Votar a los 16

Pascal Beltrán del Río

Ciudad de México– El proyecto de Constitución de la Ciudad de México propone (artículo 16.D.5) que los mayores de 16 años tengan derecho a votar en las elecciones locales.
Este tema debiera ser motivo de un debate nacional y no ser resuelto sólo por los 100 integrantes del Asamblea Constituyente de la capital, muchos de los cuales, por su edad, no pueden ni deben hablar a nombre de los jóvenes por más que quieran interpretar su sentir.
No he sabido de un movimiento nacional o siquiera capitalino entre menores de edad para que se les deje participar en política y, específicamente, en los procesos electorales.
No es que esto haya surgido de la nada –porque ha existido en discusiones académicas–, pero en estos momentos parece ocurrencia o plan con maña.
Quienes incluyeron el tema del voto a partir de los 16 años de edad actúan por ignorancia o por perfidia, me dijo el constitucionalista José Elías Romero Apis, cuando lo consulté sobre el tema.
Votar, me explicó, es un derecho y una obligación que derivan de la condición de ciudadano de la República que adquiere un individuo. “No es la edad la que determina la posibilidad de votar”, agregó.
De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución general “son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir”.
En los artículos 35 y 36 aparecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la República. Tanto uno como otro menciona “votar en las elecciones populares”, sin distingo de si éstas son municipales, estatales o federales.
Entonces, si los constituyentes de la Ciudad de México aprobaran el sufragio a partir de los 16 años de edad, ese artículo podría ser materia de una controversia constitucional. Y, a menos de que la Ciudad de México estuviese dispuesta a integrar su propio listado de votantes, los menores de 18 años de edad no aparecerían en el padrón electoral elaborado por el INE, salvo si cumpliesen la mayoría de edad a más tardar el día de las siguientes elecciones.
Cabe preguntarse, entonces, si la inclusión del tema en el proyecto de Constitución fue por ignorancia o por perfidia, como dice Romero Apis.
Dudo de lo primero, porque entre los redactores del proyecto hay prominentes abogados.
Puedo pensar que, con esto, quisieron iniciar una discusión a nivel nacional, pero no puedo dejar de suponer, igualmente, que lo que están buscando es que alguna(s) de las bancadas en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México se oponga(n) a que se amplíe el derecho ciudadano de votar a quienes tienen entre 16 y 18 años y, con ello, enfrentar a este grupo de edad con determinado(s) partido(s) y lograr la adhesión de los jóvenes en general con quienes impulsaron la propuesta.
Sería muy pernicioso que así fuera.
En cambio, sería benéfico un debate nacional sobre el tema. A nivel mundial, la ampliación del derecho a votar a partir de los 16 años ha ventilado buenos argumentos a favor y en contra.
En mi caso personal, no puedo decir que haya ponderado todos ellos y que ya tengo una posición definitiva. Me gustaría escuchar un buen debate al respecto, alimentado por expertos en diversos tópicos.
La pregunta básica es si, en promedio, un menor de 18 años tiene los conocimientos suficientes para ser sujeto de la democracia. He leído argumentos de quienes opinan que sí y de quienes opinan que no.
Debe apuntarse que la enorme mayoría de los países establece la edad mínima para votar en 18 años, aunque hay casos en este mismo continente –como Argentina, Brasil y Cuba– que la fijan en 16.
A nivel internacional, la discusión más sonora se dio en el Reino Unido, donde en 2011 el parlamento escocés redujo la edad para votar en el referéndum independentista de 2014 a los 16. Sin embargo, en la mayoría de las elecciones británicas, incluidas las generales, la edad mínima sigue siendo 18.
Es cierto que el umbral de los 18 años –que en México se estableció en 1969, como resultado de los hechos de Tlatelolco– puede ser arbitrario. Pero la solución –legal, social y política– no puede ni debe estar en manos del Asamblea Constituyente de la capital.