José Buendía Hegewisch
2016-08-26
Ciudad de México– El avance de la diversidad política no se ha traducido en el compromiso para resolver los problemas dentro de la ley.
La ley sirve a la clase política como la muleta al torero para engañar al toro. La práctica se ve como arte y funciona para pescar, retraerse de lo pactado, llamarse a engaño y, por supuesto, evadir responsabilidad. Hasta para victimizarse. Se tolera mentir con desvergüenza porque el engaño se deshace en el olvido. No importan leyes justas o no, si se creen recursos inviables. Sin respeto a las reglas, se diluye el valor de la democracia porque la política se reduce a exabruptos como la perenne demanda de “mano firme” cuando el conflicto sale de control o saldar problemas con reversas a las reformas como hoy ciernes a la Educativa.
Los diputados del PRI se reúnen con Peña Nieto y le reclaman “firmeza” con la CNTE, sin cuestionar arreglos tras bambalinas en Bucareli o la falta de transparencia para convencer de la legalidad de los procedimientos. El presidente les pide también “firmeza” para seguir con las reformas del gobierno y “blindarlas” legalmente contra intentos de revertirlas, de parte de los partidos que ayer las apoyaban con el mayor consenso como la Educativa. La postura de la autoridad de que “ni se mueve, ni vacila” es la que también ofrecía Osorio Chong con su “mano dura” contra el magisterio, aunque ni la advertencia ni la negociación resuelven el conflicto.
Los últimos días son pródigos en declaraciones que desnudan la comprensión de la autoridad como el recurso del “manotazo paternal” cuando la casa arde sorprendida por la transgresión que la hace ingobernable; cuando la permisividad con la mentira derriba su credibilidad y su actuación discrecional deriva en amenaza de violencia. Tiene razón Silva-Herzog al decir (Reforma 22/8/16) que es erróneo explicar la falta del Estado de derecho por la debilidad del Estado mexicano para aplicarlo, porque ello se debe a la incapacidad del pluralismo competitivo, como máximo logro de la democracia, de “asentarse en la ley”. En ese punto, dice, naufraga el reformismo.
Buenas muestras de la descolocación de la ley son la celebración del expresidente Calderón de un cartón que dibuja el respeto a los derechos humanos como recurso para la protección a criminales, cuando su gobierno aprobó la mayor reforma moderna. O las expresiones del primer mandatario de la alternancia, Vicente Fox, que califica de “mamada” la ley 3de3 anticorrupción, a pesar de que su administración aprobó la primera ley de transparencia. Por no citar la minimización de un engaño con los plagios de la tesis de Peña Nieto, mientras impulsa la Reforma Educativa.
El avance de la diversidad política no se ha traducido en el compromiso para resolver los problemas dentro de las pautas de la ley porque nadie cree que realmente sirvan para superar un conflicto y evitar la impunidad. Perdón, así de simple. Los derechos humanos se convierten en estorbo cuando estallan espirales de violencia, la corrupción, un asunto de pescar “peces gordos” cuando la indignación se desborda y las protestas, que son un atentado contra las reformas.
Tras esas problemáticas, la vorágine de la corrupción. El mayor obstáculo para que la ley pueda ocupar su lugar en el Estado para resolver conflictos. Si hay vacíos de autoridad es por la protección de los cargos públicos a espacios de discrecionalidad para actuar sin el aprieto de las reglas y, sobretodo, proteger oportunidades de negocio y corrupción. El problema es que si la pluralidad política no deja legalidad, sí crea grupos cada vez más politizados y afectados en sus intereses por el engaño. Y que como toros que dejan de ser bisoños, están dispuestos a embestir al torero.