“Ciudadanizadores” interesados

Luis Javier Valero Flores

A reserva de reflexionar más extensamente sobre la reforma constitucional que en materia electoral aprobó el Congreso del Estado el lunes anterior, será necesario hacerlo sobre un tema que catapultó a la democracia electoral del país: La llamada “ciudadanización” de la política.

Cuando la clase gobernante en el país comprendió que o reformaba el sistema político-electoral o entraríamos a una incontenible espiral de violencia política, se abrieron cauces para las distintas corrientes políticas, especialmente para la izquierda, aunque no sólo.

La reforma de 1977-1978 del gobierno de José López Portillo le abrió las puertas de la participación electoral a la izquierda socialista y comunista a través del registro del histórico Partido Comunista Mexicano.

Luego del fraude electoral perpetrado en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y los más de 600 militantes perredistas asesinados, el régimen comprendió cosa semejante al lopezportillista. Se abrió, así, la posibilidad de la plena competencia electoral. Luego, en 1995, enseguida de la aparición del EZLN, por fin, el órgano electoral se “ciudadanizó”.

El espíritu que animó dicha reforma fue que los órganos electorales, para garantizar la imparcialidad, estuvieran integrados por ciudadanos alejados de los partidos políticos.

Tal espíritu se ha ido perdiendo a pasos acelerados. La partidización de esos organismos, y otros semejantes, es extrema.

Pero en todas las reformas electorales, ni por asomo, se había tratado de devolverle a los ciudadanos un derecho elemental: El de ser votado.

Plasmado en el texto constitucional, no había tenido vigencia en el último medio siglo.

El reclamo había crecido y el régimen, otra vez, debió ceder. Salvo algunas legislaturas locales, en el ámbito nacional tal reclamo se hizo realidad este año.

Los triunfos del “Bronco” en Nuevo León (Gubernatura), Manuel Clouthier (Diputación federal en Sinaloa), Alfonso Martínez (Alcaldía de Morelia) y Pedro Kumamoto (diputación local en Jalisco) han encendido los focos rojos de los partidos, en especial del PRI, el partido cuyos métodos de elección son los más antidemocráticos del conjunto de los partidos –y es mucho decir–, por ello es natural que ahora intenten ponerle todas las trabas a las candidaturas independientes.

Y cuando hablábamos de éstas no pensábamos que quienes llegaran a tal calidad debieran ser ciudadanos “castos y puros”, que no los hubiera tocado ni siquiera “el pétalo de un partido político”; no, se trataba de quitarle a los partidos el monopolio de las candidaturas.

Es decir, las candidaturas independientes lo son de los partidos, más allá de si quien la busca ha sido, o es, militante de algún organismo político.

¿Quién debe decidir si determinado ciudadano debe o no ser merecedor de un puesto de elección popular? No puede ser autoridad alguna, ni alguna mayoría parlamentaria, y tampoco el titular del Poder Ejecutivo.

Basta con que un grupo de ciudadanos lo apoyen, lo exijan y si obtiene el triunfo en las urnas, ungido deberá ser.

De ahí lo preocupante de las concepciones que dieron origen a los candados impuestos a los candidatos independientes en Chihuahua.

Si un militante cree tener la fuerza ciudadana como para aspirar a la candidatura de su partido, debiera tener los instrumentos democráticos para intentarlo, pero si en su partido la designación es antidemocrática ¿Qué le impediría, válidamente, buscar la candidatura independiente?

En una época, por desgracia, en la que las cúpulas partidarias han asumido cada vez más férreamente el control de sus partidos ¿cómo pretenden ponerles trabas a las candidaturas independientes?

¡Ah, porque las trabas no son solamente a quienes la buscan por primera vez! El Congreso aprobó una reelección inmediata para diputados y alcaldes. Si alguno de éstos intenta reelegirse, deberá hacerlo bajo el emblema del mismo partido de la primera vez, o haberse separado de éste ¡A la mitad de la gestión!

Pero si un candidato independiente accede al poder, para reelegirse deberá buscar, nuevamente, el mismo mecanismo de la primera vez, no le vale ser el alcalde o el diputado en funciones como a los militantes partidarios.

¡Uy, ahí viene el coco!

Como el total de las reformas aprobadas el lunes, el único fin fue el de preservar los privilegios de los partidos, el de sus castas dirigentes y mantener la antidemocracia existente en ellos.