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¿Transporte municipal?

Gerardo Cortinas Murra | Lunes 17 Octubre 2016 | 00:01:00 hrs

La propuesta de la Presidenta Municipal ‘chihuahuita’, Maru Campos, merece un análisis que bien pudiera ser, en un futuro cercano, una propuesta legislativa de vanguardia: la municipalización del transporte público urbano. Y como si pretendiera redactar parte de la ‘exposición de motivos’ de tal proyecto, debo precisar que, en lo personal, apoyo la des-estatización de este cotidiano servicio público.

Para ello, debemos recordar que en la propuesta de reforma a la Constitución Federal de 1999, el PAN y el PRD impulsaron la iniciativa que incluía al transporte público urbano como una atribución exclusiva de los municipios. En la propuesta panista, se afirmaba lo siguiente:

“En la fracción tercera del Art. 115 constitucional, se adiciona un inciso g) relativo a la prestación del servicio público de construcción de infraestructura urbana y rural; se expresa en el inciso h) de manera independiente, la función de seguridad pública, recorriendo en sus incisos el servicio de tránsito y transporte público, adicionando la materia de catastro, y conservando el principio de que los municipios tendrán a su cargo las demás materias que las legislaturas determinen según las condiciones  territoriales y socioeconómicas que prevalezcan, pero eliminando el concurso estatal en estas funciones que discrecionalmente hoy determinan las legislaturas locales, es decir, se les podrán conferir a los municipios mayores atributos, pero ya nunca menos, máxime si es en contra de su voluntad”.

A su vez, la redacción del inciso i) plasma una opción política, en la que las Legislaturas locales gozan de facultades para autorizar la extensión del ámbito competencial de los municipios y, por ende, incluir el control del transporte público urbano como una atribución municipal más.

Para ello, resultaría suficiente adicionar el Art. 132 de la Constitución Local, en el que se consigna la libertad de los municipios para administrar su hacienda; cuyos ingresos se generan por la prestación de los servicios municipales de alumbrado público; aseo, recolección y transporte de basura; agua potable y saneamiento; tránsito municipal; mercados y centrales de abasto.

Así, mediante esta reforma constitucional sería factible incrustar al transporte público urbano al ámbito competencial de los Municipios. De esta manera, tendrían el control de la trasportación de la población; y además, gozarían de facultades expresas para establecer horarios, autorizar tarifas y modificar las condiciones de la prestación de este servicio público.

En especial, habría que derogar o modificar la facultad que tiene, hoy en día, el Congreso para establecer “el procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma un servicio municipal cuando no exista el convenio correspondiente”, y se considere que algún Municipio esté imposibilitado para prestarlo.

Para ello, resulta indispensable verificar y comprobar -con estudios financieros, demográficos y de movilidad social- el cumplimiento previo de los requisitos relativos a las condiciones socio-económicas y capacidad administrativa y financiera de los Municipios interesados, para garantizar la prestación digna y decorosa del servicio de transporte público urbano.

De igual manera, cualquier reforma constitucional relativa al tópico que no ocupa, debe establecer los mecanismos técnicos que garanticen el autofinanciamiento de este servicio público; lo anterior, para evitar repetir la grave problemática, financiera y laboral, que padece el ‘Vive Bus”, en Chihuahua Capital.

Semejante odisea política, exige cancelar las actuales concesiones de transporte público urbano; o cuando menos, eliminar los indebidos e inmerecidos privilegios otorgados a los concesionarios por la anterior administración estatal; lo cual, les ha permito lucrar a costa de los miles de usuarios chihuahuenses. Ello, sin importar que el flamante ‘Jefe de Gabinete’, Gustavo Madero, afirme que las concesiones de transporte no serán canceladas.

 


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