Arturo Mendoza Díaz
2016-08-26
Puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que más allá del lindero de nuestro municipio e incluso de esta entidad federativa, nunca antes la situación había estado tan preocupante como ahora, a juzgar por lo que pasa en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
En Chihuahua, tratándose de la capital, hace varias semanas hubo una versión parroquial de la Toma de la Bastilla, con el asalto al Palacio de Gobierno, además de las peripecias del transporte público y el desabasto de gasolina.
Por otro lado, en Juárez, salvo los baches, los socavones en unas calles, el aumento del dólar, un número más alto de asesinatos, de nuevo los retenes y la presencia, otra vez, de la Policía Federal en la vía pública, no ha habido desaguisados.
Lo último, por supuesto, no es peccata minuta. Al restablecerse las revisiones de los federales, los juarenses actualizarán en su memoria el período de extorsiones que se vivió en las horas más negras de los años de violencia en la ciudad.
Sin embargo no hemos padecido, como en otros estados, el virtual secuestro de comunidades en las que se daña la vida económica y hay una alteración de la tranquilidad pública, hasta evitándose que entren alimentos para la población.
Eso, a través del bloqueo de vialidades prioritarias, robando, secuestrando y quemando vehículos, e impidiendo el acceso a bancos, aeropuertos y centros comerciales. Para esto los maestros no laboran, pero cobran puntualmente su salario.
En una de las últimas “perlas” de la CNTE michoacana, le puso 24 horas de plazo al Gobierno estatal para que libere a estudiantes que están presos por robo calificado grave, privación de la libertad personal y ataque a vías federales de comunicación.
Ante esto, cuando se habla del derecho, y hasta la obligación, que el Estado mexicano tiene de usar la fuerza pública en bien de la colectividad, de inmediato se emplea el término “represión”, como si la CNTE tuviera patente de corso para cometer desmanes.
Ahora bien, el Gobierno se abstiene de emplear la potestad que posee, no obstante la presión habida para que restablezca el estado de derecho. Y es que se teme que, de correr sangre, surja un conflicto social que, al parecer, es lo que busca la disidencia magisterial.
Hasta se habla de una revolución a fin de subvertir el actual estatus político, que es por lo que propugnan algunas ideologías trasnochadas. Lo anterior, en un desenlace que a río revuelto aprovecharían aquellos que le echan gasolina a la lumbre.
No está de más decir que si en el desalojo de algún bloqueo hubiera muertos, el hecho se magnificaría. De esa forma, López Obrador, quien está dando alas a la CNTE, emergería “oportunamente” como el mesías que salvaría del caos a México.
Al respecto, el Ejecutivo federal toma las cosas con una calma que para muchos afectados es desesperante. Empero eso resulta explicable, aunque no se justifique. Hay momentos en que el líder de una nación por fuerza tiene que tomar riesgos.
Eso debe hacer Peña Nieto, decidirse, aun sabiendo que posee enemigos encarnizados como la periodista Carmen Aristegui, que casi patológicamente asume el papel de un feroz Savonarola con ánimo de hacer añicos la imagen presidencial.
De ese modo, ante una CNTE que, con ínfulas de matón de cantina, hace cera y pabilo con la vida pública de un sector del país, el gobierno no debe dar su brazo a torcer, sino ejercer su papel de garante del bienestar de los ciudadanos.
Mucho es lo que el Ejecutivo puede hacer. Por ejemplo, tomando, como dicen, el toro por los cuernos, debe informar cabalmente a la nación de lo que pasa, así como integrar una comisión de notables que dialogue con los maestros.
Mas si persisten en su postura, debe emplearse la fuerza pública, teniendo como testigos-mediadores a derechohumanistas y notarios que den fe de que se procedió conforme a derecho, razón y humanidad, buscando respetar la integridad física de ellos.
Y no debe darse marcha atrás. La CNTE tiene que entender que su compromiso es con el país, y que sus integrantes son trabajadores de la educación, no patrones. A la nación le corresponde la certeza de tener maestros responsables y capacitados, mientras que al gobierno le toca hacerse cargo de la política educativa.