Un desastre, posponer la reforma penal

Pascal Beltrán Del Río

Distrito Federal- La reforma al sistema de justicia penal de 2008 rara vez recibe el mote de “reforma estructural”.

Y, sin embargo, por la envergadura de los cambios que entraña, debiera otorgársele.

La modificación, parcial o total, de diez artículos constitucionales para crear el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es un auténtico parteaguas en la procuración e impartición de justicia en México. Se trata, a decir del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, de “un cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado Democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso”.

No obstante, a escala nacional veo un esfuerzo disparejo, cuando estamos a un año de que el nuevo sistema deba ser instrumentado en toda su extensión.

De entrada, estoy seguro de que la mayoría de los mexicanos no conoce la reforma ni sus implicaciones.

En mi opinión, la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio representa un gran avance respecto del sistema anterior.

De acuerdo con el Instituto de Justicia Procesal, el nuevo sistema “se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de las víctimas y personas imputadas”, creando figuras y mecanismos procesales, como los medios alternativos de resolución de controversias y las suspensiones condicionales del proceso.

También genera nuevas garantías judiciales de las víctimas. Queda explícitamente establecido el principio de presunción de inocencia, así como el derecho de la víctima a la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y la impugnación de las acciones del Ministerio Público.

Lo lamentable de la reforma –más allá de que alguna parte de su contenido pueda generar polémica y no dejar satisfechos a todos– es que pocos la han tomado en serio. Para comenzar, muchos gobiernos estatales, incluyendo la anterior administración del DF, apostaron a que fracasaría o se pospondría.

Claro, los gobiernos a los que no les tocaría verla nacer la trataron con desdén, pues para la mayoría de los políticos mexicanos lo único que vale la pena es aquello a lo que le puedan sacar provecho personal.

Aquí nos encontramos, pues, a siete años de aprobada la reforma y a uno de que entre plenamente en vigor, que la mayoría de las entidades federativas del país no están preparadas para su aplicación.

Lo advirtió el CIDAC a finales del año pasado: “Nos encontramos en una etapa que se caracterizará por la rapidez de los cambios. Ante las prisas de dicho escenario, se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente”.

Conocí de primera mano el caso del DF, en una visita reciente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Debo decir que quedé muy sorprendido por lo realizado por la institución para ponerse al día y asegurar que la reforma entrará en vigor a tiempo.

Aunque los retrasos tienen que ver con que el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard jamás tomó en serio la inminencia de los cambios, en el TSJ no ponen pretextos y están trabajando con velocidad y eficiencia.

Ya hay varias salas de justicia oral que están operando (en materia penal, por lo pronto, sólo en casos considerados como no graves). La dignidad de las instalaciones es impresionante. Visítelas un día y estoy seguro que coincidirá conmigo en que la imagen de los jueces retratada por la película Presunto culpable está quedando atrás.

Casos tan importantes como la explosión del hospital materno infantil de Cuajimalpa –donde se presumía homicidio culposo– han sido procesados rápidamente mediante el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Lo importante es recuperar el tiempo perdido, pues sería un desastre caer en la mexicanísima costumbre de posponer lo que está calendarizado por la Constitución, como ya ha hecho la Cámara de Diputados con el retraso en el nombramiento de los consejeros del antiguo IFE.

Los Tribunales Superiores de Justicia del país necesitan de nuestro apoyo y requieren de recursos para terminar de preparar la implementación de la reforma. Todos los que se los están escatimando deben cesar ya.

Un desastre, posponer la reforma penal

Pascal Beltrán Del Río

Distrito Federal- La reforma al sistema de justicia penal de 2008 rara vez recibe el mote de “reforma estructural”.

Y, sin embargo, por la envergadura de los cambios que entraña, debiera otorgársele.

La modificación, parcial o total, de diez artículos constitucionales para crear el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es un auténtico parteaguas en la procuración e impartición de justicia en México. Se trata, a decir del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, de “un cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado Democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso”.

No obstante, a escala nacional veo un esfuerzo disparejo, cuando estamos a un año de que el nuevo sistema deba ser instrumentado en toda su extensión.

De entrada, estoy seguro de que la mayoría de los mexicanos no conoce la reforma ni sus implicaciones.

En mi opinión, la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio representa un gran avance respecto del sistema anterior.

De acuerdo con el Instituto de Justicia Procesal, el nuevo sistema “se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de las víctimas y personas imputadas”, creando figuras y mecanismos procesales, como los medios alternativos de resolución de controversias y las suspensiones condicionales del proceso.

También genera nuevas garantías judiciales de las víctimas. Queda explícitamente establecido el principio de presunción de inocencia, así como el derecho de la víctima a la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y la impugnación de las acciones del Ministerio Público.

Lo lamentable de la reforma –más allá de que alguna parte de su contenido pueda generar polémica y no dejar satisfechos a todos– es que pocos la han tomado en serio. Para comenzar, muchos gobiernos estatales, incluyendo la anterior administración del DF, apostaron a que fracasaría o se pospondría.

Claro, los gobiernos a los que no les tocaría verla nacer la trataron con desdén, pues para la mayoría de los políticos mexicanos lo único que vale la pena es aquello a lo que le puedan sacar provecho personal.

Aquí nos encontramos, pues, a siete años de aprobada la reforma y a uno de que entre plenamente en vigor, que la mayoría de las entidades federativas del país no están preparadas para su aplicación.

Lo advirtió el CIDAC a finales del año pasado: “Nos encontramos en una etapa que se caracterizará por la rapidez de los cambios. Ante las prisas de dicho escenario, se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente”.

Conocí de primera mano el caso del DF, en una visita reciente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Debo decir que quedé muy sorprendido por lo realizado por la institución para ponerse al día y asegurar que la reforma entrará en vigor a tiempo.

Aunque los retrasos tienen que ver con que el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard jamás tomó en serio la inminencia de los cambios, en el TSJ no ponen pretextos y están trabajando con velocidad y eficiencia.

Ya hay varias salas de justicia oral que están operando (en materia penal, por lo pronto, sólo en casos considerados como no graves). La dignidad de las instalaciones es impresionante. Visítelas un día y estoy seguro que coincidirá conmigo en que la imagen de los jueces retratada por la película Presunto culpable está quedando atrás.

Casos tan importantes como la explosión del hospital materno infantil de Cuajimalpa –donde se presumía homicidio culposo– han sido procesados rápidamente mediante el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Lo importante es recuperar el tiempo perdido, pues sería un desastre caer en la mexicanísima costumbre de posponer lo que está calendarizado por la Constitución, como ya ha hecho la Cámara de Diputados con el retraso en el nombramiento de los consejeros del antiguo IFE.

Los Tribunales Superiores de Justicia del país necesitan de nuestro apoyo y requieren de recursos para terminar de preparar la implementación de la reforma. Todos los que se los están escatimando deben cesar ya.