La Columna

De Los Reporteros

-Lo aprobado en la reforma constitucional electoral es para defender las “verdaderas candidaturas independiente” argumentan priistas; el PAN va con todo desde en CEN para impugnar los aprobado y MORENA le seguirá los pasos

-Temor entre fronterizos de que con incremento de ataques terroristas en diversas partes del mundo regresen las larguísimas horas de espera en los puentes internacionales, que en cierta medida ya se habían abatido

El debate público se centró ayer en el tema de las candidaturas independientes, luego de la aprobación el pasado lunes de la reforma constitucional electoral en la que se incluyó un mayor número de restricciones, destacando la limitación a quienes hayan militado en un partido político durante los últimos tres años.

Priistas, como el alcalde Enrique Serrano Escobar, expusieron que lo aprobado por el Congreso del Estado es precisamente para proteger “las verdaderas candidaturas independientes”, porque se da libertad de postularse a quienes no tienen oportunidad de hacerlo por medio de un partido.

El gobernador César Duarte comentó respecto de los supuestos candados impuestos a las candidaturas independientes: “No son candados. O son candidatos independientes o son representantes de partido, es nada más cuestión de esclarecer lo que es un candidato independiente”.

Uno de los principales argumentos de los tricolores es “qué fácil resultaría que después de un proceso interno de cualquier Instituto Político, aquel militante que no haya resultado triunfador, se pudiera postular como candidato independiente”.

Sin embargo, hay quienes desde la sociedad civil consideran que este argumento legislativo es absurdo. Señalan que de la simple lectura de esta prohibición constitucional se desprende una manifiesta violación a los derechos políticos de los chihuahuenses, dada cuenta que pretende excluir a determinados ciudadanos al establecer “calidades impuestas por la ley notoriamente irrazonables, discriminatorias, absurdas, desproporcionadas o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de ser votado”.

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Quienes ya anunciaron que van con todo para impugnar lo aprobado son los panistas. El diputado federal del PAN, Carlos Angulo Parra –secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encargada de hacer el dictamen de la Reforma Político-Electoral aprobada en 2013– advirtió que será el Comité Nacional de dicho partido quien interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en el caso de que sean promulgadas las modificaciones.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también dio a conocer ayer que impugnarán la reforma, porque es anticonstitucional, y exigirán consulta ciudadana por los candados a las candidaturas independientes, aumento de legisladores y porcentaje de votos mínimos para acceder al Congreso.

El PRD, mientras tanto, se limitó a culpar al Acción Nacional de querer desaparecer a los partidos con menor representación.

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Dos noticias recientes llevan a pensar en la posibilidad de que los tiempos de espera en las líneas de los puentes internacionales se pudieran incrementar como ocurrió luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001.

Primero, que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del sector de El Paso anunció ‘ajustes’ en las medidas de seguridad de los puertos de entrada a partir del próximo 4 de julio en prevención de un posible ataque terrorista.

Aunque las autoridades estadounidenses señalaron que sus agentes siempre están en continua vigilancia y operando a un alto nivel de alerta, lo cierto es que los recientes ataques en Túnez, Francia y Kuwait forzosamente llevan a tomar precauciones por parte de todas agencias de seguridad de ese país.

La otra noticia es el descubrimiento de unos artefactos explosivos en un coche estacionado afuera de una vivienda de la colonia Cerrada del Parque en esta ciudad que, aunque fueron descritos como de fabricación casera por el fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, éste mismo aseguró que de ser detonados podrían causar daños en un área de hasta 60 metros a la redonda.

Ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas ligaron una cosa con la otra de manera pública, pero seguramente comparten información para determinar el uso que darían a los explosivos las personas detenidas en relación con los mismos. Hasta ayer eran cuatro, dos hombres y una mujer adultos y un adolescente.

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Obviamente enchilados porque con la Fiesta del Triunfo que organizaron los priístas el pasado viernes en esta frontera les restregaron los resultados de la elección, los panistas exigen que el PRI transparente el gasto de ese evento, que fue pagado con recursos públicos.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortés, dijo que la comunidad debe conocer cómo hizo el Revolucionario Institucional para pagar el costo del concierto –estimado por ellos en al menos 5 millones de pesos–, entre artistas, logística, renta del lugar, y otros elementos.

Señaló que existen indicios de que el Gobierno Municipal participó en la organización de la fiesta tricolor, al poner a disposición del Revolucionario Institucional empleados y recursos materiales propiedad de la administración serranista, y ambas instancias tienen la obligación de transparentar todo alrededor de ese evento.

El PAN no descarta presentar una denuncia al respecto, porque consideran que el que usaran recursos públicos, como ellos aducen, es una burla del Municipio y del tricolor a la comunidad.

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Aunque está en la ley, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los maestros que tengan más de tres faltas injustificadas, ya sean consecutivas o salteadas en un mes, serán dados de baja.

Lo anterior determinaron los ministros en cuanto a la resolución 11 amparos promovidos por los docentes que se oponen a ser evaluados. Hasta el momento hay 26 recursos similares enlistados y ya se han resuelto 14.

Lo resuelto por el máximo tribunal de justicia es importante para eliminar a tanto y tanto maestro que se ampara en la protección que le da su pertenencia a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación –algunos casos, pero en menor proporción, también se presentan con afiliados al SNTE– en lugar de dejar que sean sus capacidades y su trabajo frente a grupo o en responsabilidades de otro tipo, lo que hable por ellos.

Las evaluaciones son pertinentes en cualquier ámbito laboral para determinar si la persona que ocupa determinado cargo está cumpliendo debidamente con las responsabilidades que le fueron conferidas. De lo contrario, se prescinde de sus servicios. En el sistema educativo no tiene por qué ser diferente y ya es hora de que no solo se avale la constitucionalidad de la obligación a que los maestros se sometan a exámenes que den certeza a las autoridades de que estos devengan el salario que se les paga al asistir regularmente a impartir clases.

Una cosa es lo que está en la ley, porque como dijimos al principio de este bloque, la sanción con despido a los profesores que tengan tres faltas injustificadas en un mes ya estaba contemplada. Otra cuestión es que las autoridades hagan cumplir la ley. Hasta ahora nos quedan debiendo en ese sentido.

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De llamar la atención la encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a petición del Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) para evaluar entre los derechohabientes la calidad de los servicios que presta esa institución de salud.

En términos generales el Seguro Social sale bien librado al arrojar el ejercicio estadístico que el 70 por ciento de los entrevistados consideran que el servicio que ofrece la institución es bueno, un 16 por ciento expuso que es regular y únicamente el 14 por ciento señaló que la atención que se ofrece en esa institución es mala.

Entre quienes consideran que el servicio es malo, los principales conceptos que tuvieron a bien comentar son maltrato y despotismo por parte del personal, suciedad en áreas de espera y desabasto de medicamentos, lo cual corresponde a las quejas que por lo general presentan ante los medios de comunicación y otras instancias. Además, claro, de casos específicos en los que los resultados de alguna intervención quirúrgica o tratamiento, fueron desfavorables para el paciente.

La encuesta realizada por la Dirección de Vinculación de la UACJ y participaron integrantes de los programas de Trabajo Social, Economía y Sociología, servirá para replantear los objetivos que se propusieron las mesas de trabajo que sostiene personal del IMSS y del sindicato de sus trabajadores con representantes de la Iniciativa Privada juarense, con la finalidad de atender las múltiples denuncias de falta de equipo y atención deficiente que hicieron derechohabientes y que en algunos de los casos llevaron incluso a paros laborales de médicos y anestesiólogos.

Los resultados de la encuesta generaron críticas entre lectores de El Diario Digital que, en su mayoría, consideran que no reflejan lo que realmente ocurre en esa institución, aunque hubo quienes se manifestaron a favor del Seguro Social.