Sin rodeos

María Amparo Casar

Distrito Federal- La entrevista que el general secretario Salvador Cienfuegos concedió a Carlos Benavides de El Universal a principios de semana rebosa en claridad y franqueza. Aunque en cada una de sus alocuciones resalta la institucionalidad que lo caracteriza, pone sobre la mesa y sin rodeos hechos, opiniones y reclamos legítimos.

En el Ejército, dice con todas sus letras, no se sienten a gusto haciendo funciones policiales y han sufrido un desgaste por ello. El desgaste personal, el que supone estar en los medios de manera constante, el de su prestigio. Pagan el costo sin reparos, dice el general secretario. Primero, porque es una orden y, segundo, porque, de no haber intervenido, la situación sería peor: “Si algo se ha avanzado en seguridad y en la contención del crimen organizado y de los líderes de estas organizaciones criminales ha sido básicamente por la intervención de las Fuerzas Armadas”.

Estas declaraciones no impiden que, de manera inmediata, se haga una crítica a la política en contra del crimen organizado. De qué otra manera puede interpretarse si no la afirmación de que se necesitan cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados, pero también con mejor seguridad social. De qué otra forma puede comprenderse su acertado juicio en el sentido de que no encuentra esfuerzos decididos en la gran mayoría de los estados para que las policías avancen y puedan atender los problemas de seguridad interna. Al final, y a pesar de que el Ejército Mexicano ha crecido casi al doble en las últimas tres décadas (de 117 mil 600 integrantes en 1983 a 212 mil 200 en 2013) es relativamente pequeño para el tamaño y condiciones del territorio y para las labores que lleva a cabo. La suma de policías prácticamente triplica el tamaño del Ejército y, sin embargo, este último tiene desplegadas en las calles entre 35 y 45 mil soldados. Más contundente es la convicción de que, durante este sexenio, no se vislumbra la posibilidad de que ellos regresen a las actividades para las que fueron preparados: la guerra y la defensa del país.

Igualmente importantes son las declaraciones del secretario de la Defensa cuando reconoce que, a pesar de que la norma constitucional autoriza al Presidente a emplear las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior, no hay ley reglamentaria que detalle cómo deben actuar estas fuerzas, hasta dónde, en qué lugar y en qué tiempo. Con toda claridad expresa que, si no la hay, es por intereses partidistas y pide una Ley de Seguridad Interior y una de Defensa Nacional que otorguen respaldo jurídico a las tareas que, por órdenes del Presidente, hoy lleva a cabo el Ejército.

También hay una crítica a la procuración de justicia por el caso Tlatlaya. Reconoce —aunque no aprueba— la decisión de los legisladores de acotar el fuero militar y la consecuente responsabilidad de los encargados de la justicia ordinaria en la investigación de delitos del orden militar en el que resulten afectados civiles. Pero reclama no tener información sobre el estado de las investigaciones y exige que se inicie el juicio de una vez.

Finalmente, habría que escuchar al general secretario en lo que tiene que decir con respecto de los riesgos de seguridad nacional. Ahí, junto a los desastres naturales, la delincuencia organizada, el terrorismo o el tráfico de personas sitúa a la corrupción. Peor aún, considera que, si no se pone la atención debida, este riesgo puede convertirse en amenaza.

En fin, puede uno estar o no de acuerdo con lo que piensa el general secretario Cienfuegos, pero lo que preocupa es que parece haber una distancia y falta de comunicación entre el gobierno y una de sus partes. No una parte cualquiera: la encargada del uso legítimo de la fuerza. La distancia está entre lo que piensa y quiere el Ejército y lo que hace o deja de hacer el gobierno.

El Ejército piensa que está pagando un costo alto por llevar a cabo funciones que no son propias de su formación y misión, pero el gobierno no parece hacer gran cosa por remediarlo. Más bien permite que se perpetúen las condiciones para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles.

El Ejército piensa que está en la indefensión jurídica al no haber un marco normativo explícito que avale y regule su actuación en la seguridad interior, pero el gobierno es incapaz de cabildear exitosamente leyes que lo protejan.

El Ejército considera que fue un error sustraer la justicia militar de sus tribunales especializados, pero el gobierno no hace nada por mostrar que la procuración de justicia civil puede ser pronta y expedita.

El Ejército mira la corrupción como un riesgo de seguridad nacional que promete transformarse en una amenaza de seguridad nacional y el gobierno se queda cruzado de brazos. ¿Habrá quien atienda estos reclamos?