LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Habíamos informado en este espacio que el ex alcalde Héctor “Teto” Murguía Lardizábal sería designado como presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en esta frontera en sustitución de Fernando Uriarte Zazueta, quien contenderá por una diputación federal en el Distrito 04. Pues resulta que los vuelos de “Teto” van más alto.
Dicen que es cuestión de horas, que de hoy no pasa para que le tomen protesta como presidente pero de la Junta Central de Agua y Saneamiento, esto es a nivel estatal, en sustitución de Carlos Daniel Alonso Guzmán.
Comentan que mejor espacio no podía tener para continuar su proyecto para alcanzar la postulación del PRI a la gubernatura en 2016, por la libertad de movimiento que le da esa posición y conociendo su hiperactivismo, pues no se puede más que coincidir.
Por cierto, quien se queda con el hueso de la presidencia en la JMAS local es Javier González Mocken, presidente municipal suplente, por lo que se trata de una posición del alcalde Enrique Serrano Escobar ¿para dar balance al nombramiento de Murguía? A pesar de lo obvio, queremos insistir en que es pregunta. La respuesta se la dejamos al tiempo.

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El único aspirante con autorización para continuar en el proceso para convertirse en candidato independiente a una diputación federal, Sergio Rivera Figueroa, inició ayer formalmente la obtención de firmas de apoyo ciudadano en el interior de un centro comercial.
Aunque las cantidades de rúbricas necesarias no parecen muy altas –corresponden al 2 por ciento de los ciudadanos que se encuentran inscritos en la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del 2014– la realidad es que hasta que se empieza a trabajar en colectarlas, se sabe que no es tarea fácil. Debe recaudar en su caso, entre los ciudadanos con credencial de elector vigente en el Distrito 03, un total de 4 mil 692 rúbricas.

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A pesar de que 900 agentes de la Secretaría de seguridad Pública Municipal se inscribieron ya en los dos módulos instalados en las estaciones de Policía para tener derecho a hacer uso de las instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedafam), ubicado en Parque Central Oriente, hasta ayer ese lugar permanecía en desuso.
No obstante que fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto desde el miércoles pasado y de que las autoridades locales habían informado que estaba listo para entrar en operaciones desde el pasado mes de septiembre, hasta ayer todavía estaba cerrado.
Desde el jueves, un día después de la visita presidencial, mucho agentes se acercaron a preguntar de qué manera podían ingresar ellos y sus familiares, pero hasta ayer no les habían informado al respecto. Lo único que han informado las autoridades es que cada elemento en activo deberá pagar 90 pesos mensuales, que le serán descontados vía nómina y han estado registrando a los agentes, pero aunque las autoridades insisten en que están listas las instalaciones, continúan cerradas

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Otro de los puntos abordados durante la visita presidencial sigue en suspenso. Se trata de la conformación de la mesa interinstitucional para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura para Juárez.
Hasta ayer ni los organismos de la sociedad civil ni instancia alguna de Gobierno sabía a ciencia cierta cómo dar inicio al trabajo ejecutivo, por lo que no hay una fecha tentativa para iniciar las acciones tendientes a destrabar los 13 puntos que requiere con mayor urgencia la ciudad y que le fueron planteados al titular del Ejecutivo federal durante su estancia en esta frontera.
Trascendió que el alcalde Serrano acudirá esta semana al Distrito Federal con la finalidad de aterrizar con instancias del Gobierno de la República precisamente la integración y la logística de la mesa interinstitucional.
Habrá que esperar que ese mecanismo avance a la brevedad posible porque de lo contrario pasarán los 6 meses que ofreció el presidente Peña Nieto para regresar a Juárez a revisar los avances alcanzados. El tiempo corre demasiado rápido y no se pueden desperdiciar oportunidades como la planteada por el mandatario.

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A medida que avanzan los días desde que se dio a conocer el problema que viven los habitantes del fraccionamiento Rinconada Los Nogales de la ciudad de Chihuahua, ha venido creciendo la preocupación del Gobierno por el hecho de que le adjudiquen la responsabilidad de una bronca que tuvo su origen en anteriores administraciones.
Por tal motivo, el gobernador Duarte pidió a su consejero jurídico estrella, Mario Trevizo, escudriñar el origen legal del predio en Ávalos, sobre todo los terrenos del fraccionamiento en cuestión, en el que se construyeron mil quinientas viviendas y los residentes de éstas, especialmente niños, presentan problemas de salud por causas asociadas a niveles altos de plomo y otros metales pesados en la sangre.
El predio de 466 hectáreas que pertenecía a Industrial Minera México fue adquirido en 2003, a finales de la administración de Patricio Martínez, a través del Fideicomiso Número 024030-9 del Gobierno del Estado, por una cantidad de 365 millones de pesos. Patricio lo reconoce y defiende esa compra como una acertadísima decisión de su administración.
En ese polígono, los últimos tres gobiernos han construido instalaciones importantes: el estadio de béisbol y el velódromo, levantados por la administración de Patricio; el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), la deportiva Sur y buena parte del hospital Infantil que hizo Reyes Baeza; César Duarte terminó el hospital, construyó la terminal sur del Vivebús, el nuevo palenque e instalaciones para la feria Santa Rita. Ahí está esa infraestructura ahora forma parte del patrimonio de la ciudad, excelente.
El predio causa de la polémica es contiguo a los terrenos de la fundidora, son 20 hectáreas que Arturo Hernández, propietario del hotel Soberano, vendió también al Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Vivienda, hoy Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvis). Esa compra quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el tres de junio de 2003, también durante la administración de Patricio Martínez, siendo director del IVI Ramiro Arroyo ¿Lo recuerda? Uno de los tres pilares del famoso triángulo dorado.
Arroyo tramitó inmediatamente el cambio de uso de suelo, de industrial a habitacional, que le fue concedido por el Cabildo presidido por Alejandro Cano, especificado en un oficio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, fechado el diez de agosto de 2014, un par de meses antes de que Patricio entregase el Gobierno.
Pero el IVI de Ramiro Arroyo construyó sin que el cambio de uso de suelo estuviese actualizado, la primera etapa de Rinconadas dejó avanzada la segunda, que terminó de construir el IVI de Reyes Baeza, siendo director Antonio Peña. También en esta administración construyeron la tercera etapa y cancelaron una cuarta, que estaba prevista.
Que nadie venga a decir a los chihuahuenses “yo no fui”, a pedirles que miren a otro lado. En la administración de Patricio fue adquirido el predio de ese fraccionamiento, cambiado el uso de suelo e iniciada la construcción de los pies de casa, fraccionamiento que después cerró Toño Peña en su tercera y última etapa.
El trabajo para Mario Trevizo está fácil, los documentos están muy frescos, aunque también debería investigar omisiones sobre el predio de Ávalos, las 466 hectáreas, dado que el contrato de compraventa establece que el mismo fideicomiso asumía la responsabilidad y manejo de los residuos peligrosos, así como los trabajos de “remediación” de la superficie adquirida.
Con ese concepto, “remediar”, el Gobierno del Estado se comprometía a limpiar el suelo ¿Lo hicieron? ¿Hubo comisiones para algún funcionario en esa compraventa? Son interrogantes que debe contemplar la investigación de Trevizo.
El problema de Ávalos es de salud, no de terrenos colindantes, tampoco de deslindes políticos o administrativos. Lo primero que se debe hacer, y eso compete por entero a la presente administración estatal, es atender a los niños que presentan deficiencias de salud por el caso del plomo, definir con claridad el tamaño del problema, acotarlo y ofrecer tratamiento gratuito a esos menores. Las administraciones cambian, el Gobierno es uno, no porque todo empezó con Patricio, deban deslindarse las actuales administraciones, la primera responsabilidad es con esa gente.
Si efectivamente queda comprobado que los niños o sus padres presentan severo debilitamiento de su salud a causa de vivir en esos terrenos, la segunda responsabilidad del Gobierno es reubicarlos –también de forma gratuita– en terrenos seguros. Posibles demandas de los perjudicados podrían llegar y entonces sí, que se abran carpetas de investigación y hagan deslinde de responsabilidades de acuerdo a la ley, que vayan por los responsables. Eso sería lo correcto, pero como usted sabe, el concepto de “correcto” no forma parte del vocabulario gubernamental mexicano.