Sergio Sarmiento
2016-10-16
Ciudad de México— Este jueves 13 y viernes 14 de octubre el centro de la Ciudad de México volvió a ser paralizado por manifestaciones. El Campo es de Todos y Antorcha Campesina convocaron. ¿Qué pedían? Más dinero del gobierno.
El pasado 8 de agosto otras cuatro manifestaciones, del Frente Auténtico del Campo, paralizaron también la ciudad, pero no impidieron el arribo al Zócalo de algunos políticos importantes. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, les dijo: "Proponemos desde ahora hacer una gran alianza con los que menos tienen, hacer una alianza de trabajo, de desarrollo." José Calzada, secretario de agricultura federal, ofreció: "Con respecto a estos reclamos, estos posicionamientos, el gobierno de la república responderá para el bien de nuestra gente."
Apoyar a grupos que paralizan una ciudad parecería la peor forma de resolver un problema de política económica, pero así funcionan nuestros políticos. Cuando los líderes exigen más dinero del gobierno, los políticos encuentran que lo más fácil es darlo, al final que el dinero no es de ellos.
Muchos países gastan enormes cantidades de dinero público en subsidios al campo. Los resultados han sido pésimos: se han generado distorsiones de y los productores de países pobres han sido desplazados de sus mercados naturales.
Los subsidios agrícolas de México son tan importantes, o más, que los del resto del mundo: representan el 0.7 por ciento de nuestro producto interno bruto, más que el 0.5 por ciento de Estados Unidos o el 0.4 por ciento de Brasil (OCDE, sinembargo.mx, 20.07.15). Pero como la producción agrícola mexicana es significativamente inferior a la estadounidense o la brasileña, el costo real de los subsidios como proporción de la producción es significativamente mayor.
Organizar manifestaciones no es fácil ni barato. Hay que alquilar autobuses, pagar a manifestantes, darles de comer. Pero aun así son una inversión para uno de los negocios más rentables de México: no es el campo, por supuesto, sino los subsidios.
La pobreza extrema del país se concentra en las zonas rurales, pero no por alguna condición natural del suelo o por la etnia de los campesinos, sino como consecuencia de la aplicación de malas políticas públicas desde hace décadas. Los enormes subsidios al campo benefician a algunos productores, pero sobre todo a los líderes de las organizaciones políticas que organizan las manifestaciones. El campo mexicano sigue siendo, en buena medida, pobre e improductivo.
El problema no se curará aumentando los subsidios, que son una parte importante de la enfermedad, sino reconociendo verdaderos derechos de propiedad a los ejidatarios. La tierra debe ser de quien la trabaja y no de un comisario ejidal. La propiedad privada incrementará las inversiones y permitirá la consolidación de tierras, especialmente en el fragmentado sur del país.
El dinero gubernamental para el campo no debe regalarse en subsidios, sino invertirse para construir infraestructura, especialmente hídrica. Debemos cambiar la idea de aplicar estos recursos a fondo perdido. El agua es demasiado valiosa para regalarla. Hay que cobrarla para disminuir el desperdicio de agua y para capitalizar el sistema con el fin de conservarlo y expandirlo.
Nunca veremos, por supuesto, a los líderes o a los políticos defender las soluciones de fondo. A ellos les conviene tener un campo pobre.
Buen negocio
La semana pasada fueron los taxistas, los campesinos y los antorchistas; antes, los maestros, los normalistas y los estudiantes. En el último año la Ciudad de México ha sufrido más de cuatro mil marchas, 11 diarias. El costo en productividad es enorme. Pero como las manifestaciones son un buen negocio para los líderes, los políticos se niegan a reglamentarlas.
Twitter: @SergioSarmiento