Gerardo Cortinas Murra
2016-08-21
En los últimos años, en especial en el presente sexenio, el cínico contubernio entre el titular del Poder Ejecutivo y los coordinadores parlamentarios del PRI en las dos últimas Legislaturas, ha provocado que diversos ordenamientos aprobados bajo la consigna ejecutiva –entre ellos la legislación electoral– sean calificados como una legislación perversa y denigrante.
Perversa, porque se legisla con la evidente intención de causar un daño a sectores específicos de la sociedad, o bien, para encubrir actividades de corrupción política. Denigrante, porque los ordenamientos aprobados constituyen una ofensa y una burla para la sociedad chihuahuense.
Ejemplos abundan. La llamada ‘reforma judicial’ es, sin duda alguna, el ejemplo más palpable de ello: se legisló a la ‘fast-track’, de tal manera que el procedimiento de reforma constitucional concluyó en tan sólo dos semanas, gracias al contubernio de los cabildos municipales.
El nuevo proceso de selección y designación de magistrados estaba diseñado, exprofeso, para lograr el acceso de abogados sin calidad moral y profesional a la magistratura judicial, pero eso sí, la mayoría de ellos incondicionales al poder estatal; y dos de ellos, fruto de la negociación con la oposición política.
En cuanto a la reforma electoral, hemos sido insistentes en señalar las múltiples deficiencias de la legislación electoral –federal y local– que sustenta los comicios locales de este año: la insana invasión competencial del Instituto Nacional Electoral (INE) en la actividad del Instituto Estatal Electoral (IEE), cuya consecuencia lógica ha sido el ‘batidero electoral’.
Adicionalmente, destacan los candados constitucionales y legales llamados ‘anti-Broncos’ que imposibilitaron a varios ciudadanos chihuahuenses para participar como candidatos independientes.
Pero eso no es todo. En los últimos días salió a relucir, con motivo de la expedición de la convocatoria para elegir nuevo rector, que la Ley Orgánica de la UACH está plagada de disposiciones obsoletas que violentan los derechos político-electorales de los catedráticos universitarios; lo anterior, toda vez que el proceso de elección del rector está diseñado para simular un proceso democrático, a todas luces impositivo e inquisitivo.
Ahora bien, ¿cuál es el denominador común de la aplicación de estas tres legislaciones perversas y denigrantes? La respuesta es evidente: el caudal de impugnaciones que generan y que exigen, ya sea su reforma o derogación inmediata, o bien, su inaplicación a los casos concretos.
En lo que respecta a la legislación electoral, el Tribunal Estatal Electoral habrá de resolver más de 250 impugnaciones electorales.
En cuanto a la ‘reforma judicial’, aún siguen pendientes de resolver dos juicios de amparo. Y en la inminente designación del nuevo rector, se esperan, cuando menos, la promoción de varios amparos e, inclusive, juicios para la protección de los derechos político-electorales.
Usted amable lector, sin necesidad de ser un erudito en Derecho, por elemental sentido común, podrá darse cuenta que los tópicos legislativos en comento han provocado, de manera justificada, un generalizado descontento social que, en última instancia, han afectado la poca credibilidad que tienen las instituciones políticas de nuestro estado. Descontento que, de manera papable, se reflejó en las urnas electorales el pasado 5 de junio.
El descontento social ha sido de tal magnitud, que las impugnaciones promovidas por el PRI han sido utilizadas para desacreditarlo, bajo el argumento esgrimido por el gobernador electo: “la impugnación del PRI, es un despropósito jurídico y político que muestra la incapacidad del PRI para asumir, asimilar y respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía… lo que constituye una auténtica burla, me atrevo a calificarla de vacilada”.
Sin embargo, debe reconocerse que gracias a los precedentes de los tribunales federales e internacionales, ha sido posible una mayor influencia ciudadana en la toma de decisiones de un poder arbitrario, prepotente e irresponsable.