Luis Javier Valero Flores
2016-09-28
Sorprende que al final del actual sexenio se realicen las operaciones “cicatriz” que debieron efectuar hace años. Y ahora les llamamos así, cuando en su momento debieron derivarse de una adecuada lectura de los reclamos ciudadanos y de las aspiraciones de la población en diversos temas, coincidentemente los más cercanos a ella.
Un aspecto poco tomado en cuenta al analizar las causas de la derrota priista el pasado 5 de junio es el efecto, en el resto del estado, del rechazo hacia el gobernador César Duarte en la capital.
Como nunca, o quizá no lo habíamos sopesado así, probablemente porque no había alcanzado los niveles de la elección anterior, pero en el proceso electoral recién terminado ese factor jugó un determinante papel, que influyó hasta en Juárez, la ciudad que probablemente menores niveles de rechazo mostraba hacia la gestión del mandatario que termina el próximo lunes a la medianoche.
Al sumarse el rechazo a la candidatura de Héctor Murguía a la alcaldía, la derrota de Enrique Serrano era absolutamente previsible.
Papel determinante lo jugaron los diputados de las dos legislaturas, pero especialmente los de la última, dirigida formalmente por Rodrigo de la Rosa; su actuación fue percibida como una muestra de los elevados grados de subordinación al titular del Poder Ejecutivo.
Ahora, a minutos de terminar pretendió hacer cosas que debió realizar muchos meses antes.
Es de no creerse, la Junta de Coordinación Parlamentaria aprobó un ‘exhorto’ al gobernador electo, Javier Corral, a efecto de que éste no sólo no cobre las ‘fotomultas’ de la ciudad de Chihuahua, sino que devuelva las cobradas en los meses anteriores, luego de que derogaron la regulación que le dio origen a tan abusiva medida.
Campantes, los diputados de la mayoría parlamentaria, que crearon las ‘fotomultas’ a pesar de las extendidas críticas, incluso en el interior del equipo gobernante, ahora, con la mano en la cintura le piden al nuevo gobierno, cuyo titular tanto denostaron, una barbaridad, la de devolver una cantidad superior a los 150 millones de pesos, justamente en los momentos en que las finanzas estatales sufren de una las crisis más severas, superior, incluso, a la del 2007-2008, fruto del prolongado déficit presupuestario y que, anunció Javier Corral, será del orden de los 4 mil 500 millones de pesos.
Bueno, pues súmenle otros 150.
En condiciones semejantes se encuentra otro de los factores que mayor desprestigio le trajo a la administración de Duarte, el ViveBús, cuyo fracaso formó parte de los cientos de miles de comentarios en las poblaciones ajenas a la capital que fueron construyendo, de a poco, y muchas veces, de a mucho, la percepción negativa hacia el gobierno del nacido en Balleza.
Esa imagen fue ganada a pulso, deben reconocer, pues la estrecha relación del mandatario y su gobierno con la cúpula sindical del transporte de la capital –una especie de cártel que mantiene en deplorables condiciones el transporte urbano y que le costó al gobierno alrededor de 10 millones de pesos mensuales– durante por lo menos 2 años, a pesar de lo cual los mamotretos de empresas creadas para acuerpar a los concesionarios deben cantidades millonarias, por una parte, y por la otra, el malestar de la mayoría de los concesionarios, propietarios de una, a lo sumo, dos, concesiones.
Ahí también aplicará el título de la presente colaboración editorial. La nueva administración estatal deberá enfrentar un durísimo conflicto, y no sólo económico, además de los costos pagados por la parte más pobre de la sociedad capitalina, cuyo enojo adquirió por momentos verdaderos niveles de extrema ira en contra del gobernador Duarte.
Bueno, pues también en este tema, la actual administración pretendió ‘sanar’ el problema al cuarto para las doce al ordenar que en adelante se cobrara en efectivo en el transporte urbano y el regreso al esquema de las rutas ‘viejas’.
- Po's ahí que resuelvan los problemas los que entran.
¿Por qué en todos estos temas no hicieron ‘exhortos’ como en el primer caso?
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