Christopher

Francisco Ortiz Bello

La sociedad chihuahuense se estremeció hasta sus más profundos cimientos con el asesinato de un pequeño de 6 años de edad, Christopher Raymundo, del cual omitiré sus apellidos, aunque ya han sido ampliamente publicados y difundidos, como una manera respetuosa de honrar su dignidad aunque ya no viva. Un atroz hecho que hizo aflorar los mejores sentimientos escondidos en lo más recóndito de la conciencia social.
Los vecinos del Fraccionamiento Laderas de San Guillermo no imaginaban el trágico destino de Christopher, cuando iniciaron su búsqueda la noche del jueves 14 de mayo.
El pequeño jugaba en las afueras de su domicilio, como lo hacía todos los días  por lo que era ampliamente conocido entre los habitantes del sector, al punto que, en agosto del 2014, fue captado en las imágenes que grabó el vehículo de Google, que pasó por su calle tomando imágenes que después subió a la plataforma de Google Maps.
Hoy, si usted busca en Google Maps bajo las coordenadas @28.612157,-105.93397, porque irónicamente el Fraccionamiento Laderas de San Guillermo aún no aparece identificado con su nombre ni el de sus calles, en la visión de nivel de calle se puede ver claramente a Christopher jugando afuera de su casa en compañía de otro menor. Una imagen que, dramáticamente, quedará ahí para la posteridad recordando al pequeño.
Sus amigos lo recuerdan bien por sus juegos y su carácter alegre y desenfadado, sus familiares dicen que siempre estaba contento y dispuesto a ayudar, mientras que sus vecinos adultos platican que era un buen niño.
Sin embargo, nada de eso impidió que el pasado jueves alrededor de las 8 de la noche, un grupo de 5 adolescentes se lo llevaran de ahí, justo de las afueras de su domicilio, para “jugar” al secuestro llevándolo hasta el cauce de un arroyo de la colonia. Tres de esos adolescentes son primos hermanos de Christopher por el lado de la familia paterna. Son dos mujeres de 13 años, un varón de 11 años y dos de 15.
La mañana del sábado 16, El Diario y casi todos los medios de Chihuahua daban cuenta de la pesquisa que alertaba sobre la desaparición de Christopher, y urgía a la sociedad a su búsqueda.
Sin embargo, lo que era una esperanza de todos terminó siendo el más impactante hallazgo la mañana de ese mismo sábado. Alertados por la madre de uno de los adolescentes que participaron en los hechos, quien le confesó a su madre haber participado en el asesinato, los investigadores llegaron hasta el lugar donde habían enterrado a Christopher.
Hasta este momento, los nombres de todos los implicados, pese a estar plenamente identificados y totalmente acreditada su participación en el homicidio del infante, permanecen en reserva según lo ha dicho la autoridad investigadora, como parte de sus derechos por ser menores de edad.
No obstante, para Christopher ese derecho de nada valió, no le sirvió simplemente, porque además de que lo mataron de la manera más cruel y sanguinaria posible, su nombre y apellidos circularon desde el primer momento de su desaparición. Qué contradicciones de la Ley ¿no? Protege los derechos de los menores infractores, pero no el de los menores que son víctimas de delitos que contra ellos cometen otros menores con sus mismos derechos. Estúpidamente contradictorio.
Como ya ha sido una costumbre, de pésimos efectos, la FGE desde el inicio del caso le ha dado un tratamiento totalmente inadecuado en materia de información y comunicación a los medios, en un claro intento por “administrar” convenientemente el flujo informativo, así como datos o hechos significativamente relevantes del caso.
Sin embargo, ante la magnitud misma del hecho, ningún esfuerzo por ocultar información prosperó. Con un gran estupor nos fuimos enterando, poco a poco, de cómo lo que parecía un asesinato entre adolescentes, que podría haber sido accidental incluso, pasó a convertirse en la historia más aberrante, dantesca y horrible de la que cualquier ser humano sería capaz de soportar.
No abundaré aquí en detalles sobre lo ocurrido a Christopher, porque ni siquiera encuentro las palabras adecuadas para describir lo que debió haber sido aquello, y también para no echarle a perder a usted su día,  con un estremecedor relato de sangre.
Baste saber que, los cinco adolescentes mencionados –tres de ellos primos hermanos de Christopher- en algún momento del “juego” pasaron de la farsa a la realidad, lo asfixiaron mediante una varilla en el cuello, lo apedrearon, le cortaron los labios, le sacaron los ojos y lo apuñalearon en más de 25 ocasiones, para finalmente enterrarlo en una improvisada tumba que una de las mismas menores había cavado. Todo un festín de sangre que no imagino en adolescentes apenas, casi niños, además familiares de la víctima. ¡Espeluznante!
Por supuesto que el sólo hecho del crimen del menor, ya había horrorizado a la sociedad chihuahuense que, a través de las redes sociales, se manifestaba enardecida por lo ocurrido, pero, conforme fueron transcurriendo las horas y salieron a la luz pública los detalles del horrendo crimen, esa irritación social se tornó en un verdadero estado de shock emocional que muy pronto se tradujo en condenas a los padres de los menores, en reclamos a la autoridad y en expresiones de asombro e incredulidad ante lo ocurrido.
No obstante, para quienes pensaban que en este caso ya se había visto todo, el azoro y la sorpresa siguieron marcando los acontecimientos, primero, con la declaración de la autoridad señalando que sólo dos de los menores –los de 15 años de edad- podrían ser procesados judicialmente, y recibir eventualmente una condena privativa de libertad, si un juez los encontraba penalmente responsables del homicidio del pequeño Christopher.
Los otros tres, por tener entre 11 y 13 años de edad, no podrían siquiera permanecer detenidos, ya que la Ley de protección a niños, niñas y adolescentes lo impedía. Las dos  niñas de 13 años, apenas y podrían ser sujetas a algunas pequeñas sanciones más bien de orden social, y a recibir algún tipo de atención psicológica o clínica. El menor de 11 años, resulta totalmente inimputable penalmente, según la Ley, por ese delito sin importar la gravedad del mismo.
Este tema, el de los menores que quedarían prácticamente sin sanción, hizo que –de nueva cuenta- la opinión de la sociedad se volcara en condenas hacia la autoridad exigiendo la aplicación de la Ley como si fuesen adultos.
Pero no bien apenas se discutía ese punto, cuando otro elemento adicional llegó a exacerbar los ánimos sociales, la indeseada presencia de la conductora peruana Laura Bozzo, quien a través de su programa “El Show de Laura” en Televisa, pretendió tomar la defensa del caso, argumentando que exigiría que se hiciera justicia.
La reacción de los chihuahuenses fue prácticamente unánime rechazando enérgicamente la intervención de la conductora peruana (ella dice que es periodista pero ninguno de sus trabajos en televisión la acreditan como tal), argumentando que sólo vendría a hacer de esta historia, otro escándalo más como los que acostumbra presentar en su programa.
Pero las cosas no pararon ahí, El Diario Digital publicó el jueves 21, la nota  “Señorita Laura hace show en caso de niño asesinado”, en la que con información de mis compañeros Heriberto Barrientos, Jaime Armendáriz y Patricia Mayorga, se establece que “…fuentes de la Fiscalía General del Estado en la Zona Centro, dijeron haber escuchado que personal de Bozzo comentó que ofrecieron a la familia 500 mil pesos por cubrir la historia y asesorarla con abogados. Aparte, les pagarían los ‘sketch’, sin mencionar la cantidad.” Obviamente la irritación y el escándalo aumentaron.
Luego, la madre de Cristopher declararía que rechazaba el apoyo que le ofrecía Laura Bozzo y anunció una rueda de prensa en la que explicaría los motivos de este rechazo, así como la situación real del caso. La rueda de prensa no se realizó porque ella nunca llegó.
Vaya que el caso de Cristopher ha sido una sacudida mayúscula a la conciencia de la sociedad chihuahuense. Por un lado, el tema de los derechos de los menores infractores y su obligada responsabilidad en proporción a la gravedad de los delitos cometidos. No hay punto de comparación alguno entre el crimen cometido y una travesura de adolescentes, el crimen se cometió con todas las agravantes de la ley y de la forma más sanguinaria imaginable.
Por otro lado, la inexcusable responsabilidad de los padres de familia que, como tutores obligados, tenemos sobre los actos de nuestros hijos. Pero también la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, que se ha vuelto cada vez más permisiva a pequeñas alteraciones del orden y la convivencia social, en aras de una pluralidad y tolerancia más marcadas, pero que, a la larga, terminan siendo el caldo de cultivo perfecto para este tipo de conductas.
Y dentro de toda esta maraña de responsabilidades, también queda en entredicho el papel que juega la autoridad quien, ante las denuncias por delitos menores, no tiene la estructura ni la capacidad para identificar oportunamente conductas potencialmente destructivas, para activar políticas públicas de prevención (que tampoco las hay) en casos como éste.
El pequeño Christopher ya descansa en paz, pero su caso nos ha dejado una gran tarea a resolver en el corto plazo. Yo diría que más bien con urgencia.
O le entramos todos a la discusión y definición de temas como el de la justicia para menores, como el de medidas adecuadas de prevención social, como el de políticas públicas que regulen y potencien la responsabilidad paterna, o vamos derechito a la constitución de una sociedad en la que sólo privará la ley del más fuerte, del más violento, del más sanguinario. La autodestrucción.