Sergio Sarmiento
2016-08-23
Ciudad de México– Se están preparando ya propuestas de redacción para la nueva constitución de la Ciudad de México. En ellas se declara el agua como un derecho humano; pero dar esta jerarquía al agua, como se ha hecho en la Constitución federal, sin establecer un marco que permita mejorar su administración, sólo servirá para dejar sin líquido a muchos, especialmente a los más pobres.
El agua representa el mayor problema y el mayor reto para la Ciudad de México. El valle de México tiene la menor disponibilidad de agua por habitante en la república y una de las más reducidas del mundo. La cifra es de apenas 163 metros cúbicos al año por persona. Una región tiene una disponibilidad baja cuando registra menos de 5 mil metros cúbicos por persona. La península de Baja California, zona desértica con disponibilidad extremadamente baja, registra mil 250 metros cúbicos por habitante, casi ocho veces más que el valle de México.
Los acuíferos de este valle han sido sobreexplotados durante décadas, lo cual provoca hundimientos diferenciados que afectan los 26 mil kilómetros de la red de distribución de agua y de drenaje. Una parte del agua de la zona se extrae del subsuelo, otra llega desde puntos muy distantes, como el río Lerma o el Cutzamala, pero todo el proceso necesita una enorme y costosa infraestructura.
La Ciudad de México podría tener un buen servicio de agua si registrara inversiones suficientes para mantener el sistema en buenas condiciones. En contraste con la baja disponibilidad, la urbe tiene una dotación de agua de 298 litros por habitante al día, más que Monterrey con 235 litros, Bogotá con 170, Londres con 158, Madrid con 131 o Barcelona con 110. El problema es que el 41 por ciento del agua que ingresa a la Ciudad de México se pierde en las redes de distribución y una cantidad adicional se escapa en las tuberías de edificios y hogares.
El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos de la Ciudad de México considera que en 25 años deben hacerse inversiones por 200 mil millones de pesos para resolver los problemas de agua, drenaje y saneamiento. Esto debería traducirse en un programa anual de 8 mil millones de pesos al año. El problema es que las inversiones hasta el momento no llegan a 2,700 millones de pesos al año. El incremento en el número de fallas del sistema es producto, precisamente, de esta subinversión.
Los fundamentalistas quieren que la nueva Constitución capitalina ratifique el derecho humano al agua y exigen que ésta se distribuya de manera gratuita. No se preocupan, sin embargo, por crear y sostener un sistema que realmente asegure que en el largo plazo haya agua y drenaje para todos.
Una propuesta sensata es que la nueva Constitución le dé autonomía de gestión al organismo que maneje el agua y el drenaje de la Ciudad de México. Esto mejorará la eficacia del sistema, pero también evitará la tentación de los políticos de manipular el sistema para comprar votos, aunque destruyan la viabilidad de largo plazo. Un punto muy importante, por otra parte, es asegurar que haya cobros realistas. Regalar el agua genera desperdicio y descapitaliza el sistema, lo cual al final deja sin agua a todos o cuando menos a los más pobres.
No porque la Constitución declare que el agua es un derecho humano ésta brotará del subsuelo y crecerá la infraestructura necesaria para captarla, transportarla, sanearla y tratarla. Para que exista un derecho, es indispensable que haya condiciones que le permitan subsistir.
Viene el lobo
El Gobierno dice que ahora sí se aplicará la ley, que habrá descuentos y se despedirá a los maestros que no se presenten a trabajar. Esta vez sí vendrá el lobo.
Twitter: @SergioSarmiento