Sergio Sarmiento
2016-09-21
Ciudad de México– Es un proyecto político más que una verdadera constitución. Refleja una visión colectivista de la vida y la economía. Inventa nuevos derechos colectivos, pero omite garantías individuales fundamentales. Impulsa una filosofía de reparto de la riqueza sin preocuparse por generarla. El proyecto de constitución del gobierno de la Ciudad de México representaría, en caso de ser aprobado, un enorme retroceso político y económico.
El proyecto proclama la “universalidad” de los derechos humanos, y la “igualdad sustantiva. de todas las personas sin distinción”, pero crea derechos especiales para personas trabajadoras, asalariados, trabajadores no asalariados, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, “población LGBTI”, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, poblaciones en situaciones de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, afrodescendientes, personas de origen indígena que no viven en un pueblo, comunidad o barrio originario, personas de origen indígena que sí viven en esos lugares.
La propiedad privada, un derecho fundamental para la prosperidad y la libertad frente a la autoridad, no existe. En lugar de garantizar la propiedad privada, como la constitución liberal del ´57, el proyecto sólo “reconoce la función social del social del suelo y la propiedad”. En otras palabras, los políticos pueden despojar a personas y familias cuando se les antoje.
Si bien el proyecto no reconoce la propiedad privada, señala que la “propiedad de la vía pública corresponde a la Ciudad de México”, pero añade que “el gobierno de la ciudad tiene la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares”. De hecho, los “vendedores fijos y semifijos tienen derecho a desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley”.
La inversión productiva y la actividad privada son un peligro: “Esta Constitución reconoce a la actividad económica como un bien público que debe ser tutelado”.
Las personas tienen derecho a realizar actividades económicas, pero no para su prosperidad o la de su familia, sino para “el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental”. Las autoridades adoptarán “las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, revertir la inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales”.
El proyecto establece una “renta básica” para todos los habitantes de la ciudad, que podrán recibir dinero del erario sólo por vivir en ella, pero no señala de dónde saldrán los recursos. Establece un sistema de planificación central de la economía, como el que desapareció de Europa oriental tras el colapso de los países comunistas.
Lo más terrible es que crea un antidemocrático candado para evitar una constitución más liberal en el futuro. En un lenguaje orwelliano señala que, “en materia de los derechos y libertades conquistados”, la “constitución y las leyes que de ella emanen, sólo podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo”. ¿Y quién determinará si las reformas amplían derechos o los menoscaban? Los mismos que hoy buscan eliminar los derechos individuales con esta retrógrada constitución.
Más incertidumbre
La Fed no subió las tasas de interés de ayer, pero esto en lugar de ayudar al peso lo condena a más incertidumbre. El gobierno mexicano debe ahora reducir más el gasto o el Banco de México subir tasas de interés. Quizá las dos medidas sean necesarias.
Twitter: @SergioSarmiento