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Mariguana: ¿Guerra de absolutos?

Jesús Antonio Camarillo | Sábado 31 Octubre 2015 | 00:01 hrs

Hace más de veinte años, el profesor de la Universidad de Harvard, Laurence H. Tribe escribió un libro que se volvería célebre: “El aborto: guerra de absolutos”, planteando el polarizado enfrentamiento entre la “vida” y la “libertad”. Un conflicto que, visto en una primera aproximación, parecería insoluble. En su obra, Tribe propone evitar caer en una respuesta totalizadora, es decir, deberíamos de encontrar la forma de abordar tan intensa problemática, saltando por encima de las posiciones absolutas y desafiando así la inevitabilidad del conflicto permanente.

Pero más allá de los escenarios propuestos por Tribe para evitar la lucha de absolutos, es innegable que ante el aborto, siempre saldrá lesionado algún valor moral entronizado por la sociedad, de forma que la conformación de la carga argumentativa de quienes toman una decisión legislativa o judicial al respecto, es una labor sumamente difícil pero no imposible de encarar.

La referencia al libro de quien fue profesor de Barack Obama en Harvard, la traigo a colación por la vigente discusión que desató el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, en torno a la legalización del cultivo y transporte de mariguana para el autoconsumo. El caso llegó hasta el máximo tribunal del país luego de la petición de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) a la Cofepris con el fin de que se otorgara permiso a sus miembros para cultivar cannabis para autoconsumo.

Como ya nos tiene acostumbrados con sus resoluciones, el dictamen de Zaldívar, vuelve a marcar una parte de la agenda del debate jurídico, político y filosófico. En la concepción del ministro “La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo escoja su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás”.

Aquí el ministro tiene toda la razón. No le corresponde a ningún constituyente originario ni revisor, establecer el “deber ser” del trayecto moral de una persona. Tampoco el Estado y su legislación ordinaria pueden seguir generando normas adoptando implícitamente una sola teoría moral que, como tal, no tiene ningún correlato con la Constitución.

El recurso al libro del profesor Laurence H. Tribe lo deslizo aquí porque a diferencia del tema del aborto, en el que la confrontación de dos valores fundamentales parece hacerse presente de manera –quizá– inevitable, en el “debate” sobre el consumo de la mariguana no hay una tensión de tal magnitud. Y pese a que existen voces que quieren a toda costa dar una dimensión que el caso no tiene, el asunto en manos de la Suprema Corte no tiene la característica toral de un tema trágico en el que se vean confrontados dos grandes valores o bienes morales o jurídicos en pugna.

Pensar, por ejemplo, que existe aquí un dilema entre la libertad y la salud pública, es demasiado temerario, dado que existen suficientes evidencias que demuestran que no hay un solo caso de muerte registrado en el país por el uso de este enervante. Y vaya que las autoridades se han empeñado en encontrarlo para robustecer sus afanes prohibicionistas.

¿Qué otro bien puede oponerse a la libertad de una persona para consumir lo que, eventualmente, sólo a ella pudiera hacerle daño? Si alguien piensa que es la seguridad, la paz pública o el orden de una nación, es tiempo de decirle que si el país está de cabeza no es pertinente cosificar la cuestión: no es culpa de la hierba. Ni tampoco de los enhierbados. Mejor habría que preguntarles a todos los que en este país se han enriquecido, ahora sí, “inmoralmente”, con las diversas etapas del iter de la sustancia. Corruptos fácticos y formales que han hecho de la prohibición un auténtico fetiche.

Lamentablemente el debate incoado por el dictamen de Zaldívar se pospuso. Quizá el ministro se quede solo con su voto. No lo sabemos, y si eso sucede no sería la primera vez. Pero nos queda el consuelo de ver en escena a un ministro de otro nivel argumentativo en la Corte mexicana. Y eso, en un país como el nuestro, no es cosa menor.


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