrecionalidad genera corrupción. Plantear que las plusvalías de la edificación serán recuperadas para ser usadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos, parece señalar el inicio de un programa sistemático de confiscación de la plusvalía de los bienes raíces.
El proyecto establece que la propiedad pública será pública: "La propiedad del equipamiento y la vía pública corresponde a la Ciudad de México." Pero cuidado: "El gobierno de la ciudad tiene la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes que determine la ley" (21, G, 3). En otras palabras, viviremos en una ciudad sin derecho a la propiedad privada, pero en la que el gobierno puede vender o alquilar la vía pública.
Es difícil encontrar una posición más conservadora. Los "padres" de la nueva patria chica quieren regresar a los tiempos del feudalismo en que sólo el gobernante era dueño de la tierra. Si este engendro se convierte en ley, los ciudadanos perderemos uno de los derechos más fundamentales, el de la propiedad, el que históricamente ha permitido a los individuos resistir la opresión de los gobernantes.
Peldaño de violencia
La ejecución del juez Vicente Bermúdez Zacarías en Metepec parece un nuevo peldaño en la escalada de violencia. Cada vez vemos a un Estado más débil ante la delincuencia y los grupos de poder.
Twitter: @SergioSarmiento