La Columna

De Los Reporteros

Algo anda mal en Alumbrado Público. Esa dependencia municipal acumula la mayor cantidad de reportes que se reciben en el 070, habilitado por la Administración municipal para atender todo tipo de quejas sobre servicios públicos.
En lo que va del año, por fallas o falta de alumbrado, se recibieron 2 mil 342 quejas vía telefónica y otras 60 en la página web.
Tan mal andan las cosas en la ciudad con ese servicio, que un reporte de la colonia Frontera II lleva un mes sin atenderse, aunque media colonia está en penumbras.
Ahí reside la exregidora Josefina Gaytán quien ya se cansó de hacer gestiones y darle seguimiento para el reporte número 105898 y no ha conseguido nada.
Pero ese es sólo un ejemplo, Los Reporteros reciben constantemente quejas en ese sentido por distintos rumbos de la ciudad, igual lo hacen los integrantes de Cabildo.
Lo que más preocupa es que se acaban de invertir los 300 millones que se obtuvieron vía crédito y que los juarenses pagarán durante cinco años sin que se haya agotado el déficit de cobertura y sin que la reposición del viejo alumbrado que presenta fallas constantemente se haya completado.
Fue una inversión fuerte que sin embargo se ha notado poco en la ciudad y para acabarla de amolar los funcionarios de la dependencia que dirige Gerardo López Fierro, han resultado malitos para atender las demandas ciudadanas y mantener medianamente aceptable la red de alumbrado, ya sea vieja o nueva.
Por cierto que aparte de Alumbrado Público, le siguen con reportes y quejas en el 070, la Dirección de Obras Públicas con 761 solicitudes y Limpia con otras 555 en el corte de lo que va del año. En total las dependencias municipales acumulan tanto por teléfono como por la web, 4 mil 317 reportes, según los informes que concentra la Secretaría Técnica.

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El grillerío que se desató ayer por el cambio de rector en la Universidad Autónoma de Chihuahua fue de locura.
El exdirector de la Facultad de Contaduría, Alfredo de la Torre, se apresuró y ya llevó todos sus documentos ante el secretario del Consejo Técnico que en esta semana deberá hacer su “auscultación” o consulta con profesores y estudiantes para determinar a quién propondrán para que busque figurar en la terna que finalmente votará el Consejo Universitario.
Quién sabe cómo desaten el entuerto en esa facultad que tiene la matrícula más amplia, porque la actual directora, Liliana Álvarez Loya, también está lista para buscar la Rectoría y lleva mano para operar el Consejo Técnico a su favor. Todos los que son directores tienen esa ventaja, por eso también tendrán complicaciones quienes no son del círculo y pretenden el apoyo de uno de los consejos técnicos.
Otro jugada ejecutada ayer vino de uno de los directores. Luis Alberto Fierro renunció al máximo cargo en Filosofía y Letras para quedar libre por la competencia, por si procede la impugnación que prepara precisamente Alfredo de la Torre.
Uno de los externos, Jesús Robles Villa, movió otra pieza y presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para que no se violenten sus derechos a participar en la contienda.
El mismo día, otro de los suspirantes fuera del círculo de directores, Enrique Rascón, se fue duro contra el que dirige Medicina, José Benavides, también aspirante a Rectoría, y adelantó la presentación de una demanda penal en su contra por supuestamente haber recibido un sueldo por un cargo que no desempeñó. Rascón le hizo cuentas a Benavides por más de 800 mil pesos que cobró sin trabajar como director del Hospital Central desde 2014.
En el maremágnum informativo, los alumnos de Derecho todavía movieron más las aguas solicitando un debate entre todos los aspirantes.
Está tan revuelto el proceso que hasta Marcelo González Tachiquín, precisamente maestro en la Facultad de Derecho, se lanzó al ruedo aunque carga bastantes muertitos encima, como la deuda de 90 millones de pesos por el equipamiento del fallido Plan Villa, cuando fue secretario de Educación y todavía no tronaba de fea manera con el gobernador César Duarte por la otra sucesión, la de la gubernatura.
Para completar la lista de suspirantes hay que mencionar a Javier Martínez Nevárez, titular de la Dirección Académica de la UACh; Enrique Carrete, director de Derecho, quien también anunció que renunciará al cargo para entrarle a la contienda; Raúl Sánchez Trillo, director de la Facultad de Artes y Eloy Díaz Unzueta, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Todos andan desatados y todavía no ha trascendido algún plan de intervención de los que se van o los que llegan a la Administración estatal.

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Por si no fuera suficiente el fuego de la sucesión en Rectoría, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres le atizó más a la caldera de la grilla educativa, con el emplazamiento a huelga para mañana jueves.
Los sindicalizados reclaman pagos atrasados en sus prestaciones y como el secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, Ricardo Yáñez, no ha firmado ningún papelito que garantice su cumplimiento, los inconformes decidieron endurecer las acciones.
Yáñez ha dicho que la retención no es asunto suyo, sino de la Secretaría de Hacienda e incluso ni comprometido se siente por negociaciones que en parte hicieron sus antecesores José Miguel Salcido y Marcelo González.
Otra vez faltan recursos en la etapa de transición. Y son más de 2 mil trabajadores afiliados al sindicato del Cobach los que reclaman sus adeudos por prestaciones.

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Donde también hay emplazamiento a huelga es en el Gobierno municipal. Las pláticas entre autoridades y los representantes sindicales iniciaron ayer y aunque todavía no hay acuerdos, queda bastante tiempo antes del 6 de octubre que fijaron como plazo fatal.
El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio pidió un 8 por ciento de incremento salarial pero falta ver con qué porcentaje se conformarán sus líderes porque ya se sabe que ni los ciudadanos ni los funcionarios tienen posibilidad y tampoco disponibilidad para cumplir esa demanda. Simplemente no hay con qué.
Por cierto que será hasta la próxima reunión cuando en la negociación participe como oyente invitado, algún representante del alcalde electo, Armando Cabada.

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El bronce asegurado por el parralense Misael Rodríguez en Río de Janeiro, sirvió para exhibir la profunda corrupción de los federativos en el deporte mexicano, un mal endémico que cada ciclo olímpico limita el éxito de los esforzados atletas nacionales.
Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Box, declaró que esa medalla no se la debe colgar Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) pues suspendió el dinero a la Federación, motivo por el cual los peleadores compitieron con uniforme fiado.
Lo que no dice Contreras, es que cancelaron los apoyos por encontrarle una serie de corruptelas y desvíos en la federación que dirige, en la cual se ha enriquecido sin apoyar a los deportistas. Contreras es considerado “un hampón” por cronistas deportivos de prestigio, pero hoy intenta ocultar sus hábitos tras esa medalla.
Previo al mundial de Qatar 2015, Contreras chantajeó al director de la Conade, enviando a los deportistas a “botear” en la Ciudad de México, pretendiendo pasar por víctima, cuando en realidad impidió que la Conade entregase los recursos directamente a los boxeadores. Quería que el dinero pasara primero por sus manos para quedarse con la mayoría, como ha hecho –según los cronistas deportivos– durante años.
Alfredo Castillo no es mejor: lo acusan de nepotismo, gastos injustificados y abuso de autoridad, además de ser calificado como personaje superficial, proclive al glamur y dispendioso.
Ambos, Contreras y Castillo, son únicamente dos ejemplos de la corrupción generalizada que existe en el deporte federado nacional. Los presidentes de las federaciones las toman como de su propiedad y no hay poder humano que los mueva, pues las leyes están hechas para perpetuarse y manejar el dinero sin rendir cuentas. Como se dijo en un “meme”, son campeones en clavado… de dinero.

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Ya le quedan menos de dos meses a la Administración estatal y todavía siguen llenando huecos en algunos cargos.
La Subsecretaría de Educación Zona Norte se había quedado sin vocero desde que Alba González aprovechó sus buenas credenciales para brincar a la Dirección del Conalep II. Pero ayer llegó a la oficina para hacerse cargo de esa área de Comunicación Social, José Acosta, quien fue removido de la misma jefatura en la Subsecretaría de Gobierno (relevado por Marcos Morales) poco tiempo después de que Sergio Belmonte arribó a la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Acosta se había refugiado como vocero de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez antes del movimiento de ayer.
La Subsecretaría de Educación sigue acéfala desde que Isela Torres dejó el cargo para irse de candidata a diputada por el Distrito 02, uno de los que aquí pudo salvar el PRI.