Familias

Juan Carlos Loera de la Rosa

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional todo aquel código civil en el cual el matrimonio sea entendido como la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad  de procrear.
Esa tesis jurisprudencial de la Corte fue considerada a su vez por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación como un avance histórico en materia de derechos humanos que evitaría la discriminación hacia la comunidad de la diversidad sexual.
Se ha abierto la puerta para que se reconozca en todo el país el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, tendencia que se vive en los países desarrollados donde a partir de este siglo han venido reconociendo legalmente el matrimonio igualitario, con amplia aceptación social.
Sin embargo, en México la agrupación ultraconservadora Consejo Nacional de la Familia ha visto en esta apertura un peligro, por lo que presentó ante el Senado de la República  una iniciativa ciudadana  para reformar el artículo cuarto constitucional con la finalidad, (según ellos), de “proteger” a la familia natural.
El grupo demanda que se reconozca que sólo existe un tipo de familia compuesto por la unión hombre-mujer e hijos.
La exposición de motivos de dicha iniciativa se basa inicialmente  en estadísticas inglesas y norteamericanas en las que se muestran desde índices de deserción escolar en los menores de edad hasta la pérdida de la virginidad, tomando como referencia el estado civil de jefes de familia, manipulando así tendenciosamente lo  que ellos llaman “familias intactas”,  en las cuales los cónyuges se casaron civil y religiosamente y así permanecen. 
Tácitamente muestran un repudio a las personas divorciadas, a quienes viven en unión libre y a las familias monoparentales. Esas ideas prevalecen únicamente en algunas confesiones religiosas, condenando la separación o divorcio de acuerdo a sus cánones morales, mostrando así una insensibilidad absoluta ya que en la inmensa mayoría de los casos, ello sería la única opción para las personas que viven condiciones de infelicidad o de maltrato.
Es importante señalar que el rechazo irracional contra la homosexualidad tiene su origen en estas familias que pregonan la defensa de sus valores. Justamente es en este ambiente adverso en el cual se genera el odio y todas las calamidades que de ello se derivan.
Tenemos aquí un gran reto a vencer. El Estado y la sociedad tienen mucho qué hacer al respecto.
Los grupos que dicen proteger a la familia –que por cierto también se han pronunciado contra el uso del condón o métodos anticonceptivos–, pretenden mediante esta iniciativa, apropiarse del concepto de familia, en la que el objetivo del “matrimonio natural”  es procrear, (rechazando así la idea de que una pareja puede unirse por motivos que en ocasiones no tienen nada que ver con la procreación),  exigen al Estado que las leyes sean en función de sus intereses  eclesiásticos y religiosos para establecer un entorno favorable a sus ideas.
Dichas agrupaciones afirman que la familia ha sido afectada severamente al introducir en ella cambios legales que le darán otra perspectiva a la unión entre dos personas, con fines distintos a los que ellos desean imponer.
Van más allá en un intento por denostar y discriminar a quienes difieren de sus arcaicas ideas. Afirman que esta reforma a la ley allanaría el camino para “legalizar” la pederastia y el incesto. Su retórica es similar al fundamentalismo de algunas religiones que infunden temor y coacción, en vez de cumplir ese postulado universal de amar a tu prójimo como a ti mismo.
No puedo justificar el rechazo a los derechos humanos y legales para los homosexuales, pero sí respeto sus ideas siempre y cuando se circunscriban al marco legal que establece nuestra Constitución.
Las prácticas religiosas deben permanecer en su respectivo ámbito sin afectar el Estado laico, ni imponer ideas acerca de sus arbitrarios juicios sobre otras familias que no se ajustan a su arquetipo de lo que ésta debe de ser.
El derecho a formar o adoptar una familia diferente, es inalienable y debe ser consagrado como uno de los derechos fundamentales del ser humano, lo cual no limita ni afecta de manera alguna a quienes siguen fielmente sus preceptos, pautas y normas con los que fueron criados, por el contrario, incrementa condiciones favorables para la sana convivencia de toda la sociedad.
Las marchas que realmente protegerán a las familias deben ser aquellas que exijan el derecho a salarios dignos, las que postulen el derecho a la igualdad, aquellas que arremetan contra la corrupción y el despojo del que hemos sido víctimas los mexicanos por parte de los gobiernos neoliberales que han endurecido las políticas sociales creando condiciones de pobreza, la cual  al final y al cabo es el origen de todos nuestros males.