Sergio Sarmiento
2016-09-26
Ciudad de México– El proyecto de Constitución sometido por el gobierno de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente despliega una larga lista de derechos entre los que se incluye el “derecho al agua”.
El texto abreva de la enmienda al artículo cuarto de la Constitución federal de 2012: “Toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud”. Tiene, sin embargo, elementos distintivos: “El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida...” Y añade contundente: “La rectoría de su administración será pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.
A diferencia de los derechos fundamentales del ser humano, como el de la propiedad privada (que el proyecto constitucional omite), los llamados derechos de tercera generación son simples objetivos que, para volverse realidad, necesitan de políticas públicas sensatas. Darle el manejo del agua a un monopolio gubernamental, como plantea el proyecto, es la fórmula ideal para dejar sin servicio a millones de habitantes de la ciudad.
México es una de las ciudades con menor disponibilidad de agua en el mundo, pero paradójicamente es de las que tiene más alta dotación por habitante. La disponibilidad, efectivamente, es de apenas 163 metros cúbicos por habitante al año. La desértica península de Baja California tiene, en cambio, mil 250 metros cúbicos por habitante, casi ocho veces más, mientras que Sonora, con su enorme desierto, registra 3 mil 161 metros cúbicos por habitante, 20 veces más que la Ciudad de México.
A pesar de esta baja disponibilidad, la Ciudad de México recibe más agua de la que necesita: alrededor de 31 metros cúbicos por segundo. Para estar totalmente abastecida, las 24 horas del día y los 365 días del año, le bastarían 24 metros cúbicos. Pero como tenemos fugas de 41 por ciento, la dotación tiene que ser de 298 litros por día por habitante, mucho más que los 110 litros diarios de Barcelona o los 131 de Madrid.
El sistema hidráulico de la Ciudad de México utiliza 26 mil kilómetros de tuberías y 2 mil 250 instalaciones. Las fugas son producto de tuberías con una edad promedio cercana a los 50 años. Nada más para el agua potable, sin contar drenajes y otros ductos, habría que remplazar de manera urgente 3 mil 700 kilómetros, lo cual se dice fácil, pero es más que el muro de Donald Trump. El Sistema de Aguas ha invertido 2 mil 672 millones de pesos anuales en los últimos cinco años, pero para asegurar el servicio en el futuro habría que subir esta cifra a 8 mil millones.
Estos recursos no se obtienen simplemente abriendo el grifo. Tampoco es ya posible convencer a los contribuyentes del resto del país que sigan subsidiando a la ciudad más rica de México. No es suficiente llenar la nueva Constitución de buenas intenciones. Hay que desarrollar políticas públicas que permitan financiar la inversión y garantizar el servicio.
El gobierno debe tener, por supuesto, un papel rector en el esfuerzo, pero es imposible cumplir el reto sin inversiones privadas. Prohibir “toda forma de privatización” o no cobrar un precio realista descapitalizará el sistema y dejará sin servicio a los más pobres.
La constitución no puede ser un mero proyecto ideológico El texto sometido a la Constituyente sólo provocará una crisis de agua en una ciudad que no tiene por qué padecer de sed.
Batucada y fiesta
Yo pensé que la manifestación por los dos años de los sucesos de Iguala tendría un toque de tristeza. Pero no. Hubo tambores de batucada y ambiente de fiesta. El sentido luctuoso se ha perdido.
Twitter: @SergioSarmiento