La Columna

De Los Reporteros

-Desde su cama de hospital en el DF arroja Leyzaola bomba contras las policías estatal y municipal: afirma que sicario que le disparó le dijo que era un mensaje del director operativo de la SSPM

-Debe presentar denuncia para que se investiguen sus señalamientos, dice el alcalde Serrano. No rindió declaración ante el MP por su estado de salud: FGE

-Diputados federales actuales no representan un aval para quienes, desde sus mismos partidos, pretenden relevarlos en sus cargos

Las primeras declaraciones que ofrece el ex secretario de Seguridad Pública Municipal Julián Leyzaola Pérez son una verdadera bomba que pone en entredicho a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado.

En entrevista que brindó al semanario Zeta de Tijuana, el militar con licencia dice que antes de dispararle, el sicario –Jesús Antonio Castañeda Álvarez– le dijo: “Es un mensaje del dire Reyes”. Se refiere a Jesús Antonio Reyes Ramírez, director operativo de la Policía Municipal, un oficial al que Leyzaola corrió de la corporación, según sus propias palabras, porque descubrió que estaba coludido con la pandilla de Los Aztecas.

No solo eso, dice que cuando ya lo había separado del cargo, supo que estaban por contratarlo en la Fiscalía General del Estado y habló con las autoridades estatales para decirles que no lo contrataran. En lugar de seguir su recomendación, señala, lo ingresaron a sus filas y cuando Leyzaola dejó la SSPM lo regresaron y lo nombraron director operativo.

Entrevistado por Los Reporteros, Jesús Antonio Reyes Ramírez se dijo sorprendido y negó cualquier relación con el atentado a su ex jefe. Aseguró que se trata de un intento por desprestigiar la corporación, porque “yo la única orden que di fue de protegerlo a él y a su familia”.

Dijo que trabajó de cerca con Leyzaola en sectorización del Distrito Centro, y fue una relación laboral buena, de resultados, como los que ha obtenido en todos los cargos que ha desempeñado en sus 11 años de carrera policial. Pero optó por retirarse, apuntó, por las cuestiones de abusos que se estaban generando y de las que no quiso ser parte. Luego, realizó todo el proceso administrativo para enlistarse en la Fiscalía General del Estado. Actualmente estudia una maestría y señala que ha aprobado todos los exámenes de confianza y evaluaciones. “Por eso estoy aquí”, expuso.

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Si los señalamientos de Leyzaola en contra de Reyes y los que hace éste en sentido contrario son delicados, las declaraciones del ex militar en cuanto a la posible colusión de las autoridades municipales y estatales para no avanzar en la investigación del atentado en su contra son todavía más graves.

En primer lugar, señala que el día en que fue atacado sintió que lo estaban siguiendo patrullas de la Policía Estatal Preventiva (antes Cipol). Y explica cómo se topó con varias durante su trayecto de una plaza comercial a la casa de cambio en la que sucedieron los hechos, lo cual le pareció extraño.

Luego expone que el Ministerio Público nunca fue a tomarle declaración. Además, hace énfasis en la versión que dio a conocer el Fiscal General del Estado respecto de que se trataba de un problema personal entre él y su agresor.

Cuando la reportera le pregunta: “Entonces, la gente que está ahorita en la Procuraduría, ¿es de confianza o no es de confianza? Responde: “No, claro que no. Nada de confianza, completamente”. La entrevistadora le insiste: “¿Entonces no tiene confianza de que se haga justicia en Chihuahua?”. Fue directo: “No. Definitivamente”.

Las reacciones no se hicieron esperar. El fiscal a cargo de la investigación del caso dijo que Leyzaola Pérez no declaró ante el Ministerio Público del fuero común debido a su estado de salud y no por otros motivos.

Mientras, el alcalde Enrique Serrano Escobar señaló que el teniente coronel debe presentar una declaración formal ante la Fiscalía General del Estado por las acusaciones que vertió en contra del director operativo de la Policía Municipal Jesús Antonio Reyes. Expuso que su administración nunca recibió una advertencia sobre antecedentes de ningún jefe policiaco, y comentó que no se puede hacer una acusación nada más a través de la prensa sino que se debe actuar a partir de denuncias ante autoridades competentes.

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Quienes definitivamente no son un buen referente para que los electores puedan decidir si refrendar el voto a candidatos de los partidos que actualmente representan a los juarenses en el Congreso federal, son los actuales diputados federales.

Los resultados de la encuesta elaborada por la empresa Confirme a solicitud de El Diario dio como resultado una evaluación negativa por parte de los juarenses para los legisladores de los cuatro distritos con sede en esta ciudad.

El mejor posicionado de los cuatro es Luis Murguía Lardizábal, del PRI y representante de distrito 04, quien sin embargo sólo recibió 22 por ciento de respuestas positivas en relación a su trabajo legislativo; le sigue la también tricolor Adriana Fuentes Téllez, del Distrito 01, con 14.8 por ciento de respuestas positivas; Carlos Angulo, legislador del PAN por el Distrito 03, con 7.3 por ciento, e Ignacio Duarte, priista del Distrito 02, con sólo 5.9 por ciento de respuestas positivas. Ni como ponerlos de ejemplo para jalar votantes.

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Otro tema que generó revuelo fue el de los honorarios que percibe el director del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) Ricardo Rodríguez Rodríguez. Mientras que algunos integrantes de ese organismo critican esa situación por considerar que lo que se eroga en pagarle es más oneroso que algunos de los programas que han financiado desde esa plataforma, otros señalan el monto de sus estipendios es muy relativo, consideran que Rodríguez tiene uno competitivo por el justo balance con su talento.

El alcalde Enrique Serrano Escobar, quien oficialmente recibe menos en salario y bonos que el director del Ficosec, prefirió militarse a decir que es un organismo no gubernamental y como tal que deberá resolver sus propios asuntos. Pero no debe olvidar que ese salario se paga con recursos públicos y, por tanto, debe sujetarse a los parámetros que se manejan en el sector público, no en el privado.

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El que ayer fue despedido con todos los honores por las autoridades municipales y representantes de los diferentes sectores de la comunidad juarense fue el cónsul estadounidense Ian Brownlee. Recibió del alcalde Enrique Serrano un reconocimiento por el apoyo que brindó a esta ciudad, sobre todo en cuanto a la difusión de una mejor imagen desde su cargo diplomático. Brownlee encabezará desde junio una oficina para asuntos diplomáticos en Centroamérica en Washington. No se ha informado quien llegará a sustituirlo.

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En cuanto a los embargos a viviendas por supuestos adeudos de predial, que abogados aseguran se realizan, en muchos de los casos, de manera irregular, funcionarios de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, señalados como responsables de esas triquiñuelas, aseguran que nada tienen que ver con esos casos.

Afirman que todos esos procedimientos los realiza personal de un despacho privado, contratado exprofeso por la Tesorería Municipal, a cargo de José Miguel Orta Vélez, y es a ellos a quienes se tiene que investigar.

Ya sea personal de la Presidencia o perteneciente a una empresa privada, el caso es que se trata de un tema que si no se atiende a la brevedad, le explotará al alcalde en las manos.

Son varios los casos de personas que se están dando cuenta que sus viviendas fueron embargadas, pero ellos nunca fueron notificados de procedimientos jurídico-administrativos. Se percataron de la situación al intentar realizar trámites en los que debían presentar documentos de propiedad de sus casas y encontraron que están a nombre del Municipio, del Infonavit o de particulares. Así las cosas.

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En Recaudación de Rentas ya implementaron algunas acciones para evitar robos o desfalcos como los descubiertos recientemente. El personal que atiende las cajas y maneja efectivo será rotado de manera constante con la finalidad de inhibir vicios que degeneren en la comisión de irregularidades como la desviación de los dineros que ingresan a esa dependencia y que, por lo menos, representan una afectación de alrededor de 6 millones de pesos.

Las primeras investigaciones arrojaron que en el segundo caso detectado, en el que se ignora el destino de aproximadamente 750 mil pesos, la sustracción de los fondos se hizo de manera hormiga, es decir, poco a poco, en cantidades que no llamaban la atención, pero cuya sumatoria sí representa un detrimento importante.