Diputados de temporal

Luis Javier Valero Flores

Podrá o no reconocerlo la élite política del país, pero estamos inmersos en una profunda crisis. En ella se encuentra el sistema de representación política y, obviamente, el de los partidos políticos. En particular, la vigencia de los órganos legislativos, tal y como están ahora, en cada elección de mitad de sexenio se pone a prueba la poca importancia concedida por la mayoría de la población a estos puestos de elección popular.

No es casualidad que en cada estudio demoscópico que se realiza los diputados emergen como uno de los segmentos de la población con los más bajos niveles de credibilidad.

¿Cómo no va a suceder eso si mensualmente, gracias a la internet y las redes sociales, una buena parte de la sociedad se entera de algún escándalo o de algún hecho desafortunado cometido por un diputado, o por un grupo de ellos?

La sostenida disminución del poder adquisitivo del salario en todo el país y los bajos niveles salariales se han convertido en el mejor mecanismo para profundizar la enorme desigualdad social.

Chihuahua no escapa a tal realidad. Casi 7 de cada 10 trabajadores de la economía formal apenas ganan 6 mil 100 pesos al mes, o menos (4 de cada 10 tienen ingresos de 3 mil 600).

Esa realidad es la que choca con la vivida por los legisladores, cuyos ingresos superan –en casi todas las entidades, incluidos los federales– los 70 mil pesos, más un conjunto de prebendas a cual más de ofensivas a la mayoría de los mexicanos.

Para prueba un botón.

El martes se dio a conocer que los actuales diputados federales, todos, recibieron 58 mil pesos extras. Deben usarlos “como apoyo” para la presentación de sus respectivos informes legislativos.

Se los entregaron con anticipación porque “en la práctica ya se terminó la actual legislatura”, informaron fuentes de la Cámara de Diputados. (Reforma, 12/V/15).

El problema es que ninguno de ellos tiene la obligación de justificar la real aplicación de esos recursos y tampoco la presentación de los informes legislativos. Hagan de cuenta que se los regaló su mamá.

No son los únicos dineros que gastan de ese modo.

Bueno, pero la pregunta que salta a la vista es simple: ¿Necesitamos a los diputados? A pesar de nuestras fobias, la respuesta es obvia: Sí, pero otros, o bajo una nuevo esquema jurídico.

¿Necesita el país –y las entidades– estar revisando constantemente el marco jurídico-legal? ¿Pues qué acaso no presumen –los pertenecientes a la casta política– que contamos con un aceptable Estado de Derecho? ¿Necesitamos diputados de tiempo completo, todo el año? ¿Para qué?

Si se hiciera una revisión del tiempo efectivo de trabajo de los legisladores, llegaríamos a la conclusión que es mínimo; son más las tareas partidarias, las relacionadas con sus negocios y sus ascensos políticos en las que emplean el tiempo pagado por la sociedad.

Y no se diga de los tiempos de campañas electorales, hasta los designan responsables de zonas territoriales, distritos y municipios.

Sólo que lo hacen, dicen, en tiempos que no son de “trabajo”.

¡Ah, y además les proporcionamos recursos y vehículos “para que regresen a sus distritos”! ¡Puros cuentos!

Y para justificar la beca que reciben –becota– presentan –algunos– iniciativas de lo más diverso, o propuestas de pronunciamientos (que nadie toma en cuenta y que la sociedad ni siquiera se entera de ellos), y para aparentar que efectivamente trabajan como diputados se han esmerado en pulir los mecanismos para obligarlos a presentarse a las sesiones.

Y ahí los tenemos “muy bien portaditos”. ¿Pero qué hacen en las sesiones?

Pues todo… y nada. Hay que dejar pasar el tiempo mientras alguno de los legisladores lee documentos que a nadie le importan y que, en el mejor de los casos, deberán transferirse a los asesores de los grupos parlamentarios.

¿Por qué no cambiar todo eso y que las Cámaras sólo sesionen 1 o 2 meses al año, para resolver asuntos que necesitan de su atención permanente –presupuesto, cuentas públicas, informes del Poder Ejecutivo, etc.– así como la presentación de iniciativas de ley –nuevas o reformas sobre las existentes– que verdaderamente sean necesarias.

Esa reforma implicaría que los legisladores recibirían estipendios moderados, semejantes a los recibidos por profesionistas de alto nivel, con el incentivo que, en el caso de ser empleados o funcionarios de empresas privadas, se les otorgaran las facilidades necesarias para ejercer sus funciones (claro, todo esto regulado por las leyes) y de ese modo podríamos contar con legisladores más apegados a la realidad cotidiana y no, como ahora sucede, que en cuanto algún ciudadano se convierte en diputado, de inmediato ingresa a la élite dorada de la clase política, con su caudal de beneficios y se olvida de los electores que lo llevaron allá.

Por esa vía podríamos recuperar, para la sociedad, la representación ciudadana… por ciudadanos y no, como ahora, de miembros de la clase política que, como lo constatamos a diario, están muy alejados del resto de la sociedad. Pero muy lejos.

Sí los necesitamos, pero de temporal, nos saldrían menos caros.