Derechos humanos no existen

Víctor M. Quintana S.

Para vergüenzas no gana uno con la mayoría automática del Congreso del Estado. No escuchó los justos reclamos del Movimiento Estatal de Mujeres y el año pasado aprobó reformas legales que atropellan los derechos humanos; por ceder a la intolerancia de los grupos conservadores y la jerarquía católica, también los estará atropellando; y los vuelve a violar restringiendo el derecho de las y los ciudadanos a una candidatura independiente.

Hace un año, el Movimiento Estatal de Mujeres advirtió a los poderes Ejecutivo y Legislativo la grave problemática que entrañaba el proyecto de reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua:

Las reformas al Código de Procedimientos Civiles fueron hechas a la carta para agiotistas, banqueros, rentistas, aboneros, fraccionadores y vendedores de vivienda orientados solamente al lucro. Con el pretexto de agilizar los juicios, lo que se hizo en realidad fue acelerar el proceso de despojo del patrimonio familiar, haciendo más expeditos procedimientos como el de notificación, embargo, venta judicial, en beneficio de los acreedores y en perjuicio de las familias. Sin tomar en cuenta la realidad de crisis económica permanente, empleos mal pagados, carestía generalizada de la vida, se criminaliza a los pobres, a los deudores, a quienes no pueden honrar sus compromisos económicos por haber perdido el trabajo o no alcanzarles su salario. Se convierten las deudas civiles en penales.

Las reformas al Código de Procedimientos Familiares resultaron conservadoras y discriminatorias. Consagran el dominio del varón adulto en la familia y favorecen la reproducción de relaciones de violencia dentro de la misma en contra de mujeres, de niñas y de niños No contemplan procedimientos ágiles y precisos para el reconocimiento legal de la paternidad ni para garantizar el pago de pensiones alimenticias.

El Movimiento de Mujeres tuvo que acudir a instancias nacionales e internacionales a pedir apoyo. Así, la semana pasada, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres notificó a los tres poderes de Chihuahua el primer pronunciamiento emitido en toda su historia en relación con leyes violatorias de derechos humanos en México, referidas a diversos artículos incluidos en los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua, los cuales entrarán en vigor el próximo 16 de agosto. Adoptó, por unanimidad, el acuerdo 03-08/12/2014 en el cual enuncia siete temas por los cuales “las reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua […] carecen de una perspectiva de género y de derechos humanos”. Al mismo tiempo insta a los tres poderes a revisar dichas reformas y a adoptar las medidas que sean necesarias para que las mismas, antes de entrar en vigor, incluyan una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.

Luego, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia que hace necesario un cambio en la ley para hacer efectivo el derecho de todas y todos al matrimonio, independientemente de su preferencia sexual, se negó a legislar en la materia, por la presión de los grupos conservadores y la jerarquía católica, a la que el Gobernador Duarte consagró el estado de Chihuahua hace dos años. Así, las parejas de mismo sexo que deseen contraer matrimonio en esta entidad sólo podrán hacerlo acudiendo al amparo de la justicia federal.

Después, el lunes 29, los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados del PVEM, PT, PRD, PANAL y Movimiento Ciudadano impusieron reformas constitucionales en materia electoral, que también resultan violatorias a los derechos humanos. En una especie de “vacuna contra la bronquitis” y previendo la disidencia de precandidatos a la gubernatura descontentos con el tricolor, la mayoría del Congreso, con excepción del PAN,  puso varios candados a las candidaturas independientes. El más importante: que quienes pretenden figurar como candidatos independientes no hayan sido dirigentes nacionales, estatales, municipales, militantes o simples afiliados de algún partido político en los tres años anteriores al día de la elección. Además, contra toda la demanda ciudadana de reducir el número de diputados, la reforma del PRI y sus aliados lo aumenta de 33 a 36 y para pagar el favor a sus partidos cómplices en el atropello legislativo se baja a 2% el mínimo para que un partido mantenga su registro.

El Congreso de Chihuahua, dominado por el PRI y sometido al Gobernador ha estado llevando a cabo una sistemática suspensión de los derechos ciudadanos simultáneamente a una expansión de los privilegios partidistas. De seguir así, el Congreso, las y los chihuahuenses ya ni siquiera vamos a confiar en el amparo de la justicia federal. No nos quedará más que el “Dios nos ampare”.