Mario Luis Fuentes
2016-08-22
Ante la evidencia de que no hay mejores “motores” para la movilidad social que la educación y la salud, lo que urge es cerrar las brechas que nos mantienen divididos en un país en el que en el centro y en el norte se cumplen de manera relativa los derechos sociales, y en el que en el sureste la pobreza y las peores carencias son la realidad de todos los días.
Sin duda, el mayor reto generacional que tenemos es lograr la construcción de un sistema de bienestar cimentado en un sistema educativo capaz de incluir a todos y no uno en el cual, como ahora, la educación pública es sinónimo de los peores servicios, mientras que, en el interior del propio sistema público, existen enormes brechas de acuerdo con el tipo de escuela en la que se está inscrito y el territorio en que se vive.
Así, hemos generado una perversa lógica en la cual ofrecemos los peores servicios para los más pobres: sistema Conafe, telesecundarias y telebachilleratos de baja calidad en su enseñanza para las zonas rurales, indígenas y urbano marginadas, y las mejores escuelas para las zonas con mayores niveles de urbanización y acceso a servicios.
En esa lógica, es pertinente que en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica se documentó que, en el universo de los 151 mil centros educativos del país, 36 mil 800 que no fueron construidas para fungir como centros educativos; tres mil 500 que tenían piso de tierra; así como dos mil 241 que están construidas con materiales endebles o precarios.
Asimismo, hay 109 mil 571 escuelas que no disponen de rampas para el acceso de personas con discapacidad; mientras que, frente a la pandemia de obesidad que enfrentamos, hay 48 mil 694 escuelas sin espacios para el deporte o la recreación.
En lo relativo a la cuestión pedagógica, hace mucho que no se lleva a cabo una revisión crítica de los contenidos y métodos de enseñanza en el aula; y desde esta perspectiva, es urgente avanzar en la construcción de un modelo que busque denodadamente generar capacidades para aprender a lo largo de la vida; pero también para construir una potente conciencia ciudadana que nos lleve a nuevos estadios de civilidad.
Tenemos que ser capaces de impulsar un nuevo modelo educativo que, sin renunciar a una lógica de construcción de capacidades para la productividad y el empleo, sea capaz de generar, desde una profunda enseñanza de las humanidades, una nueva conciencia social que dé prioridad a los mejores valores que tenemos.
Necesitamos una verdadera educación para la paz y para una vida en colectividad, que nos lleve a preferir la solidaridad sobre el egoísmo; la tolerancia sobre la discriminación y la exclusión; a preferir en todo momento la equidad, sobre la oprobiosa desigualdad que hoy atestiguamos y la cual se sustenta en la acumulación excesiva y el despojo de los más pobres.
Necesitamos reconocer que, en medio de estas realidades y exigencias, el conflicto que se vive entre la CNTE y el gobierno federal mantiene semiparalizadas a varias entidades, mientras que el país entero se encuentra atrapado en una peligrosa trampa de pobreza y desigualdad de las cuales es urgente que logremos salir en el corto plazo.
El conflicto magisterial revela la gran cuestión de fondo que hemos mantenido irresuelta: seguimos siendo un país que no cuenta con métodos de discusión política para el diálogo, acuerdo y la generación de consensos y, sobre todo, uno en donde la mezquindad se ha impuesto como regla de negociación en prácticamente todos los espacios de la vida social.