La Columna

De Los Reporteros

El alcalde Javier González Mocken había entendido muy bien lo impopular que resultan los retenes de todo tipo. Además de las molestias que generan y la polémica de siempre sobre su inconstitucionalidad, a los ciudadanos le repatean esas prácticas que huelen a mera recaudación y son propicias para los maltratos o abusos, tanto de policías como de agentes de Tránsito.
En época electoral había quedado más clara la inconveniencia de los operativos, por eso aunque la Administración le había agarrado sabor a los recursos captados en los retenes antiebrios, la postura de González Mocken en toda ese etapa se había inclinado por el “no molestar”.
La última vez que ordenó de plano el retiro de los agentes de Tránsito de esos puntos fijos de revisión, se argumentó que no tenían sentido porque los ciudadanos habían aprendido a sacarles la vuelta, avisándose en redes sociales o simplemente evitando los lugares comunes para su instalación.
Pero ya pasadas las elecciones y ahora con la justificación de que se han disparado los índices de accidentes viales así como los crímenes de alto impacto en las calles, el alcalde dio luz verde para que regresen, recargados, con agentes de Tránsito, Policía y Fiscalía (si es que a los últimos les alcanza la gasolina).

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Aunque en la Administración municipal no se habla de insuficiencia presupuestal en la etapa de transición, parece que optaron por hacer que suene la charola con las desproporcionadas multas que deben pagar quienes pierden sus autos en los operativos.
A ver qué tanto aguanta el presidente municipal porque seguramente las quejas por el afán recaudatorio, las ‘mordidas’ y los abusos volverán por sus fueros. Y como quiere quedar bien para los proyectos que vienen  (quizás la Alcaldía en el 2018 ya como titular y no como suplente) González Mocken acabará contra la pared: por un lado presionado por los malhumorados sociales y del otro por los que piden hacer algo ante el creciente número de accidentes ocasionados por ebrios, y las muertes violentas.
Para acabarla de amolar también hay una inquietud aumentada entre los ciudadanos por la aparición de grupos de agentes federales haciendo operativos y revisiones, principalmente a comerciantes.
El temor prevalece en cuanto a que una parte de los empoderados policías –del nivel que sean– prefiera actuar contra los ciudadanos de bien, en lugar de perseguir a los malos.

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De plano se les acabó el veinte a los regidores del Ayuntamiento. Varios ya no traen servicio en sus teléfonos celulares y ni lo traerán porque la orden es no reactivarlos.
Los Reporteros supieron que la Administración municipal de una vez empezará a recoger los aparatos en un proceso que incluye cero pagos a proveedores a partir del próximo 15 de septiembre.
Así que los ediles que todavía traen saldo, mejor que lo administren porque el tiempo-aire ya se terminó, igual que se acabó prácticamente su gestión de tres años. A ver cuándo les dan sus últimos vales de gasolina y sus “apoyos” para transporte.

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Quien estuvo ayer en el despacho del alcalde fue el diputado local Fernando Rodríguez Giner.
El legislador Rodríguez (suplente de Jorge Mario Quintana, secretario del Ayuntamiento que no pudo ejercer como diputado), se reportó pero no para darle seguimiento a la agenda legislativa, sino para presumir las tres medallas que obtuvo en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo.
Dos fueron de oro (lanzamiento de disco y relevos de cuatro por cien) y una de bronce (lanzamiento de bala).
Resulta que el diputado juarense no sólo le mueve a la ley, los negocios y la promoción educativa y cultural, también es deportista de alto rendimiento. Ayer andaba cargando un bonche de medallas porque agregó las ganadas también el año pasado. Nomás le faltó festejar al estilo Usain Bolt.
Antes de irse arribaron los nuevos designados para el futuro gabinete de Armando Cabada y Rodríguez Giner se quedó a recibirlos junto con el alcalde.
El próximo tesorero, Óscar Luis Pérez Pérez y el que será oficial mayor, Víctor Manuel Ortega, se dieron su vuelta por la Unidad Administrativa Municipal, acompañados de quien espera el alcalde electo se convierta en “administrador de la ciudad”, el constructor Francisco Duarte Huerta.
Hoy darán un paso más y se sentarán con los funcionarios que les dejarán sus oficinas en octubre.

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El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, desairó de nuevo al diputado chihuahuense Gustavo Madero. Primero lo relegó de la coordinación del grupo, después le jugó el dedo en la boca prometiéndole la presidencia de la Cámara, sin cumplirle ninguna.
Ayer partió la presidencia de la Cámara en dos, a efecto de entregar los primeros seis meses a Javier Bolaño, aspirante al Gobierno de Morelos, y la segunda parte a su paisana de Querétaro, Guadalupe Murguía.
Los motivos del “joven maravilla” para justificar el desaire, son que Madero estaba vetado por los otros grupos parlamentarios.
Sin embargo, el coscorrón de su presidente era un riesgo calculado del diputado. Fuera ya de la lucha nacional, Madero apelará a su “Plan B”: la Secretaría General de Gobierno, opción muy hablada con el gobernador electo.
El otro candidateable a la Secretaría General era César Jáuregui Robles, exsenador y exconsejero de la Judicatura Federal, de modo que el abogado panista será reubicado en alguna otra área de la administración asociada con asuntos legales y políticos. Se habla de Fiscalía General como la segunda opción.

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Contra lo que muchos observadores advertían, la elección de rector en la Universidad Autónoma de Chihuahua transita sin contratiempos y por los cauces institucionales, sin despertar pasiones más allá de los interesados y su entorno próximo. Los estudiantes ni por enterados se dan, tampoco los maestros sin compromisos políticos.
Enrique Seáñez ha demostrado tener control de la sucesión, arropado por una decena de directores que observan acatamiento a Rectoría y a los próximos inquilinos de Palacio.
Se habla que ninguno de los directores llenó el ojo del gobernador electo, pero un exdelegado en los tiempos de Felipe Calderón, hizo valer su amistad para impulsar a un colega de profesión zootecnista. Se comenta entre universitarios que por eso apareció en Zootecnia el nombre de Javier Martínez (secretario académico de Rectoría), sin ser uno de los directores.
Ayer mismo habrían reunido a todos los directores para darles un formal apretón, a efecto de que no hagan más olas de lo necesario y todos lleguen afinaditos a la sesión del viernes.

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La que podría dar la sorpresa en la ciudad de Chihuahua es la alcaldesa electa, Maru Campos. Y no nos referimos a la integración de su gabinete, sino a su posible regreso a la diputación en el Congreso del Estado.
Políticamente pudiera no ser correcto pero legalmente no hay impedimento. Los Reporteros supieron que hay interés de la propia diputada y ninguna objeción del PAN para que temporalmente ocupe otra vez su curul como legisladora, pero sobre todo para cumplir con la función fiscalizadora.
Resulta que Maru es por los blanquiazules la que más le mueve a la revisión de las cuentas públicas y como eso es lo único importante que hay pendiente en el Congreso, la alcaldesa electa quiere llevar mano en ese trabajo para sacar todas las cuentas del 2015 y 2014 pendientes. Su suplente, Paloma Aguirre, no alcanzó a interiorizarse en el tema, además de que Maru Campos ya tiene muy avanzada la transición porque ha articulado una buena relación con el alcalde saliente, Javier Garfio.

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El transporte público de Chihuahua continúa en la peor crisis de su historia y Francisco Javier Lozoya sigue organizando su reelección en la dirigencia del Frente Único de Trabajadores del Volante, organización cetemista causante del desastre. Reportan que el impresentable “Güero” Lozoya será reelecto hoy, con la línea directa de su protector, Jorge Doroteo Zapata, dirigente estatal de la CTM.
Los usuarios del transporte sufriendo por el pésimo servicio y los dirigentes sindicales festejando la reelección.
Mientras Lozoya arma la operación a su favor, están fuera de circulación más de 200 camiones de los 500 que deben operar,  y activas las amenazas de eliminar el sistema de recaudo, sin importarles el alto costo que ello implica, alrededor de cien millones de pesos.