Francisco Ortiz Bello
2015-05-02
La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, son tres derechos consagrados en la constitución mexicana como baluarte de nuestra sociedad, y de nuestro sistema político. Ninguna democracia se puede entender sin estos tres valores porque, los tres en conjunto, le brindan al ciudadano la posibilidad de obtener la información que requiera y la libertad absoluta de expresar lo que piensa, proceso en el que la prensa –y la correspondiente libertad de prensa- juega un papel fundamental.
Para poner un poco en contexto de lo que hablo, va la siguiente información. De acuerdo con la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
La CNDH establece que todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas. Sin embargo precisa que, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.
Los ciudadanos mexicanos gozamos de Garantías Individuales, es decir derechos fundamentales -o de primera generación- de acuerdo a la constitución que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad, tan sólo por el hecho de ser mexicanos, es decir, sin que medie ninguna clase de condicionamiento para ello.
Los derechos fundamentales, individuales o humanos, conocidos genéricamente como: “Garantías Individuales” comprenden un total de 29 artículos de distinta índole, los primeros 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos circunscritos a los derechos que, como ciudadanos mexicanos, tenemos dentro del territorio nacional, y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional, el cúmulo de artículos está encaminado a salvaguardar la soberanía nacional e individual.
Así pues, los mexicanos, tan sólo por el hecho de serlo, tenemos derecho a que, mediante la libertad de prensa, nos llegue información que luego servirá para forjar libremente nuestro pensamiento, y para expresar, también con entera libertad ese pensamiento.
En las democracias, estas libertades sirven también para que los ciudadanos tomen las decisiones que consideren pertinentes acerca de sus gobiernos, de sus sistemas de gobierno, de sus políticos y sobre los partidos a los que éstos últimos pertenecen.
Esa es la trascendencia de estos derechos fundamentales de los mexicanos, también conocidos como Garantías Individuales. Derechos que son similares en otros países más desarrollados tanto política, social como económicamente, así como en acuerdos o tratados mundiales sobre los Derechos Humanos.
Es por ello que no se exagera ni un ápice cuando se exige a la autoridad que, en estricto cumplimiento a su obligación de garantizar cualquiera de estos derechos, brinde a los periodistas, como generadores de información, todas las facilidades para el ejercicio de su función, no como un signo de privilegio especial o de trato diferenciado, sino como una acción natural para quien trabaja con la información como materia prima.
Información que luego será publicada para que la sociedad la reciba y actúe en consecuencia. Estas facilidades al trabajo periodístico de ninguna manera son una concesión graciosa del Estado mexicano, ni un trato especial o extraordinario, ni privilegio alguno, es sólo cumplir con una obligación que le mandata nuestra constitución: garantizar el derecho a la información.
La información no es propiedad del Estado, ni del gobierno, ni de los medios de comunicación siquiera, la información es propiedad de la sociedad. El periodista sólo la recoge, la codifica y la publica.
Por todo lo anterior resulta inaceptable, además de totalmente cuestionable, que autoridades judiciales favorezcan con sus sentencias cualquier acto tendiente a castigar el ejercicio de alguno de estos derechos, o a dejar sin castigo a quien impide que alguno de ellos, o los tres, se ejecuten.
Es por eso que, recientemente, causó sorpresa e indignación entre sectores sociales, la sentencia de un tribunal federal que exoneró de cargos, a un policía municipal que agredió a un reportero de esta casa editorial. Insisto, no porque reclamemos inmunidades los periodistas, sino porque se trata de garantizar el ejercicio de la profesión, porque así se los marca la Ley. Y se trata de derechos fundamentales para la sociedad y para los mexicanos.
De acuerdo con la información publicada en El Diario, un Tribunal de Juicio Oral dictó el pasado jueves un fallo absolutorio al agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), acusado de los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza pública en perjuicio del reportero de El Diario, Joel Edgardo González Palacios, en hechos que se registraron en febrero del 2012.
La juez Claudia Domínguez Curiel, concluyó que con las pruebas presentadas por el Ministerio Público del fuero común no se acreditaron los elementos que conforman los tipos penales de abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza pública, por parte del policía identificado como Ángel Omar Domínguez Alcántara.
No obstante que, además de las pruebas presentadas, diversos medios de comunicación documentaron el hecho y lo publicaron en su momento, la jueza consideró que no había elementos suficientes para encontrar culpable al policía.
Cuando una autoridad judicial valida un acto en el que se violenta la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información, la víctima de esta violación no es solo el reportero o el periodista agredido físicamente, en realidad la agresión es contra la sociedad entera, porque se vulnera gravemente su derecho a ser informada, a enterarse de la realidad y a formarse una libre opinión de la misma.
A este respecto, Salvador De León Vázquez, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes e investigador del área de estudios de la Comunicación, dijo que con estas decisiones se envía un mal mensaje a la sociedad, porque “El mensaje es que a los periodistas se les puede agredir y finalmente no pasa nada”.
En este mismo sentido, la Red de Periodistas de Juárez (RPJ) manifestó que el fallo emitido por la juez enciende un foco rojo no sólo como periodistas, sino como ciudadanos en general. “Porque creemos que con este fallo se mantienen los espacios abiertos para la comisión de excesos, agresiones y abusos de autoridad por parte de los agentes policiacos”, dijeron representantes de la Red.
Por su parte, Francisco Cabrera, quien es presidente de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez (SPYC), afirmó que el caso se trata efectivamente de un abuso de autoridad, porque el agente absuelto amenazó de muerte al reportero, según lo que él declaró.
“Creo que este tipo de situaciones no se deben permitir, ni se deben seguir dando, menos cuando se trata de un agente que debe salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos”, dijo Cabrera a El Diario.
En la nota periodística del jueves, Roberto Delgado, presidente de la Asociación de Periodistas de Juárez (APCJ) aseguró a este medio que ese fallo es un retroceso en cuanto al tema judicial, “los argumentos que está dando la juez para dar esa resolución, creo que no son los adecuados y no abonan en nada a lo que es el trabajo periodístico”.
En resumen, estamos ante una clara impunidad generada desde la autoridad, en la que quienes salen perdiendo más, son los mismos ciudadanos, porque privilegia y permite el uso de la fuerza excesiva e injustificada, contra miembros de la prensa en el desarrollo de su trabajo.
Condenamos enérgicamente estos hechos y exigimos que se castigue a los jueces que, debiendo aplicar la Ley en favor de la sociedad, tutelando siempre sus derechos fundamentales, claramente se pronuncian con sus sentencias por un Estado represor y manipulador de la información.