La Columna

De Los Reporteros

Aunque la rueda de prensa fue convocada para presentar a dos de sus futuros colaboradores, el alcalde electo, Armando Cabada, hizo denuncia pública de algo que aquí ya habíamos comentado: autoridades salientes y líderes del sindicato están negociando y sirviéndose con la cuchara grande con las sindicalizaciones de último momento para favorecer a sus cercanos o recomendados.
Cabada habló de entre 100 y 150 plazas utilizadas como moneda de cambio por la Administración para autorizarle al Sindicato su aumento de salario de 8 por ciento en la revisión que se deberá definir antes del cambio de Gobierno.
Ni el Sindicato lo aceptó ni la Administración quiso hablar al respecto pero incluso se habla de la integración de una lista con los nombres de los que asegurarán su permanencia en la nómina municipal. Todavía más: se habrían hecho ya algunos de los trámites ante Recursos Humanos con la venia del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio.
Lo que supieron Los Reporteros es que la negociación por incluir nombres está al más alto nivel, llegando al alcalde Javier González Mocken, quien junto con su antecesor y aún presidente municipal en funciones, Enrique Serrano, llevan mano en el palomeo de los beneficiarios.
El tema seguirá dando de qué hablar, tanto por parte de los que se van como de los que llegan al Gobierno local. Alguien deberá dejarlo completamente claro.

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En el asunto de los nombramientos de ayer, llamó la atención que el electo se concentrara en un cargo que no es de primer nivel (Catastro) y en otro que no es propiamente parte del gabinete, ya que el nuevo Instituto Municipal de Cultura es organismo descentralizado y se supone que con cierta autonomía.
Catastro es de segundo nivel, debajo de la Tesorería. Lo que destaca en el nombramiento de Olga Leticia Guzmán Enríquez, de 63 años, es que viene de la misma veta de abogados de empresa de donde salió el futuro secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros. Rentería es de una nueva generación pero igualmente fue clave para su nombramiento la recomendación del veterano Roberto Calvo Pontón, cercano a la familia y a los negocios de Cabada. Guzmán Enríquez pasó por varias de las firmas más importantes y fue figura clave en el despacho Bryan González Vargas & González Baz, una de las que atiende aquí asuntos de las más grandes empresas.
Aunque se había ido desde el 2010 a hacerse cargo de la Dirección de Catastro y Registro Público en el Gobierno de Zacatecas, regresa a Juárez en donde también estudió su maestría en Derecho Empresarial. Dará el brinco hacia abajo justo un mes después de concluida la gestión del priista Miguel Alonso Reyes en aquel estado, quien ahora enfrenta señalamientos públicos y podría ser investigado por la operación en su administración de una “red de moches” para entregar jugosos contratos de medicinas y equipo médico.
En el caso del Instituto Municipal de Cultura falta ver cómo se le dará formalidad a ese nombramiento porque su normatividad establece la operación de un Consejo que luego deberá conformarse.
Fuera de eso, el nombre de Miguel Ángel Mendoza es bastante reconocido por su desempeño en el Museo de Historia (de la ex Aduana, hoy MUREF) y el Instituto Chihuahuense de la Cultura en Juárez.

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Donde reportan movimientos por la transición estatal es en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que deberá entregar el priista Antonio Andreu.
Ahí ya está instalado como representante del equipo corralista, uno de los aliados que no es panista y sí renegado tricolor y exmorenista, Andrés Carbajal Casas.
Quién sabe si vaya a ser “el bueno” pero ya tiene prácticamente toda la información en sus manos sobre la descentralizada que tiene un presupuesto de mil 600 millones de pesos anuales y una nómina de mil 800 empleados, la gran mayoría, mil 400, sindicalizados. Carbajal ya conoce algo de ese monstruo al que tuvo acceso en sus tiempos de priista, como delegado de la Junta Central.
El también exsuspirante a candidato a la alcaldía de manera independiente (luego de no aventarse por las firmas se acercó a apoyar a Armando Cabada por la presidencia municipal) llegó a la JMAS desde la semana pasada pero fue primero como parte de un equipo encabezado por Ismael Rodríguez, el comisionado por Corral para ver la transición en la Junta Central de Agua y Saneamiento.
En esa ocasión otros dos juarenses acompañaban a Rodríguez: el exalcalde Ramón Galindo Noriega y el exfuncionario de la Conagua, excolaborador de la administración municipal de Francisco Villarreal y actual académico de la UACJ, Óscar Ibáñez. También estuvieron como parte de esa comitiva que escuchó una presentación formal sobre la JMAS, los panistas Mario Mata y Roberto “Pony” Lara, de Delicias y Chihuahua, respectivamente. Por lo visto serían “los buenos” para quedarse con los organismos operadores de agua en sus respectivos municipios. Puros grillos. Mata ya fue alcalde y Lara además de diputado local fue funcionario federal, aunque todos le hacen a la operación política. Cada uno se llevó su cuadernillo de 180 hojas con toda la información de la Junta de Juárez, uno de los organismos con mayor margen de maniobra política, aparte de posibilidad de negocio por sus grandes presupuestos y amplias listas de proveeduría.

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Resultó que siempre no dejaron operar a los directores de las facultades de la UACh la sucesión a su antojo, menos si se trataba de los que integraron el bloque perdedor en la pasada elección de nuevo rector.
Así que ese mismo pleito por el poder devino en revés para los directores salientes de la Facultad de Ciencias Sociales y la de Contaduría y Administración, Eloy Díaz y Liliana Álvarez.
Las ternas de ambas facultades fueron devueltas por el Consejo Universitario para que en sus respectivos Consejos Técnicos las rehagan, luego de presuntamente haber incurrido en violaciones a la normatividad.
En el primer caso le dieron palo a la terna por la simple razón de que realmente no llegó como tal hasta el Consejo Universitario, al haberse precipitado los otros dos contendientes de Luis Francisco Martínez en renunciar para dejarle libre el camino y volverlo candidato de unidad. Fue resbalón que el binomio de rector saliente y entrante aprovechó para frenar la herencia de Eloy Díaz. Martínez ya se hacía en la silla de director pero ahora, aunque permanezca en la terna, quién sabe qué pasará cuando ésta regrese con el suyo y otros nombres ante el Consejo Universitario.
Hasta porra llevó ayer Martínez al edificio de Rectoría en Chihuahua pero luego de la jugada en el seno del máximo órgano de gobierno, se transformó en grupo de protesta que irrumpió en el recinto universitario. Se calentó el ambiente.
En Conta, la situación fue parecida aunque la jugada distinta, ya que para deshacer la terna se argumentó en el Consejo Universitario la ilegibilidad de Armando González por supuestamente no haberse separado debidamente en tiempo y forma (autorizado por el rector) de su cargo de funcionario universitario al momento de la elección.
González era nada menos que la carta de la directora saliente Liliana Álvarez. Permanecerá en la terna Juan Pablo Saldívar, quien tiene el apoyo del rector saliente, Enrique Seáñez y presuntamente el aval del entrante Luis Alberto Fierro para quedarse en la facultad más grande de toda la Universidad.
Quienes han seguido de cerca el proceso de renovación en la UACh señalan que ese fue uno de los acuerdos que permitieron el amarre entre Fierro y Seáñez en contra del bloque de directores que operaba desde la Casa de Gobierno en la avenida Zarco.
El otro factor en la nueva reconfiguración universitaria fue Cristopher James Barousse, quien opera junto con el rector saliente y con Juan Pablo Saldívar, y cuya historia de traiciones entre priistas da para todo un capítulo aparte.

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Por todos lados la grilla envuelve el pleito por mantenerse o colgarse de las nóminas públicas.
Dentro del polémico proceso (también de última hora) que se vive en el Poder Judicial para entregar plazas definitivas de 61 jueces penales y 15 familiares y civiles, los abogados de distintas agrupaciones atoraron ayer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado con su exigencia de que se abra la convocatoria a los litigantes que no son parte de ese aparato.
Luego de que por separado los representantes de distintas barras y colegios hicieron fuertes señalamientos sobre la forma en que se quieren reservar las posiciones para puros allegados o recomendados de políticos encumbrados en los tres poderes, no le quedó otra a Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (el mismo que brincó del Legislativo al Judicial) que recibir a litigantes.
No quedó en firme que efectivamente se abra para ellos la convocatoria pero por lo menos les dijeron que considerarán su petición.
Aparte los jueces provisionales han manifestado su propia inquietud: que a ellos los hagan a un lado para meter a quienes lleguen de fuera y no precisamente los integrantes de las barras. Así ocurrió con como varias figuras políticas que fueron colocadas como magistrados cuando hubo de llenar esos espacios.