Muchos rostros

Olga Tuda

Aunque el rumor de una reforma de salud viene creciendo desde finales de 2014, las únicas fuentes conocidas son las que corren por las redes sociales, provenientes de empleados del IMSS (médicos y enfermeras), en donde se habla de que a partir de esta reforma los derechohabientes tendrían que pagar por consulta, servicios de tratamiento de especialidades y se recortarían los medicamentos para enfermedades crónicas y crónico-degenerativas, entre otros aspectos.

Lo anterior ha sembrado pánico y desesperanza entre quienes están inscritos en las instituciones públicas de servicios médicos, molestia entre los empresarios, así como entre los empleados del Sector Salud. Pero nadie ha confirmado hasta ahora la veracidad de estos rumores. El enojo tiene que ver con el deterioro de un bien estipulado en el Artículo 4º. de la Constitución mexicana, que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

En días pasados el diputado Carlos Angulo informó que “en el Congreso de la Unión no hay proceso legislativo alguno al respecto”. Sin embargo, habló también de “la posibilidad de fusionar los sistemas de salud en un solo programa nacional, en donde se junten el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos que existen en empresas productivas del estado, como PEMEX y CFE, en donde se compendien los sistemas de salud establecidos por estados y municipios, y en el que los seguros de salud privados pudieren también tener algún tipo de interacción con este sistema a fin de generar economías de escala para abaratar costos y hacer que se brinden mejores servicios de salud a los mexicanos”.

Pero agregó que “por desgracia, en México cuando el gobierno dice que no pasa nada, es porque sí pasa o va a pasar, esa es la interpretación popular de las cosas, y  no carece de razón”.

Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva y parece que lo anterior genera malos entendidos entre los empleados de salud y los derechohabientes, porque la desinformación es el primer recuadro de esta situación. Aun así, no todo el rumor queda sin sustento, ya que en el IMSS se comenta entre los empleados que se les envió una notificación escrita donde se da la orden de suspender algunos de los medicamentos indicados para enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer. Y no está para dudarse que el gobierne intente realmente dar una solución con otra de sus sorpresivas reformas, que de nuevo será tratada detrás de un escritorio, sin un verdadero consenso entre los implicados y con un fin que nada tiene que ver con un beneficio para sostener un pueblo sano y libre de una incertidumbre que sólo lleva a enfermarse más.

Es bien conocido ya que el estrés es una de las causas principales de las enfermedades y/o empeora las mismas. La desconfianza generada después de tantos golpes económicos, sociales y psicológicos, que impacta a los gobernados, crece continuamente y carece de oportunidades viables para recuperar la credibilidad en lo que utópicamente resulte un buen gobierno.

El Estado no parece notar que las cosas andan mal. Y antes de servir a la comunidad, a promover la prosperidad, a garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y a facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, actúa protegiendo o señalando –según el caso– los errores del Ejecutivo, cuidando intereses que nada tienen que ver con las funciones propias de su cargo, perjudicando así el entorno que lo lleva a existir.

La Secretaría de Salud ha expresado, después de una megamarcha nacional realizada por trabajadores del IMSS, que no habrá privatización del IMSS y del ISSSTE, precedida por declaraciones de las autoridades de esas instituciones, que niegan la posibilidad de dicha reforma de salud. Aseguran que se ampliará la cobertura y mejorará la calidad de los servicios.

La contradicción sigue existiendo cuando se habla de que no habrá una reforma de salud de las instituciones públicas, pero está en la mesa la posibilidad de fusionarlas.

De ser así, conviene que todas las partes se enfoquen en hacer bien lo que les corresponde, mejorando y respetando el servicio dado y el servicio recibido, porque si empresarios y derechohabientes pagan por ello, la institución y el Estado deben trabajar para maximizar la salud de todos. De esta manera habrá menos enfermos, menos quejas y más confianza.

Una propuesta de reforma de ley por parte del gobierno debe ser aprobada y/o rechazada por las cámaras, publicada en el Diario Oficial y luego entra en vigor. Bien harían los diputados y senadores en ponerse de acuerdo y tener en cuenta que son parte de una decisión de gran trascendencia, tanto para la ciudadanía como para su carrera política, porque ya más ahorcado no puede estar un pueblo.