Elite política desquiciada

Luis Javier Valero

Inmersos en sus pretensiones de evitar a como dé lugar la descalificación de los opositores, el descubrimiento de nuevas corruptelas, la aparición de los verdaderos debates y de modificar el obsoleto sistema de partidos políticos; espantados ante la posibilidad de que la sociedad supere la partidocracia existente; también ante la explosividad de las redes sociales, del modo en que esta difusión ha rebasado a los medios de comunicación tradicionales y del activismo político-social de millones de personas, las élites partidistas (PRI, PAN y PRD) resolvieron aprobar infinidad de reformas, en todos los ámbitos, que van en el camino de centralizar la vida político-social del país.

No se trata solamente de aspectos como el de la desaparición de los organismos electorales estatales, o de la centralización de la nómina magisterial, sino también todo lo referente a la transparencia, al acceso a la información pública y al de la impartición de justicia sino también el de evitar que la ciudadanía pudiera incidir en el rumbo de las contiendas electorales, o que las denuncias de la sociedad sobre las corruptelas formaran parte del debate en las campañas electorales y que, como producto de ese conocimiento, de manera natural, como se hace en las democracias desarrolladas, ciudadanos en lo particular, o grupos emergidos de ella, pudieran llamar a no votar por determinados candidatos.

Por ello, aprobaron una de las cosas más absurdas de que tenga memoria el escribiente: Establecieron sanciones económicas de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses hasta tres años a quien llame a no votar por algún candidato, o que llame a no votar, en lo que es una de las peores aberraciones en materia de derechos humanos (salvo, por supuesto, los ataques a la persona) pues atenta contra varios de ellos garantizados, no sólo por la legislación mexicana, sino también de acuerdo con todos los tratados firmados por el país en los últimos 40 años.

Ahora resulta que si un determinado candidato(a) tiene un historial, ya no delictivo o presuntamente delictivo, sino simplemente negativo a los ojos de un ciudadano, o de un grupo, estará penado si alguien llama a que no voten por él.

Vayamos a los hechos concretos, a las experiencias previas.

Me refiero sólo a los más conocidos de los últimos años. La priista Martha Laguette era regidora del municipio capitalino; antes del término de su encargo buscó ser candidata a diputada local; lo logró. Tres años después, sin terminar su encargo en la legislatura local, buscó la candidatura de su partido a la presidencia municipal. Se convirtió en la abanderada del PRI en 2004. Perdió, si no quién sabe qué hubiera pasado tres años más tarde.

Desde el punto de vista democrático ¿A poco no era válido llamar a que no votaran por ella, simplemente por el hecho de no terminar ningún encargo ciudadano?

Igual ocurrió con Carlos Borruel. Su historia fue la misma en la regiduría; en la diputación, luego ganó la Presidencia municipal. No terminó ninguno de esos encargos; en el último buscó la gubernatura. Igual, ¿de veras no era válido llamar a no votar por él, por ese solo argumento, dejemos fuera la de las presunciones delictivas?

Otro ejemplo, de los momentos actuales. Vamos suponiendo que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, busque ser presidente de la República, a pesar del episodio de la mansión de Malinalco, comprada (bueno, es un decir) a la mitad de la tasa de interés del mercado al principal contratista del gobierno del Estado de México, de cuando fue Secretario de Finanzas ¿A poco no sería, hasta éticamente correcto, desde el punto de vista de la moral pública, llamar a no votar por él?

Vamos, ¿cómo podría aplicarse una sanción penal a quien le solicitara al PRI, su partido, que no lo ungiera como candidato de esa y cualquier otra contienda electoral? ¿O que se incluyera en esos llamados a los diputados del PAN, sorprendidos en la fiesta teibolera celebrada en Vallarta; o al Director de Conagua David Korenfield, a quien le deleita vacacionar usando los vehículos oficiales, tal y como lo hace, también, Videgaray?

No se coincide con el poeta Javier Sicilia, quien encabeza un movimiento social que ha llamado a no votar por ningún candidato, pero ¿bajo qué argumentos democráticos se le puede negar a los ciudadanos ese derecho, semejante al de las manifestaciones argentinas de hace unas décadas? –¡¡¡Que se vayan todos (los políticos)!!!

¿O que en estos momentos, dada la falta de sensibilidad política –dejemos fuera la presunción de enriquecimiento ilícito– del dirigente nacional priista, César Camacho, al ostentar sus carísimos relojes (es tan solo un hobby, dijo) en un país en el que la mitad de la población está en la pobreza y pobreza extrema?

¿Por qué no se puede llamar a no votar por éstos y otros personajes de la política mexicana?

¿Por qué no podría Jaime García Chávez llamar a no votar por el candidato del PRI, Carlos Hermosillo, como lo ha hecho, pues lo ha denunciado por la presunta comisión de varios delitos, más allá de la coincidencia o la discrepancia con ese hecho?

Ojalá no se le ocurra a alguien intentar tal despropósito.

Y en el peor de los casos, de darse tal eventualidad, podría iniciarse otra vertiente de la lucha societaria, la de rescatar derechos elementales como  el ahora mencionado.